La organización parapolicial fue la punta de lanza para crear el clima de caos que los ideólogos de la dictadura necesitaban para justificar el derrocamiento del Gobierno.
El 6 de julio de 1975, el diario La Opinión, fundado y dirigido por Jacobo Timerman, publicó una nota firmada por Heriberto Kahn que daba cuenta de una denuncia que tenía origen en el Jefe de Estado Mayor Conjunto de ese momento, Jorge Rafael Videla, y había elevado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, en abril de ese año, una carpeta con detalles escalofriantes sobre el accionar de la Triple A. La misma carpeta fue entregada a la entonces Presidenta por el titular del radicalismo, Ricardo Balbín. Unos días después, el 11 de julio, Miguel Radrizzani Goñi presentaba una denuncia ante los tribunales en los que señalaba a José López Rega –por entonces, Ministro de Bienestar Social y Secretario Privado de la Presidencia de la Nación–, al comisario Rodolfo Eduardo Almirón –jefe de la custodia presidencial– y al comisario Juan Ramón Morales –jefe de Custodia del Ministerio de Bienestar Social– como jefes de la Triple A. La denuncia estaba basada en la nota de Kahn.
Antes de ir a los hechos, tremendos, vale la pena detenerse en el laberinto de relaciones. Videla era el jefe militar de la conspiración que se convertiría en el baño de sangre con 30.000 desaparecidos y denunciaba a la banda criminal que actuaba por entonces con apoyo de sectores militares en todo el país. Kahn escribía en el diario de Timerman, quien luego sería víctima de la dictadura pero que mantenía buenas relaciones con Videla y que apoyó el golpe del 24 de marzo de 1976. Kahn era periodista político y miembro del Servicio de Inteligencia de Ejército. Radrizzani Goñi era un abogado defensor de presos políticos. Almirón y Morales eran dos oficiales de la Policía Federal echados por lúmpenes y mafiosos y reintegrados por López Rega en 1974, que de cabo pasó a comisario general gracias a haber sido secretario privado de Juan Domingo Perón durante años en su exilio madrileño.
Los hechos se sucedieron vertiginosamente. La Justicia libró una orden de allanamiento en la Quinta de Olivos y encomendó la tarea al coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos, encargado de la custodia presidencial. La descripción de lo que fue la búsqueda de esbirros y armas de la Triple A, más el intento de varios de ellos de entrar a la quinta Presidencial, fue escrita de modo brillante, por supuesto, por Heriberto Kahn. En cuestión de días fueron libradas las órdenes de captura contra López Rega, Almirón y Morales, quienes emprendieron veloz viaje hacia España, donde tenían algunos vínculos con la derecha franquista. María Estela Martínez de Perón le otorgó a López Rega un placé de embajador plenipotenciario. Eludió la Justicia mientras pudo, al igual que Morales y Almirón. Los tres están muertos pero la causa de la Triple A está viva y en manos del juez Federal Norberto Oyarbide. Muchos familiares de las víctimas de esa organización parapolicial quieren que no queden impunes esos crímenes.
Un poco de historia. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 fue encabezado por el general nacionalista –de ultraderecha– José Félix Uriburu. Buena parte de la clase media quería desterrar al Peludo, que no era otro que el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Al tiempo, la oligarquía colocaba al general retirado Agustín Pedro Justo al frente del gobierno del fraude patriótico, con participación de radicales antipersonalistas, socialistas y demócratas. Es decir, los fascistas cumplían el primer ciclo, a caballo de una cierta o inventada indignación de sectores medios, y luego llegaban los dueños del poder, los que representaban el país agroexportador. Medio siglo después, el general Eduardo Lonardi era la cabeza visible del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Fue el 16 de septiembre de 1955 y Lonardi expresaba más a los sectores pro jerarquía católica que a los financistas y exportadores de carne y granos. Pero servía para darle cabida a los miles de comandos civiles que se alzaron –o simularon alzarse– en esos días de gorilaje despiadado. Duró 50 días al frente de la Casa Rosada. Tras él llegaba Pedro Aramburu, que expresaba muy bien a la coalición de intereses nacionales y extranjeros que recuperaba el timón de la Argentina y militarizaba la vida política, sindical, cultural y educativa del país. Una vez más, la derecha nacionalista catolicona tenía una efímera llegada al poder. Tan efímera como le resultaba útil al núcleo del poder económico y mediático.
La historia de la formación de la Triple A tiene que verse en esa perspectiva. Mientras les resultó funcional a crear clima de caos, quienes preparaban el golpe del ’76 dejaron hacer y, sobre todo, usaron sus servicios de inteligencia para matar adversarios y asustar a amplios sectores de la sociedad. El plan del golpe fue una relojería puntillosamente preparada. Al mes siguiente de la partida de López Rega, Jorge Videla, Emilio Massera y Héctor Agosti –jefes de las Fuerzas Armadas– se reunieron con José Alfredo Martínez de Hoz, quien era la cabeza civil del mayor intento de doblegar a la sociedad argentina.
Las bandas de la Triple A tienen una pata en las fuerzas armadas y policiales, pero también en muchos funcionarios de la ultraderecha peronista que tenía una importante parte del poder durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Muchos de esos funcionarios siguieron siendo políticos, incluso muchos se consideran víctimas de la dictadura 1976-1983. Ellos quieren, por supuesto, que no salga a la luz la crueldad de la Triple A ni la impunidad con la que mataron a centenares de personas en conexión con el Plan Cóndor.
La Argentina no compró la paz. La consigue y la consolida a medida que se profundiza en la verdad y la justicia. Todavía hay muchos ingenuos y bienpensantes que consideran que no vale la pena ahondar en las historias de la derecha lumpen y criminal. Y todavía hay muchos que no se dan cuenta de que la construcción de poder popular en una sociedad capitalista puede ser químicamente pura. El hecho de que 2011 sea un año electoral con una fuerza impresionante de las fuerzas nacionales y populares indica que la memoria sirve y mucho. Por eso, las historias de aquellos años 1974 y 1975 pueden ayudar a que no se repitan algunos males pasados. O, dicho de otro modo, a que la sociedad argentina pueda seguir avanzando en el quién es quién en la historia y en el presente.
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