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Desaparecido de Costa-Gavras parte 3 1-2011 from Tabomia on Vimeo.
Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.
Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.
Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.
Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.
Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.
Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.
Informe: Gabriel Morini.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-161034-2011-01-24.html
El juicio al ex agente civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, Raúl Guglielminetti, acusado por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, entró en su etapa final. Del 3 hasta el 18 de febrero está previsto el inicio de los alegatos, cuando la fiscalía formule su acusación ante el Tribunal Oral Federal 1. Tras las últimas palabras de los acusados, para marzo se espera el veredicto del juicio que comenzó a mediados del 2010.
La semana pasada, luego de un intervalo, fueron retomadas las audiencias para dar lugar a los planteos técnicos de las partes e incorporar las declaraciones, con lo que se dio por terminada la etapa testimonial del juicio oral. Por la sala de audiencias pasaron unos ochenta testigos que declararon ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes deberán resolver si condenan o no a Guglielminetti, al ex coronel Rubén Visuara, al ex general de División Eduardo Cabanillas y a los ex agentes de la SIDE Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos procesados con prisión preventiva por el juez Daniel Rafecas, acusados de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio calificado.
Automotores Orletti funcionó como centro clandestino de detención en el barrio porteño de Flores, bajo la órbita de la SIDE, en lo que fue un taller mecánico de dos plantas, hoy convertido en sitio recuperado para la memoria. El lugar había sido alquilado por unos meses por ese organismo de inteligencia como base operativa, y por allí pasaron secuestrados víctimas del Plan Cóndor, diseñado por las dictaduras de la región para concretar persecuciones en distintos países. Por eso es que muchas de las víctimas que fueron detenidas allí eran de nacionalidad uruguaya, como la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Su nieta Macarena fue una de las testigos del juicio, al igual que Mariana Zaffaroni Islas, una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que también declaró porque sus padres, Jorge Zaffaroni y María Islas, también fueron secuestrados y llevados a Orletti. Según se estableció en la causa, el centro clandestino fue comandado por el fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la SIDE, a cargo entonces de Otto Paladino, también fallecido. En la causa actúan como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-161035-2011-01-24.html16:56 › CORDOBA
El ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta junta militar que asumió el poder tras la Guerra de Malvinas murió anoche en la capital provincial a los 86 años. Nicolaides cumplía una condena con arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos. A fines de febrero, la Justicia comenzará el juicio oral por el robo de niños como práctica sistemática, en el que el represor estaba imputado pero quedó al margen tras probarse que no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.
El abogado de Nicolaides, Alejandro Zeverín, informó esta tarde oficialmente a la prensa que su defendido "murió anoche tras una complicación pulmonar", y también confirmó que sus restos ya fueron velados y cremados.
Desde el 28 de febrero, Nicolaides estaba imputado para ser sometido a juicio por el Tribunal Oral Federal N° 6 de Capital Federal debido a 33 casos de apropiación de menores en la causa conocida como "Plan sistemático", en la que también están imputados los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, entre otros. Sin embargo, según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo, el represor quedó fuera del proceso por no estar en condiciones psíquicas aptas para enfrentarlo.
En 2007, Nicolaides había sido condenado a 25 años de prisión debido a los secuestros y desapariciones de miembros de la organización Montoneros entre 1979 y 1980, en el marco del primer juicio contra jefes de la dictadura militar tras la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-161006-2011-01-23.html
"Se repartían las mujeres como un botín”. La frase, dicha por Hugo Andina Lizárraga, suena a algo irreal pero sintetiza una parte de la metodología usada desde el primer día por los represores en los chupaderos y campos de concentración del Operativo Independencia, en Tucumán, a partir de febrero de 1975. Andina es un veterano y respetado dirigente del peronismo combativo de Tucumán. Desde la caída de Perón, en 1955, no estuvo ausente en ninguna lucha, salvo los días, meses y años que pasó, en oportunidades diversas, en las cárceles del país. En 1975 fue uno de los primeros prisioneros de la Escuelita de Famaillá, el campo de concentración emblemático del Operativo Independencia. Allí fue testigo de ese reparto de mujeres prisioneras entre los guardias del campo. Y escuchó cuando uno de ellos le decía a otro: “Qué tetas tiene esa guerrillera”, y el otro le contestó: “¿La querés para vos?”
La resolución judicial que semanas atrás ordenó el procesamiento de 21 personas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga precisa que los abusos sexuales y las violaciones de las mujeres secuestradas formaron parte del plan sistemático de exterminio. Por ese motivo, varios acusados fueron procesados por ser autores y/o cómplices de abusos y violaciones.
El juez federal Daniel Bejas recordó que en la causa 13, que condenó a los integrantes de las tres primeras juntas militares, “los delitos sexuales denunciados por las víctimas en sus testimonios no fueron objeto de acción penal, habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes”.
El magistrado destacó que los delitos sexuales fueron tipificados como delitos internacionales por convenios que la Argentina ratificó en 1958. Y precisó que “a la fecha de la comisión de los hechos que se investigan (causa Arsenal), los delitos sexuales contra las mujeres se encontraban tipificados como delitos internacionales (crímenes de guerra) y en tal carácter (son) imprescriptibles, conforme lo establecido por la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968”.
Para el juez, “el plan de represión ejecutado por la dictadura militar habilitó la comisión de ilícitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema de clandestinidad adoptado”, según lo probado en la causa 13/84 del Juicio a las Juntas. Además, afirmó que “durante la vigencia del terrorismo de Estado, la violencia de género no fue producto de desviaciones particulares, sino ejercida en forma sistemática”.
