El jueves a la 4 de la tarde, Marcela Noble Herrera abordó en Aeroparque el vuelo 110 de Pluna con destino a Uruguay. Al escribirse estas líneas, su hermano Felipe seguía en Buenos Aires. Unas horas antes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal –integrada por Guillermo Yacobucci, Raúl Madueño y Luis García– había dado a conocer el polémico fallo que, por un lado, ordenó que los hijos adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble se sometieran “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel u otras muestras biológicas” para determinar si son hijos de desaparecidos, pero, por el otro, restringió el universo de perfiles genéticos existente en el Banco Nacional de Datos del Hospital Durand con el que pueden ser comparadas las muestras de los dos jóvenes. En el caso de Marcela, su ADN sólo podrá ser comparado con el de los familiares de las personas “detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976; en el caso de Felipe, el límite se extiende hasta el 7 de julio de ese mismo año.
A pesar de confirmar la extracción compulsiva de material genético ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, el fallo de los camaristas aporta un ladrillo más a la pared judicial que sostiene la impunidad de la directora de Clarín en una causa que ya cumplió diez años y un mes desde que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó la primera denuncia ante el ex juez Roberto Marquevich, el 30 de abril de 2001. Las fechas fijadas como límites no hacen otra cosa que avalar esta impunidad, ya que son las mismas que figuran en los expedientes de las adopciones truchas que Ernestina realizó en el Juzgado de Menores N°1 de San Isidro, a cargo de la fallecida jueza Ofelia Hejt. En otras palabras, los jueces de la Sala II les dan crédito a documentos que la Justicia ya ha demostrado que contienen datos falsos. Tan falsos que, por las irregularidades cometidas en esas adopciones, el ex juez Marquevich ordenó, el 17 de diciembre de 2002, la detención de la viuda de Noble.
Miradas al Sur ya ha publicado en reiteradas ocasiones en qué consistieron esas irregularidades, pero conviene reiterarlas para poner en blanco sobre negro lo insostenible del fallo de los jueces Yacobucci, García y Madueño. Ahí van: a) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron; b) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal; c) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura; d) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en laCapital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción; e) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela); y f) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del Decreto Ley 8.204 y 76 de la Ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.
Con esta última maniobra, la directora de Clarín habría obtenido sustento “legal” para quedarse con la propiedad del diario fundado por Roberto Noble (cuyo apellido llevan los jóvenes, a pesar de que el hombre había muerto años antes dejando una hija de un matrimonio anterior, Guadalupe). Por eso, también, Ernestina se habría asegurado de “adoptar” a dos niños de los que tenía la seguridad de que carecían de familiares directos. A dos hijos de desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Al fijar como fechas límite las de las partidas de adopción truchas de los dos jóvenes –es decir, dos fechas por lo menos inciertas, que reducen la cantidad de familias con las que pueden compararse las muestras–, los jueces de la Sala II no sólo entorpecen la posibilidad de que éstos recuperen sus verdaderas identidades. También avalan, directa o indirectamente, las irregularidades cometidas en las adopciones.
El ADN de los jueces.Guillermo Yacobucci, quien como presidente del Tribunal leyó el fallo, es un viejo conocido de los organismos de derechos humanos. Y no precisamente por sus esfuerzos para establecer la verdad, recuperar la memoria y hacer justicia. Entre 1977 y 1978, mientras terminaba su carrera universitaria –se recibió de abogado en 1980 y de inmediato entró al Poder Judicial–, fue colaborador de la revista Cabildo, nacida como órgano de la ultraderecha peronista y devenida, por entonces, en vocera de los sectores más recalcitrantes del aparato cívico-militar de la dictadura. Sus artículos se codeaban con los de los genocidas Adel Vilas y Ramón Camps. Tal vez en memoria de aquellas encendidas colaboraciones periodísticas, en diciembre de 2008, como subrogante de la Cámara, firmó la liberación de una veintena de represores, entre ellos Astiz, Acosta y Pernías, y el ex juez federal Víctor Brusa, acusado de presenciar torturas. Los dos camaristas fundamentaron la medida –que luego fue revocada– en que habían vencido los plazos para que permanecieran detenidos sin condena. Su colega Luis García también rubricó el fallo, mientras el tercer juez, Guillermo Mitchell, se pronunció en minoría por la continuidad de las prisiones preventivas. Al justificar la excarcelación, Yacobucci se quejó –no se sabe si haciendo gala de fina ironía– de la lentitud de la Justicia.
Raúl Madueño fue presidente de la Asociación de Magistrados a fines de los ’90, en representación de la Lista Blanca, calificada por el mismísimo diario La Nación como “tradicional y conservadora”. Pero su apellido tiene otras resonancias en el ámbito judicial y de los derechos humanos. Su hermano, el ex juez federal de Bahía Blanca Guillermo Federico Madueño, fue detenido en noviembre de 2009, cuando estaba prófugo de la Justicia, acusado de delitos de lesa humanidad, entre ellos los de admitir las torturas y negar sistemáticamente recursos de habeas corpus durante la última dictadura. Murió impune en agosto del año pasado. Otra muestra de la lentitud de la Justicia denunciada (¿?) por Yacobucci.
Una lentitud judicial a la que, junto con sus colegas García y Madueño acaba de contribuir con un fallo que sigue complicando una causa que ya lleva más de diez años.
Estos dos muñequitos de la fotito no son tontos, se deben dar cuenta que el día que ya no estén las Abuelas, quienes tienen que partirse al medio para doblegar al enemigo presentando batalla en Tribunales y a su vez seguir siendo garantes de una espectativa de vida; se les viene la estantería al piso... Imagínense: quedamos los H.I.J.O.S. queridos y yo... imaginarse como escapar de ese infierno en esas condiciones si que no debe ser lindo de pensar...
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