La penúltima semana de testigos en Tucumán, en el marco de la causa Romero/Niklison, por delitos de lesa humanidad que tiene como principales responsables a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Roberto El Tuerto Albornoz, tuvo como resumen el avance en la reconstrucción de los hechos ocurridos el 20 de mayo de 1976, cuando un grupo paramilitar y parapolicial ingresó a una casa del barrio Echeverría de la capital tucumana y acribilló a un grupo de cinco personas que militaban en la organización Montoneros.
La última semana del juicio tendrá un fuerte condimiento político. Es que el próximo martes, por teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, el ex gobernador Carlos Ruckauf declarará frente a los jueces tucumanos.
Ruckauf es un testigo pedido por los abogados de Menéndez. La estrategia es justificar el genocidio realizado en Tucumán, por la instrumentación del famoso decreto 261/75 firmado por Ruckauf e Isabel Martinéz de Perón, donde se habló del “aniquilamiento de la subversión”. El primer artículo decía: “Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.Al ser un gobierno constitucional, lo que el genocida pretende es lavarse las manos de la sangre derramada. Ruckauf, lejos de excusarse de declarar, confirmó la cita.
Otro pintoresco personaje visitará la provincia para defender al ex jefe del III Cuerpo de Ejercito, el periodista y escritor Carlos Manuel Acuña, autor del libro Por amor al odio, un texto que justifica el accionar represivo de Menéndez y compañía.
Reo demorado. En el juicio también hubo algunas demoras. El represor Menéndez sufrió un pico de presión arterial, por lo que tuvo que ser revisado por un médico forense y el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán accedió a suspender un día la audiencia, hasta tanto el reo mejore. Más tarde, se le concedió poder seguir las instancias del juicio que se lleva en su contra no desde la sala contigua al tribunal, sino desde el lujoso country donde descansa y además cumple prisión domiciliaria. Esa residencia es propiedad de uno de sus hijos.
Luego hubo problemas de conexión entre la sala de audiencias y el country. Llamaron a los técnicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que solucionen los inconvenientes, pero no tuvieron éxito. Finalmente, el último día hubo un corte de energía eléctrica en la localidad de San Javier, donde se encuentra el costoso condominio, por lo que se demoró varias horas, el jueves pasado, en restablecer el proceso oral.
Sin embargo, el presidente del tribunal, Gabriel Casas, aprovechó la demora para agilizar acciones tendientes a completar parte de los hechos por los que son juzgados los genocidas.
Se llevó a cabo la inspección ocular, de manera conjunta, con los jueces y las partes en la casa donde se llevó a cabo el ataque de los represores en 1976. En la casa de Azcuénaga al 1800, de la zona oeste de San Miguel de Tucumán, se pudo constatar por los relatos recibidos cómo fueron acribillados los militantes y el estado de la casa. Los testimonios concordaron casi con exactitud.
Casi todos los testigos, que conocían la casa y que se enteraron de cómo ocurrió el asesinato, pudieron contar dónde fueron ultimadas cuatro de las cinco víctimas. Es más, los abogados defensores de los represores aseguraron en las audiencias que dentro de la casa había un sótano donde se guardaba una cantidad “muy importante” de armas de guerra. Esa hipótesis no pudo ser confirmada: en la casa no se encontró sótano alguno.
El recorrido por la zona también sirvió para sumar más testigos, que declararán el próximo martes. Muchos de ellos vivieron desde 1976 a la fecha en el mismo lugar, por lo que dijeron haber visto cómo fue el operativo criminal y sobre todo de qué manera retiraron los cuerpos de las víctimas y todos los muebles y pertenencias que habían en la vivienda.
En el expediente judicial, el ex fiscal Emilio Ferrer concluyó –luego de hacer su investigación– que se trató de un fusilamiento con armas de fuego. En el juicio, en tanto, las defensas de los represores intentan instalar la idea de un enfrentamiento.
El testigo para destacar fue Alberto Saavedra Lamas, hijo de una de las víctimas, que relató a los jueces cómo fue crecer sin su padre y de qué manera tuvo que reconstruir su historia. Resaltó: “Me hubiese encantado que mi viejo tuviera la posibilidad de estar en un country con teleconferencia como este señor (por Menéndez). Yo no reivindico víctimas, sino militantes. Ellos pelearon por un cambio real”, dijo con lágrimas en los ojos.
Se prevé que para el próximo 22 de marzo se dicte la sentencia final en contra de Menéndez y Albornoz, uno ex militar y otro ex policía. La querella encabezada por Alejandra Romero Niklison pidió la pena máxima y cárcel común para los dos imputados.
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