Al desmenuzar la causa Arsenal y ordenar el procesamiento de los acusados, el juez Bejas sostuvo que “autor de este delito será quien domine el hecho, es decir, quien tenga el poder de decidir o determinar la configuración central del acontecimiento, porque puede detener o proseguir la realización del suceso íntegro y partícipes serán quienes realicen aportes sin ese poder”, por lo que “la figura penal admite todas las formas de autoría (individual, mediata, coautoría paralela y funcional) y participación (complicidad e instigación)”.
En el análisis de la causa Arsenal, el magistrado afirmó que “los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, sí habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”.
El juez tucumano sostuvo que “aquellos imputados que poseían capacidad de decisión conforme su ubicación en la cadena de mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, habrían prestado una colaboración imprescindible para la comisión de tales ilícitos al amparo de tres decisiones que sí habrían conformado directamente el plan criminal: la clandestinidad de las detenciones; la autorización relativa a que los/las detenidos/as clandestinos sufran condiciones inhumanas a fin de quebrar su resistencia moral; y la garantía de impunidad para los ejecutores”.
Es la primera vez que la Justicia ordena el procesamiento de represores acusados de haber cometido delitos sexuales equiparándolos con crímenes de lesa humanidad.
Infierno en el arsenal. El lenguaje militar denominó “Lugar de reunión de detenidos” a los que eran, lisa y llanamente, campos de concentración. En el Arsenal Miguel de Azcuénaga funcionó el peor de todos los que existieron en Tucumán. Lo puso en funcionamiento Antonio Domingo Bussi, en mayo o junio de 1976, tras desactivar la Escuelita de Famaillá. Fue erigido sobre lo que había sido un polvorín de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, a un costado de la ruta 9 que conduce a Salta. A imagen y semejanza de los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tenía doble alambrada perimetral –una de ellas electrificada– torres de vigilancia, reflectores y perros guardianes. Los prisioneros permanecían tirados en el piso, sujetados con cadenas a la pared o colgados de sus muñecas atadas en marcos de ventanas. Las guardias eran cubiertas por personal de la Gendarmería.
En su dictamen ordenando el procesamiento de los acusados, el juez Bejas preservó la identidad de las mujeres que fueron sometidas a abusos sexuales y violaciones. Un gesto pequeño, pero profundamente humano, en un marco de deshumanización casi increíble.
La ex prisionera A.V.B. declaró ante el juez que un día “fue manoseada y ultrajada sexualmente por el primer alférez de Gendarmería Celso Alberto Barraza (a) Beto, lo que fue observado por Teresita Hazurún”, otra detenida. Otro día “fue sacada desnuda a campo abierto y fue obligada a permanecer con las piernas abiertas, (…) A la mañana siguiente la devolvieron al pabellón donde la tuvieron aun desnuda y prohibiéndole cerrar las piernas”. La testigo de estos hechos, Hazurún, era hija de un profesor del destacamento de Gendarmería de Jesús María y por ese motivo conocía personalmente al gendarme Barraza.
La ex detenida G.I. le dijo a la Justicia que “fue víctima de violaciones sexuales en varias oportunidades”. Tenía entonces 17 años y el autor de las violaciones fue Víctor Sánchez (a) Pecho i’ tabla, personal civil de Inteligencia del Ejército que sembró el terror en el este tucumano. También fue violada por sus torturadores, oficiales del Ejército y de Gendarmería que integraban los equipos de los pomposamente llamados IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra).
La joven B.H., de la misma localidad que la anterior, relató que en el operativo de secuestro reconoció a Víctor Sánchez: “Me meten en un auto en el piso del asiento de atrás, me golpean y me ponen en la cara el miembro sexual de ellos mientras me agredían”. La misma patota, una semana antes de llevarse a B.H. allanó su casa, oportunidad en la que “se llevan secuestrada a mi hermanita menor, de 12 años, a quien amenazan, torturan y la violan en la comisaría del pueblo”.
Un veterano militante de la zona, Santos Aurelio Chaparro, sobreviviente del Arsenal, contó que “una chica a la que llamaban La Petisa, de nombre Inés, parada al lado suyo, desnuda, le mostró cómo le habían cortado los pezones y le dijo que la acababan de violar”.
N.C. era estudiante de arquitectura. Fue secuestrada en setiembre de 1976 de un local de la exposición que todos los años organiza la Sociedad Rural tucumana, donde estaba trabajando. Apenas ingresada al campo de concentración del Arsenal fue violada por un hombre, personal civil de Inteligencia. En otra oportunidad, “la llevaron a una casilla de madera para picanearla y dos días después comenzó a sangrar y se le produjo un aborto”. N.C. también contó que uno de los gendarmes del destacamento de San Juan la “acosaba sexualmente y por no acceder me paraba a la hora de la siesta hasta que perdía el conocimiento”. Gendarmes de ese destacamento sanjuanino integraban el pasaje del avión Hércules destruido por una bomba en el aeropuerto Benjamín Matienzo de la capital tucumana, muriendo cinco de ellos. Uno de los sobrevivientes, llamado Manchado, por las secuelas del atentado, era el terror de los prisioneros del campo de concentración.
Delitos sexuales y degradación. Los abusos sexuales y las violaciones fueron prácticas sistemáticas de los represores, que apuntaban a la degradación de las mujeres en cautiverio. En el caso de Tucumán, hay denuncias que se remontan al año anterior al comienzo del Operativo Independencia, incrementadas de forma notable con el comienzo de la ocupación militar de la provincia, el 9 de febrero de 1976.
En mayo y setiembre de 1974 Tucumán sufrió dos operativos. El primero fue ejecutado por la Policía Federal y comandado por el comisario Alberto Villar. El segundo fue del Ejército, dirigido por quien entonces era comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Luciano Benjamín Menéndez. En ambos casos las tropas cometieron toda clase de atropellos, incluidos abusos sexuales y violaciones. Las víctimas, cuando quisieron hacer las denuncias, no fueron escuchadas por los jueces, algo que también ocurrió ya lanzado el Operativo Independencia.
