Finalmente, y después de décadas de silencio, el periodista Joaquín Morales Solá, deberá presentarse en la Justicia Federal para dar su declaración en calidad de testigo, en el marco de las causas por los delitos de lesa humanidad que se tramitan en Tucumán. La decisión de convocar a Morales Solá fue del juez federal Daniel Bejas, quien tiene a su cargo la tarea de reconstrucción e investigación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en las tierras del genocida Antonio Domingo Bussi desde 1975 con el Operativo Independencia iniciado por el carnicero Acdel Vilas. El oficio fue firmado por Bejas, el miércoles pasado, luego del mediodía y remitido vía exhorto a la Capital Federal para que el actual columnista de La Nación declare en los tribunales de Buenos Aires en base a un cuestionario de preguntas del magistrado tucumano. La fecha de indagatoria sería el lunes 21 de febrero de 2011 durante la mañana.
El pedido de indagatoria tiene origen en lo publicado por Miradas al Sur de una nota y una foto esclarecedora para el periodismo argentino. En ella se puede observar cómo Morales Solá acompaña a los militares en lo que, se presume, es una recorrida en la macabra y tenebrosa Escuelita de Famailla, uno de los centros clandestinos más violentos del interior tucumano.
El trabajo documental del pedido estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán, organismo que trabajó sin descanso y con compromiso en las causas elevadas a juicio hasta ahora y donde represores como Luciano Benjamín Menéndez y Bussi recibieron sus condenas perpetuas. El fiscal ad hoc, de la unidad, el joven Pablo Camuña fue quien pidió la indagatoria a Morales Solá. Se había publicado, que el fiscal Carlos Brito realizó el trámite pero en realidad fue Camuña.
Desde Buenos Aires, Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, confirmó a Miradas al Sur, la citación del ex periodista del diario La Gaceta durante la dictadura.
“A raíz de las publicaciones del semanario nos pareció obvio llamar a declarar al periodista”, aseguró el funcionario judicial. Para Parenti, es importante que Morales Solá preste testimonio porque pudo llegar a lugares donde sólo había circulación militar. “Según la información que tenemos y por las comparaciones de las fotografías, supuestamente el lugar donde se lo ve a Morales Solá es en la Escuelita de Famailla, un centro clandestino clave en el circuito de la represión en Tucumán por aquellos años”, sostuvo.
“Es un testigo obligado por el carácter que revestía, no sólo era civil, sino también era periodista. Porque, además, es muy difícil conseguir testimonios. No se tiene un testigo extraño a la estructura represiva en lugar presencial y que esté vivo”, aseveró Parenti. De todas maneras, el funcionario judicial aclaró que se deberá conocer el momento de la toma de la fotografía e identificar a los presentes en la puerta del centro clandestino.
El sindicato también va. Otra medida del juez Bejas fue citar al periodista y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. El juez quiere conocer si hay registros en el sindicato sobre pedidos o notas de Morales Solá, en donde den conocimiento de que era perseguido por alguna organización armada. Según Morales Solá, antes del golpe militar fue perseguido por la Triple A. Gijena deberá prestar declaración el mismo día que lo haga Morales Solá, pero en Tucumán. “Para nosotros es un orgullo poder colaborar con la Justicia en procesos como éstos. Por otra parte, es mucho más importante, porque estamos ayudando a la construcción de la memoria colectiva sobre los delitos de lesa humanidad y sobre todo de los civiles que colaboraron activamente con los genocidas en el pasado y que hoy atentan en contra de los intereses populares”, declaró Gijena a Miradas al Sur, cuando se enteró de la medida judicial.
Durante la dictadura militar dos periodistas del gremio, Vicente Guzzi y Marcos Taire, hacían el seguimiento de las amenazas, detenciones y presiones a la prensa. Llamativamente sobre Morales Solá, nunca se recibió ninguna denuncia. Es más, la Asociación de Prensa reclamó públicamente -un comunicado publicado en los medios y por intermediación del entonces gobernador peronista Amado Juri- por el secuestro del secretario general del sindicato gráfico, Juan Alberto Pacheco, quien fue liberado. Por esas acciones el sindicato recibió una represalia militar. Pusieron una bomba en la antigua sede gremial calle Congreso, ubicada en barrio sur de la capital tucumana.
Cabe destacar que el sindicato tiene a dos periodistas desaparecidos durante la dictadura militar, Eduardo Ramos y Maurice Jeger. Cuando Joaquín Morales Solá, ingrese a tribunales federales en febrero de 2011, será en acto de justicia en sí mismo. Sin dudas que él podría aportar datos claves en las investigaciones por delitos de lesa humanidad por haber estado en lugares donde, con seguridad, nadie llegaba sin previa autorización del genocida Bussi.
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