Edificios públicos, dependencias militares y policiales, terrenos presuntamente abandonados e incluso casas particulares. Durante la última dictadura, cualquier lugar podía ser reacondicionado para transformarse en un Centro Clandestino de Detención y Exterminio (Ccde). Y el edificio donde hoy se encuentran las Galerías Pacífico no fue la excepción: en sus sótanos funcionó uno de los tantos chupaderos que se encargaron de la muerte y desaparición sistemática de miles de personas.
En 1889, se levantó el emblemático edificio que aún hoy ocupa la manzana comprendida por las calles Viamonte, San Martín, la peatonal Florida y la avenida Córdoba. Su propósito era albergar las elitistas tiendas de Bon Marché, convirtiéndose así en la sucursal sudamericana de la casa de ropa parisina. Pero, por distintos problemas, el negocio no fue rentable y se abandonó al año siguiente. Al poco tiempo, la flamante compañía de trenes Buenos Aires al Pacífico puso allí sus oficinas y para 1930 ocupaba la totalidad del edificio. El viento de cola que trajo la posguerra reactivó la idea de colocar negocios en la desolada planta baja. Durante los años siguientes, se abrieron y se cerraron distintos locales pero a principios de la década del ’70 se clausuraron todos los negocios. Fue entonces cuando comenzó a operar allí la Superintendencia de la Policía Ferroviaria.
Durante los primeros años de la dictadura que comandó Jorge Rafael Videla el edificio estaba aparentemente inactivo, ya que en los pisos superiores se encargaban de la restauración de frescos y murales. Pero el acceso de la calle Viamonte, que comunica directamente a los subsuelos, se ocupaba para tareas un tanto diferentes.
Recién en 1987, durante la filmación de la película Las esclavas, los trabajadores del Sindicato de la Industria Cinematográfica (Sica) se percataron de la existencia de un polígono de tiro, quince pequeñas celdas, inscripciones en las paredes y restos de prendas personales. Carlos Borcosque y Salvador D’Antonio eran –respectivamente– el director y el productor de aquel film. Consultados por este diario, dijeron no recordar nada de lo acontecido.
Desde Sica alertaron en ese momento a las Madres de Plaza de Mayo, quienes lo denunciaron en su periódico en junio de ese mismo año sin que ningún medio u organismo le diera relevancia. Pero en 1990 las tareas de remodelación para instalar allí el flamante centro comercial Galerías Pacífico (ver aparte) volvieron a dejar en evidencia las esquirlas de la represión: un grupo de albañiles que trabajaban en las obras le dieron un nuevo impulso a la denuncia y gracias a la ayuda de Jorge Caneilles, un difunto gremialista de la construcción, difundieron la noticia. De inmediato, Carlos Zamorano y Raúl Schnabbel, abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunciaron el hallazgo ante la Cámara Federal. Al día siguiente, periodistas, fotógrafos e integrantes de organismos de derechos humanos acudieron al lugar para documentar las evidencias.
Mercedes Meroño, integrante de Madres y presente en aquella oportunidad relata la experiencia a Miradas al Sur y anticipa el desenlace: “Había ropa, zapatillas y sectores enrejados. Las persianas estaban bajas; todo muy sucio. Yo vi todo eso y después nadie hizo nada, no lo tomaron como evidencia y limpiaron todo”.
Luis Moreno Ocampo era por entonces fiscal de la Cámara Federal. Fue él quien tomó cartas en el asunto. Aseguró que entre 1977 y 1981 había funcionado allí un Ccde integrado al circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), bajo la supervisión del ex general Guillermo Suárez Mason, por entonces jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Agregó que Raúl Guglielminetti y Juan Antonio Colores Del Cerro habían estado a cargo de los tormentos y estableció que el lugar pertenecía desde 1973 no sólo a la Policía Ferroviaria sino también a Coordinación Federal.
Por último, Moreno Ocampo ordenó un recurso de no innovar para detener las obras de remodelación y poder llevar a cabo una inspección ocular en los sótanos. El objetivo era incluir el ex Ccde en la causa 450, que investigaba los crímenes cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército.
En los medios, comenzaba a hablarse de que allí podría haber sido conducida Carmen Candelaria Román –aún desaparecida–, secuestrada por un grupo de tareas junto a seis compañeros del Partido Comunista el 20 de mayo de 1977 en la puerta del local que el partido aún tiene sobre la avenida Callao. Cesáreo Arano, Isidro Gómez y Luis Cervera Novo, secuestrados junto a Román, también permanecen desaparecidos. Miguel Lamotta, Miguel Ángel Prado y Juan Carlos Comínguez –detenidos en el mismo operativo– recuperaron la libertad tres días más tarde, aunque nunca pudieron precisar dónde habían estado.