Apenas iniciado ese plan militar, el obrero Domingo Paz fue secuestrado y llevado a la Escuelita de Famaillá. Declaró que en el aula donde estaba tirado en el piso, junto a otras personas atadas con alambres de púas, se le corrió la venda que tapaba sus ojos. Entonces pudo ver: “Entraron dos uniformados que no vieron que yo no tenía la venda y se dirigieron hacia una ventana donde había dos chicas, también atadas y casi desnudas y uno de ellos comenzó a violar a una de ellas, mientras la insultaba”.
Los hermanos Werlino Díaz y Angel Díaz, obreros del ingenio Bella Vista, fueron secuestrados de su vivienda en El Cuadro, un conjunto de miserables casuchas construidas por los dueños de la fábrica azucarera para alojar a trabajadores. La patota militar que se los llevó estaba al mando del “tristemente célebre subteniente Barceló”, al decir de los tucumanos que lo padecieron. Barceló murió después en un confuso episodio y fue ensalzado como “héroe caído en combate”, cuando al parecer un camarada suyo lo baleó por la espalda. Los Díaz fueron llevados a la Escuelita de Famaillá. Ángel no apareció más, en tanto Werlino declaró que presenció y escuchó cuando un militar interrogó a una prisionera. La joven dijo tener 19 años.
El represor le preguntó si “sabía que su novio estaba en la fulería” (los militares llamaban fules y fuleros a quienes acusaban de guerrilleros) y de inmediato le dijo: “Bueno, ahora vas a tener otro novio”. Seguidamente Werlino escuchó que la mujer pedía que “no lo hagan así”, cuando la estaban violando. “Lo que es peor –dijo Werlino- es que fueron varios los que la violaron.”
El 1º de marzo de 1975, dos semanas después de iniciado el Operativo Independencia, una patrulla militar detuvo a R.C.C. en el humilde rancho que habitaba junto a su abuela, en el campo tucumano. Allí mismo fue maltratada, torturada y abusada: “Me introducían en la vagina una goma (cachiporra), mientras todos me manoseaban”. Trasladada a la Escuelita de Famaillá, un militar la violó mientras la amenazaba: “Si gritás te mato, zurda”. Alojada después en la cárcel de Concepción, fue trasladada en junio a declarar ante el juez federal Manlio Martínez, quien “no me prestó atención a lo que yo quería decirle sobre los maltratos y las violaciones”.
J.N.O. vivía en Monteros y era peladora de caña en Yacuchina. En el invierno de 1976 los militares fraguaron un combate en la finca donde ella, junto a varias familias de peladores, estaban trabajando. Los uniformados “prendieron fuego a los tractores, camionetas y carros (…) detuvieron a todos los presentes, nos ataron y vendaron los ojos y comenzaron a torturarnos”. Allí mismo asesinaron a todos los integrantes de las familias Rivero y Rojas, “salvo al Mocho Rivero, que lo llevaron prisionero y uno de los hijos de Rojas, que logró escapar”. Los detenidos fueron llevados a la base militar que funcionaba en el ingenio La Providencia, en Río Seco. Allí, J.N.O. fue “violada por uno de los militares a la vista de todos los demás”. Después les fueron sacadas las vendas a todos los prisioneros para que vieran, a modo de escarmiento, como al Mocho Rivero “lo mataron incrustándole una bayoneta, pero antes le amputaron el pene”.
Sobre el final del año 1975, M.V. fue secuestrada de su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán, una noche que se encontraba preparando la tesis que debía presentar un par de días después en la Facultad de Filosofía y Letras. Un grupo de tareas al mando de un teniente la llevó a la Jefatura de Policía. Allí, el alienado jefe de esa repartición, el aún hoy impune teniente coronel Antonio Arrechea, la interrogó mientras la insultaba y le gritaba que “se tapara las carnes”, debido a que se le subía el camisón que vestía al ser arrancada de su hogar. En la madrugada del 24 de diciembre, la Nochebuena de los católicos, uno de sus captores la violó en una celda, mientras a su lado los integrantes de los grupos de tareas, militares y policías, celebraban el nacimiento de Jesús.
El caso de S.A.N. es uno de los ejemplos más terribles de violaciones sistemáticas y reiteradas, con robo de bebé incluido. Fue una esclava sexual durante un año, mientras se encontraba detenida en la cárcel de Villa Urquiza, tras haber sido secuestrada por una patota policial. Declaró que fue violada repetidas veces por el jefe del penal, comisario Marcos Fidencio Hidalgo, y por casi todos los integrantes del grupo de tareas que operaba desde ese penal. Embarazada, dio a luz una criatura que le fue sustraída. Cuando la entrevisté, estaba convencida de que los abusos y violaciones ya habían prescripto y ni soñaba con que los delitos sexuales pudieran ser considerados de lesa humanidad. Su única preocupación era poder recuperar el hijo que nació de sus entrañas.
El horror de lo ocurrido en los campos de concentración del Operativo Independencia bien cabe en las palabras de Primo Levi sobre las políticas de exterminio ejecutadas por los nazis en Europa: “En el odio nazi no hay racionalidad: es un odio que no está en nosotros, está fuera del hombre, es un fruto venenoso nacido del tronco funesto del fascismo, pero está fuera y más allá del propio fascismo. No podemos comprenderlo; pero podemos y debemos comprender dónde nace y estar en guardia. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también”.
Tuve ocasión en Internet de ver el momento en que el “padre Pato”, criollo en su vestimenta, poncho al hombro, interrumpe al Coral Lutheriense, y tuve ocasión de escuchar y leer sus posteriores declaraciones.
Es verdad que todo esto “no afecta la vida de los pobres”, como dijo algún cura amigo, pero no podemos ignorar que el tema esconde aristas muy sensibles y graves.
Dejo de lado la trascendencia del tema en diferentes medios y el ocultamiento en otros, más propios de algún oligopolio mediático, y sus circunstanciales aliados políticos, provinciales y nacionales de lo que se han ocupado correctamente sectores de derechos humanos de San Rafael.
Dejo de lado también la pena que me da la falta de sentido del humor del personaje en cuestión. He escuchado decenas de chistes sobre judíos contados por amigos judíos y no podría recordar la cantidad de chistes de curas que se cuentan en ambientes clericales.
Me quisiera detener en dos aspectos que fueron juntos en la perversa afirmación “violar la fe es diez mil veces peor que violar a una hija”.
En momentos en que el mundo está conmovido por los escandalosos casos de pederastia en el clero –cosa no siempre acompañada en nuestro país donde “el gran pederasta” sigue suelto– resulta una bofetada arrojada al aire y al público. Podría haber dicho “peor que violar las leyes”, o hasta “peor que violar la Constitución”, ¡pero no!: dijo “diez mil veces peor que ¡violar a una hija!”.
Es sabido que la enorme mayoría de los casos de violencia familiar contra mujeres y niños/as ocurren en el seno de la familia, pero eso no exime al clero. El padre Pato parece haberse burlado, o –peor aún– menospreciado a las víctimas de abusos por parte del clero. Y eso es escándalo y es violencia.
Pero, por otro lado, el sketch en cuestión se reía del celibato, no de la fe. El celibato no es cuestión de fe, es una disciplina eclesiástica que bien podría anularse (¡y sería bueno que el tema pudiera debatirse en el seno de la Iglesia!) y, si se anulara, la fe no se vería afectada en lo más mínimo.
Es posible que el cura en cuestión sea un perfecto ignorante, y la lectura no figure entre sus hábitos, pero lo que sí parece figurar entre sus pasiones es el autoritarismo: autoritarismo que se cree con derecho de interrumpir un espectáculo público, autoritarismo que se cree con derecho de burlarse de las víctimas de la pederastia, y autoritarismo que cree que la Iglesia debe decir a la sociedad qué debe ver, escuchar, pensar y hasta sentir. Y eso sí es cuestión de fe. Y en eso, el padre Pato ha sabido violar la fe. Porque un tal Jesús de Nazareth, que sabía de estas cosas, dejó bastante claro cómo entendió la autoridad, donde ni siquiera Dios se impone. Claro que para saber esto, el padre Pato debería haber leído el Evangelio.
* Coordinador del movimiento de sacerdotes en opción por los pobres Carlos Mugica.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160974-2011-01-23.htmlLos acusados son siete, incluidos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Serán juzgados por 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años.
Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Jorge “El Tigre” Acosta y Santiago Omar Riveros, cuatro de los siete represores que serán juzgados.A un tercio de siglo de los hechos y a casi tres lustros de la apertura de la causa, el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura finalmente se ventilará en un juicio oral y público. El comienzo está previsto para el lunes 28 de febrero y en el banquillo habrá siete imputados, con los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a la cabeza. En el camino quedaron Emilio Massera, Juan Bautista Sasiaiñ y Héctor Febres, fallecidos, y ahora también el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, que según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.
Luego de casi treinta juicios contra apropiadores y entregadores de criaturas, el Tribunal Oral Federal 6 tendrá la responsabilidad de conducir el proceso por el plan ilegal para cortar los lazos de sangre de los hijos de los secuestrados con sus familias y entregarlos en las “manos confiables” de los dictadores. “Hasta que no empiece no lo creemos. Este juicio se postergó y dilató tantas veces que hasta que no empiece estaremos a la expectativa. Todo parece indicar que esta vez se concreta”, advierte esperanzado Alan Iud, abogado de Abuelas.
Los imputados, además de Videla y Bignone, son el condenado general Santiago Omar Riveros, el almirante Rubén Oscar Franco, el vicealmirante Antonio Vañek y el capitán Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3 de la Armada, que rendirá cuentas por doce nacimientos en la ESMA. El séptimo imputado es el prefecto retirado Juan Antonio Azic, que sólo será juzgado por la apropiación de Victoria Donda Pérez, hija de José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.
Militares y marinos serán juzgados como autores mediatos de 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. Varios casos ya derivaron en condenas para los apropiadores o bien son juicios que se están instruyendo, como el del ex policía Luis Antonio Falco, a quien la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a juzgar hace dieciséis meses (el apropiador de Juan Cabandié no tiene apuro, está excarcelado). Además de los casos de la ESMA, más de ochenta testigos reconstruirán con sus testimonios los nacimientos en cautiverio en las maternidades clandestinas que funcionaron en otros siete centros de detención ilgales: Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ª de La Plata, Automotores Orletti, Vesubio y Olimpo.
El expediente que llega a juicio se inició a fines de 1996 con una denuncia de Abuelas contra Videla y simbolizó en pleno menemato el comienzo del fin de la impunidad para los ex comandantes indultados. El dictador fue el primero que volvió a rendir cuentas, en 1998, cuando el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó su detención. Tras la destitución de Marquevich, luego de apresar por horas a Ernestina Herrera de Noble, heredó la causa el juez Norberto Oyarbide, que en 2008 envió a Videla al penal de Campo de Mayo. En paralelo se instruyó la causa Plan Sistemático, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, contra diez imputados, de los que sólo seis siguen en pie. Los tiempos del Poder Judicial derivaron entre 2005 y 2006 en el cese de las prisiones preventivas de todos excepto de Videla. Varios siguieron presos por otras causas. El ex juez Guillermo Montenegro elevó la causa a juicio oral en mayo de 2007, y desde entonces el comienzo es inminente.