La periodista Lila Pastoriza, en el artículo titulado Las dos manos del Cóndor, publicado en Página/12 en 2001, relacionaba esta operación con la acción simultánea de la Dina, la policía secreta de Chile, que había detenido en suelo argentino a comunistas chilenos en estrecha colaboración con la Side local. El móvil, según Pastoriza, era desbaratar el financiamiento de los partidos a ambos lados de la cordillera.
Así las cosas, sólo era cuestión de tiempo para señalizar los subsuelos del inminente shopping como uno de los tantos resabios de la feroz represión estatal. Pero el día que debía producirse la inspección, los sótanos decidieron inundarse con el aceite de las calderas que allí funcionaban, por lo que hubo que dejar pasar tres días para acceder al lugar. El aceite bajó, y de pronto no quedaban rastros de ningún tipo.
Moreno Ocampo, en un súbito revés, afirmó entonces: “No hay pruebas de que aquí haya funcionado un centro clandestino de detención”. Al día de hoy asegura haber hecho lo posible por incluirlo en la causa, pero se vio impedido por la falta de evidencia. Sin pruebas no hubo investigación, la denuncia fue desestimada y el descubrimiento se hundió en el olvido. En cuanto a los responsables, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se habían ocupado de exculpar a la mayoría. Los venideros indultos del menemato terminarían la tarea.
Para 1994, el paseo comercial Galerías Pacífico marchaba a todo vapor. Turistas y porteños se deleitaban con los murales de Antonio Berni o la cúpula tramada por Raúl Soldi, mientras compraban los más lujosos artículos importados en casas de primera marca.
Durante ese tiempo, un fotógrafo de la televisión portuguesa solicitó permiso para filmar en sus instalaciones, a fin de obtener escenas para un videoclip del nuevo disco de Fito Páez. Tamaña fue su sorpresa cuando identificó el mismo piso que él había visto mientras estaba detenido ilegalmente en la pasada dictadura. “Actualmente, está citado para dar testimonio, pero está residiendo en Portugal y tiene identidad reservada”, aclara a Miradas al Sur Sara Bouillet, del Instituto Espacio para la Memoria.
Si bien Bouillet no confía demasiado en que el fotógrafo se presente a declarar, asegura que intentarán que la Legislatura porteña reconozca y señalice el lugar como ex Ccde. Además, advierte que aún quedan muchos otros ex centros que aún no se han podido localizar. Lo mismo opina Carlos Zamorano, uno de los abogados que denunció el hallazgo: “Es probable que el número de ex Ccde llegue a más de quinientos. El problema está en que hay mucha gente que ya no quiere declarar por el fuerte trauma que le generó la represión. Recién en estos últimos años comenzaron a animarse”.
• IRREGULARIDADES. La concesión, un negociado más del menemismo
Apenas dos meses antes que el descubrimiento del ex centro clandestino en las Galerías Pacífico saltara a los medios, el abogado Julio Raffo –actualmente, legislador por Proyecto Sur– alertaba en el diario Sur del 9 de abril de 1990 sobre la inquietante adquisición del edificio de la avenida Córdoba por parte de la firma Galerías Pacífico S.A.
El lugar que originalmente sería destinado al “Proyecto Imaginario para América Latina” (propuesta impulsada por Fernando Pino Solanas y Julio Bárbaro) era en ese entonces propiedad de Ferrocarriles del Estado, aunque ya había sido transferido a la órbita de la Subsecretaría de Cultura. Sin embargo, el 27 de noviembre de 1989, Ferrocarriles decidió convocar –sin difundirlo– a un concurso privado para adjudicar el inmueble. Al día siguiente, se preadjudicaba a Galerías Pacífico S.A., firma creada tan solo cuatro días antes, con trámite de inscripción ni siquiera en trámite y sede social en el domicilio familiar de su síndica suplente. Tampoco tenía empleados inscriptos.
De todas maneras, esto no impidió que Ferrocarriles calificara a la empresa de “primera línea y con reconocido prestigio” o hacer hincapié en “la idoneidad específica de la adjudicataria, que resulta decisiva tratándose de un inmueble que ha sido declarado monumento histórico nacional”. Para fin de ese mismo mes, se le adjudicó por treinta años la explotación comercial a la joven sociedad. Según Raffo, fue “un negociado más del menemismo”, en este caso entre el propio Carlos Menem y el empresario Mario Falak.
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