El juicio ya tuvo una audiencia anticipada: el 12 de octubre de 2010 declaró María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, quien con 86 años temía no llegar a 2011 en condiciones. “Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua, un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás encuentre a mi nieta”, se esperanzó Chicha Mariani. El 24 de noviembre se cumplieron 34 años desde el secuestro de su nieta Clara Anahí.
El tribunal que conducirá el proceso estará integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, reemplazante del inhibido José Martínez Sobrino. El TOF-6 ya condenó en 2009 al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana. Su presidenta intervino además como sustituta en el proceso a los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el año pasado. Las audiencias serán lunes, martes, y miércoles de por medio. El tribunal deberá alternarse en la sala de audiencias de Comodoro Py con el TOF-5 que juzga desde hace trece meses a los represores de la ESMA y que al ritmo actual no terminará hasta mediados de 2011. (El CELS manifestó días atrás su preocupación por la duración y lamentó la postura del TOF-5 de no permitir desistir testigos). Acosta y Azic, si lo desean, podrán viajar desde Marcos Paz cinco días a la semana.
“Este juicio tiene un valor histórico muy importante, sobre todo porque Videla fue absuelto por varias apropiaciones durante el juicio a los ex comandantes”, destaca Iud. “El tribunal tiene la oportunidad de revisar ese criterio y dejar en claro la responsabilidad de los altos mandos en la apropiación de niños. Si bien toda la sociedad sabe que no fueron hechos aislados ni decisiones individuales de algunos oficiales, es indispensable que el Poder Judicial lo ratifique.”
Los abogados de Abuelas podrán formular preguntas para todos los imputados pero sólo podrán alegar contra (léase acusar a) Videla. El tribunal tomó la decisión a pedido de las defensas, con el argumento de que la querella no respondió a un requerimiento de elevación en los plazos previstos. Los actuales letrados de Abuelas analizan la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación. También actuarán como querellantes los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Plata (Emanuel Lovelli, Germán Kexel y Colleen Torre), Alcira Ríos en representación de la hermana de Silvia Quintela (que dio a luz en cautiverio al nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela) y Alejo Ramos Padilla en nombre de Chicha Mariani. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal federal Martín Niklison, a quien se sumará el fiscal Félix Crous cuando culmine el juicio a los represores del centro clandestino Vesubio.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160983-2011-01-23.html
Seis prófugos acusados de cometer delitos de lesa humanidad son buscados desde esta semana por el gobierno nacional a través del sistema de recompensas establecido por la ley Nº 26.375, que permite el pago de retribuciones económicas por un monto de 100 mil pesos a quienes aporten datos fehacientes sobre el paradero de las personas requeridas por la Justicia.
A través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, dispuso el pago de recompensa para lograr la detención de Juan Carlos Negri, Enrique Armando Cicciari, Isaac Crespín Miranda, Teodoro Aníbal Gauto y Ricardo Luis Von Kyaw, imputados en la causa caratulada “Arias Duval, Alejandro Agustín y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”, que tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Manuel Humberto Blanco.
También pesa un pedido de captura sobre Horacio Rafael Domato, imputado en la causa caratulada “Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas”, acusado de los delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en 32 hechos, en concurso real con delitos de tormentos agravados. El trámite cursa en el Juzgado Federal de Primera instancia N° 2 de Formosa, a cargo de Marcos Quinteros.
Cómo aportar información
Quienes puedan aportar información útil para dar con el paradero de los prófugos, pueden hacerlo llamando al (011) 5300-4020 begin_of_the_skype_highlighting (011) 5300-4020 end_of_the_skype_highlighting, escribiendo a la casilla de correo electrónico unidadespecial@jus.gov.ar o ingresando a la página web www.jus.gov.ar. La identidad de la persona que suministre datos será mantenida en reserva.
"La nueva provincia", un libelo fascista que apoyó a la dictadura apropiadora genocida y que ha presionado para demorar la caída de los apropiadores genocidas en la cárcel común. Alguna vez, su dueño, Massot, fue accionista de Telefé y puso "Los Simpsons" y varios "programas" más en el aire, durante el menemismo, para lavarle el cerebro a los argentinos.
16:17 › EXCARCELACIONES ANULADAS EN BAHIA BLANCA
La Justicia Federal revocó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que había dispuesto la excarcelación de medio centenar de procesados por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Entre los que deberán volver a prisión figuran el contralmirante retirado Carlos Alberto César Busser, que comandó el desembarco naval en la guerra de Malvinas y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue jefe de la infantería de marina y secretario general naval en 1978.
La decisión fue tomada por los jueces bahienses Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni, al aceptar un pedido del fiscal Abel Córdoba en base a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido parámetros de evaluación de riesgos, que podría tener alcances en todas las jurisdicciones del país.
Los sospechosos habían sido liberados gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal que indicaba que los procesados no podían seguir tras las rejas sin ser sometidos a juicio por un período mayor a tres años, pero la Corte Suprema de Justicia avaló mantener las prisiones preventivas en los casos en donde se justifique la complejidad de la investigación judicial, los riesgos de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
Las primeras tres excarcelaciones revocadas en Bahía Blanca fueron dispuestas días atrás por la Cámara Federal local, a las cual se sumaron 23 revocaciones a ex miembros del Ejército y a 22 oficiales de la armada, dispuestas por los jueces de primera instancia a cargo de las causas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160397-2011-01-13.html
Patricia Walsh es una de las principales querellantes en la MEGACAUSA ESMA contra la dictadura apropiadora genocida. Fuente de la imagen: aporrea.orgEl juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada se reanudó con el testimonio de la hija de una pareja secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977. La audiencia de hoy es una de dos previstas durante la feria judicial de enero, ya que el 27 de este mes volverá a sesionar el tribunal.
"Mi mamá ya me había advertido que a ellos también se los podían llevar", contó Yamila Orane Bulit al relatar el secuestro de sus padres, Raquel Bulit y Gabriel Orane, activistas por los derechos humanos secuestrados en la puerta de la iglesia, tras ser señalados por Alfredo Astiz.
Orane Bulit, cuyos padres fueron llevados a la ESMA y, según diversos testimonios, arrojados al mar en un "vuelo de la muerte", fue la testigo 165 en declarar en este juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5 desde fines del 2009.
Los imputados en este tramo de la megacausa ESMA son Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
Orane y Bulit integraban el mismo grupo que las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, cuyos casos se investigan en este juicio, y en el que aún restan declarar unos ochenta testigos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160394-2011-01-13.html14:34 › DEFICIT HABITACIONAL
Un juez porteño ordenó al gobierno de la ciudad brindar a una mujer y a sus tres hijos menores de edad asistencia para "superar sus necesidades habitacionales” y resaltó que no pueden ser cubiertas a través de los paradores nocturnos porque no cumple con los requisitos que debe tener una “vivienda digna”. El macrismo le negó en noviembre la renovación de un subsidio habitacional.
El juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó al gobierno porteño, como medida cautelar, brindar a una mujer y a sus tres hijos menores “la asistencia que le permita superar sus necesidades habitacionales”.
En su dictamen, el juez indicó que la familia “resultarían comprendidos dentro del universo de personas con prioridad a las que se refiere el artículo 31 de la Constitución local, lo que autoriza a presumir que la vigencia del beneficio deba mantenerse”.
Además, el magistrado consideró el planteo presentado por la Defensoría General, al disponer que dicha asistencia no puede ser cubierta a través de los paradores para gente sin techo que existen en la Ciudad, ya que no cumplen con los requisitos que debe tener una “vivienda digna”, según el Comité del Pacto de Derechos Económicos y Sociales.
La mujer que presentó el amparo vive con tres hijos menores, está desocupada y venía cobrando un subsidio de 600 pesos del gobierno local que dejó de percibir en noviembre del año pasado.
Según la resolución, ante el reclamo administrativo por la renovación del subsidio, desde el Ejecutivo porteño se respondió que no correspondía la renovación según la legislación vigente.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160395-2011-01-13.html
En el organismo que depende del Ministerio de Justicia serán nombrados Beinusz Szmukler y Mirta Mántaras. Buscan aportar a la tranquilidad de los testigos y poner en conocimiento de jueces y fiscales información sobre riesgos.
“Conseguir que estos dos verdaderos monstruos colaboren con el programa supera todas mis expectativas.” La frase pertenece a Guillermo Valera, coordinador desde agosto del año pasado del programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y se refiere a los nombramientos de los abogados Beinusz Szmukler y Mirta Mántaras, con los cuales la dependencia creada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2007 promete acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. “El programa se va a convertir en algo muy serio, que va a mover los cimientos del statu quo que intentan mantener una serie de elementos en la Argentina”, asegura Valera.
–El último año hubo record de condenas, sin embargo, a este ritmo y aun si la cantidad de procesados no aumentara, habría juicios por más de una década. ¿Existe desde el Ejecutivo alguna estrategia para acelerar los procesos?
–He formado un equipo de profesionales altamente calificados, que ya están colaborando conmigo. Los nombramientos saldrán en los próximos días. Mirta Mántaras conoce a fondo las problemáticas, actúa como querellante en juicios en todo el país, tienen multitud de libros, y ahora dejará todas las causas para entrar el programa como subcoordinadora. Szmukler también tiene una larga trayectoria, es presidente de la Asociación Americana de Juristas, fue hasta hace poco miembro del Consejo de la Magistratura, y será nombrado director de relaciones institucionales. Por el momento son colaboradores, hasta que salgan los nombramientos de la Presidenta.
–¿Y cuál es la idea para acelerar los procesos?
–Estamos descentralizando el trabajo, en el sentido de nombrar en cada provincia a un abogado que representará al programa. Así vamos a poder hacer un seguimiento directo de las causas. Estamos profundizando algunos aspectos que merecían ser profundizados.
–El programa se gestó tras la desaparición de López ante demandas de protección y la necesidad de coordinar las unidades estatales que participan en los juicios. ¿Cuáles son hoy sus funciones?
–La idea es brindar elementos para superar obstáculos, tratar de que los testigos declaren tranquilos y poner en conocimiento de jueces y fiscales información relevante del mapa de riesgos, que hacemos en todas las causas. El objetivo es garantizar la contención y seguridad de testigos, víctimas, familiares, abogados y funcionarios, y brindar información confiable para apoyar las investigaciones. La idea es hacer un análisis de los obstáculos a fin de evitar demoras o retrocesos en las causas. Con ese fin se aportan en las causas análisis de material técnico. También se articula la provisión de recursos técnicos, humanos y materiales que jueces, fiscales y defensores soliciten a sus autoridades.
–El mes pasado trascendieron amenazas en el juicio a Videla. ¿Qué excepcionales son?
–No son tan excepcionales, aunque tampoco hay razones para alarmarse. Hace poco hubo en una provincia que prefiero no nombrar una serie de atentados menores, nos pusimos en contacto con el ministro de Justicia y de inmediato se tomaron medidas para proteger a los testigos. Nosotros no tenemos una estructura de protección, lo que hacemos es investigar cada caso, sugerir medidas a los tribunales y coordinar con los distintos organismos. Tratamos de que localmente se creen programas de protección para que no sea el gobierno nacional el que deba trasladarse.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160379-2011-01-13.html
18:16 › A UN AñO DEL TERREMOTO
El embajador de Haití, Jean Marie Michel Raymond Mathieu, dijo hoy que la ayuda internacional a su país está en el orden del "15 al 20 por ciento de lo prometido" y atribuyó la demora del financiamiento a los "complicadísimos" procedimientos que se deben seguir para el desbloqueo de fondos. Y destacó la labor cumplida por la ayuda humanitaria argentina. Mientras, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, alertó sobre la falta de un plan de reconstrucción en Haití.
El embajador explicó que la ayuda que recibe Haití, como consecuencia del terremoto que arrasó al país hace un año, depende de la aprobación de los congresos para el desbloqueo de fondos, un proceso que calificó como "nada fácil". El funcionario señaló además que "es por eso, que las autoridades haitianas reclaman emergencia de parte de los donantes".
En cuanto, a la ayuda brindada por Argentina, el embajador indicó que desde los primeros momentos ha respondido "presente" al pedido de ayuda, con el envío de varios vuelos de auxilio para los accidentados.
"El hospital argentino de Puerto Principe era prácticamente el único que estaba en condiciones de dar los primeros auxilios a los numerosos heridos", contó el funcionario.
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó hoy sobre la falta de un plan de reconstrucción en Haití, a la vez que dijo que el acceso a las necesidades básicas de los afectados por el terremoto "continúa estando muy por debajo de los niveles aceptables".
"Primero, el gobierno de Haití, con el apoyo de la comunidad internacional, necesita fijar un plan integral a largo plazo para que el Estado pueda proveer, en línea con sus responsabilidades sobre los derechos humanos, soluciones duraderas en lo que respecta a los servicios básicos, tanto para los que viven en los campamentos como para los que están en los empobrecidos suburbios", manifestó Pillay.
En ese sentido, el embajador haitiano indicó que "la prioridad es asistir cerca de un millón de personas que viven aún en carpas y encontrarles alojamiento decente y definitivo".
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160269-2011-01-11.html
17:51 › LO ANUNCIO EL JEFE DE GABINETE ANIBAL FERNANDEZ
Juan Manuel Abal Medina fue designado secretario de Medios del Gobierno. Abal Medina ocupaba el cargo de Secretario de la Gestión Pública de la jefatura de Gabinete. El designado secretario de Medios tiene 41 años, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, docente y parte de una familia ligada al peronismo
“En oportunidad de haber asumido la jefatura de Gabinete y al momento de alejarse de la secretaría de Medios Albistur, habíamos dicho que íbamos a dejar vacante la Secretaría de Medios y en este caso esa secretaría va a ser asumida por el licenciado Juan Manuel Abal Medina”, informó Fernández.
El jefe de Gabinete ratificó que seguirá como subsecretario de Comunicación, el vocero presidencial Alfredo Scoccimarro y como subsecretario de Gestión de Medios, Juan Ross.
Sobre las especulaciones sobre cambios en la estructura del gabinete Nacional, Fernández fue tajante e irónico: “No leo Clarín, salvo cuando envuelvo huevos”.
“Si el día de mañana estos diarios publican que Falcioni, en lugar de Erviti, decidió poner de segundo enganche en Boca a la presidenta de la Nación, yo no lo voy a contestar”, zanjó.
Por último señaló que el reemplazo de Abal Medina en su cargo se definirá más adelante.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160267-2011-01-11.html17:23 › DENUNCIA DE LA FAMILIA CABEZAS
El ministro bonaerense de Seguridad, Ricardo Casal, aseguró hoy que "será inmediata" la cancelación de la empresa de seguridad SOS, si se confirma que en ella trabajan ex policías bonaerenses condenados por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, en 1997. Gladys Cabezas, la hermana del fotógrafo asesinado, confirmó que el ex policía bonaerense Sergio Cammaratta, condenado a prisión perpetua, trabaja en Pinamar para esa empresa.
El ministro precisó que hasta agosto del año pasado los acusados no estaban empadronados en la firma de seguridad denunciada, pero aclaró que se está investigando la denuncia para ver si corresponde quitarle la licencia a la agencia de seguridad involucrada.
El funcionario recordó que la ley de seguridad privada en la provincia prohíbe trabajar en empresas de seguridad a los ex policías que hayan sido apartados de la fuerza de seguridad por participar en hechos delictivos.
En su artículo 8, la ley 12.297 establece que "no podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada quienes hayan sido excluidos de las fuerzas policiales por (haber cometido) delitos", como así tampoco "quienes posean antecedentes por condenas.
La hermana del fotógrafo indicó:"Lo sé desde hace mucho, me lo habían informado", dijo la mujer, y afirmó que los mismos vecinos "comentan" a viva voz esta situación y "tienen miedo".
Cammaratta fue fotografiado en el diario Perfil, donde se publicó que se desempeña en la empresa Servicio Organizado de Seguridad (SOS). La investigación periodística también destacó que Aníbal Luna, otro ex policía condenado por el asesinato del reportero gráfico, forma parte del plantel de la misma compañía.
Ambos ex policías fueron sentenciados a cadena perpetua por el asesinato del fotógrafo, aunque luego resultaron beneficiados por una reducción de las penas y los efectos de la denominada "ley del dos por uno", por lo que quedaron en libertad.
El 25 de enero próximo se conmemorarán 14 años del asesinato, perpetrado en una cava situada en General Madariaga, cerca de Pinamar. El próximo 24 de enero, víspera del aniversario del crimen, se realizará un acto de homenaje a su hermano frente al Congreso Nacional. Y al día siguiente, una marcha en la ciudad de Pinamar.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-160265-2011-01-11.html
Han pasado cincuenta años pero no la conmoción que me produjo su show Canciones para mirar, que estrenó el verano de 1961 en el primer festival de arte para chicos, en la ventosa Necochea, y a partir de marzo en el Teatro San Martín, inaugurado por esos días. Los espectáculos infantiles de entonces eran una sarta de tonterías, parecidos a los programas de entretenimiento para grandes en la televisión, pero a los gritos y marcando más las palabras porque en esa época todos los nenes eran bobos. María Elena cambió eso para siempre. No tenía hijos ni sobrinos para quienes componer. Hija del director de la estación Ramos Mejía del ferrocarril británico del Oeste, que le leía las nursery rhymes sajonas, escribía para sí misma, rebuscando en su propia infancia. María Elena apelaba al desenfado del humor y de la inteligencia, que conservaba en estado puro, como los chicos antes de que los aplanen las instituciones de la educación y de la cultura.
En la década de 1950 había viajado a París, alejándose de un desengaño amoroso, después de cubrir con pétalos de flores el lecho que iba a compartir con alguien que no podía disfrutar de ese romanticismo infantil. Allí formó un dúo con Leda Valladares, la gran investigadora y recopiladora del folklore argentino, que fue su maestra. Leda con guitarra y charango y María Elena con bombo y caja tocaban en un cafetín de la Rive Gauche en cuyo guardarropas se ganaba unas monedas Pepe Fernández, su más íntimo amigo de la adolescencia. Durante un tiempo de mi infancia tomé clases de piano con Pepe, que todavía era persona y no zamba. Mientras aguardaba mi turno, no podía apartar la vista de una foto que Grete Stern le había tomado a María Elena, adolescente pecosa con un cuello enorme que desbordaba de su sweater, asomada a la ventana para mirar el mundo con sus ojos de agua. Los gallegos Fernández, la británica Walsh, la alemana Stern y los moishes Verbitsky, todos vivíamos en Ramos Mejía, que por entonces era un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Pepe también tenía otras fotos: María Elena en bicicleta, en la misma época, con un jardinero de lona; Leda y María en el boliche francés, con ponchos exóticos. Me las mostraba y no podía imaginar que existiera una mujer más bella. Por distintas razones, ella fue nuestro amor imposible. Cuando María Elena volvió a la Argentina, Pepe me llevó a conocerla, en la casa modesta a la que se mudaron los Walsh después de la nacionalización de los ferrocarriles, cuando debieron dejar la casita inglesa frente a la estación. Pepe recreaba aquellas historias en respuesta a mi asedio para apoderarme de todo lo que recordara de ella, que era mucho porque entonces recién estaban llegando a los treinta, que a mí me parecía una edad avanzada. Ante terceros la llamábamos La Polilla, para seguir la conversación sin intromisiones.
Iniciativa de un intendente con inquietudes, el festival de Necochea brillaba por sus buenas intenciones. Pero María Elena y Leda eran otra cosa, una exquisitez que cortaba el aliento. Cantaban con un somero vestuario de juglares, que en mi recuerdo se lograba con unos recortes de paño de colores sobre sus mallas negras, mientras la actriz Laura Saniez se hacía la vaca estudiosa, la hormiga Titina o la pájara Pinta y los nenes enloquecían. Cuando María Elena decía “La luna es redonda” mientras con sus manos dibujaba un cuadrado en el aire, las palabras para explicarle se les hacían un nudo en los labios, más lentos que sus cerebritos alerta. No hace falta que cuente las historias deliciosas de esas canciones, en las que cada tema recreaba un género de nuestra música entonces casi olvidada, porque ya hay tres generaciones que las conocen de memoria. Por más vieja y arrugada que sea, Manuelita es tan joven como aquella tarde de mediados del siglo pasado y sigue sin contarle a nadie por qué en ese preciso momento Leda y María Elena se distanciaron.
La otra intimidad que el pudor me impediría contar si ella pudiera leerla, ocurrió veinte años después. Comenzaba la década de 1981. Yo vivía escondido, atisbando los primeros indicios de que la dictadura no duraría todo lo que sus jefes deseaban. Alguien me dijo que María Elena tenía una de esas enfermedades malditas de las cuales no se regresa. Después de años sin vernos me largué hacia su casa sin previo aviso. Me dijo que no quería ver a nadie, que necesitaba estar sola. Y antes de que pudiera despedirme empezó a interrogarme sobre mi vida, a contarme sus presunciones y cotejarlas con mis respuestas, a preguntarme por amigos comunes. Me contó que solían creerla hermana de Rodolfo Walsh y que asentía sin aclarar la confusión. Cuando nos acordamos habían pasado tres horas. Me pidió que volviera la semana siguiente. Cuando me abrió la puerta llevaba un exótico turbante celeste como sus ojos, que dejó de usar al recuperarse de los estragos del tratamiento. En esos meses de five o’clock tea semanal sólo me crucé con la gran fotógrafa Sara Facio, con quien fue feliz por más de treinta años, y con Gabriela Massuh, la otra amiga admitida en aquella fortaleza asediada. María Elena me hacía poner discos de Bill Evans, me señalaba la escalera y me dirigía para que limpiara y ordenara su biblioteca, mientras hablábamos de los libros y de las películas y de las personas. Nada personal, porque MEW era sooooo british. Pero ni aun entonces, pese a la fragilidad extrema de ese combate por su vida, perdió un pedacito de su dignidad y de su orgullo. Alguien me había recomendado un tipo de gimnasia adecuado para después de la cirugía y del tratamiento químico y yo se lo transmití a Sara. No recuerdo las palabras que siguieron al inicial “¿Y a vosh qué te pasha?” con que me atajó la semana siguiente, pero todavía siento la furia de sus ojos fulminándome por haber hecho algo a sus espaldas, como si alguna vez alguna cosa hubiera podido escapar a su control. Por uno de esos lugares comunes que repetimos los legos en la ciudad alisada por el sicoanálisis, siempre pensé que esa actitud de saber y decidir todo la había salvado. Hace dos meses, cuando un grupo de amigos me sorprendió con una fiesta por mis cincuenta años como periodista, María Elena dijo que no podía ir pero que me grabaría un mensaje. Después no pudieron mandarle la cámara prometida. Mejor así. Prefiero la imagen de las fotos que acompañan este recuerdo melancólico.
(http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-160244-2011-01-11.html)
