En Argentina ya fueron condenados más de 200 genocidas por delitos de lesa humanidad. Esto empezó a ser posible a partir de la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes e indultos que impedían juzgar a los represores de la última dictadura cívico-militar.
Todos los imputados por estos crímenes, que fueron cometidos contra la sociedad en su conjunto y por eso no prescriben, gozan de todas las garantías constitucionales. Esto incluso queda demostrado cuando la Justicia no considera que haya pruebas suficientes o culpabilidad absuelve a los represores juzgados.
Con esto queremos decir que ante las pruebas que demuestran que estos delitos fueron cometidos, los jueces fallan y condenan estos crímenes. Pero hoy, con mucho dolor, tenemos que decir que en Uruguay los funcionarios no están a la altura de la historia: el proyecto para anular la Ley de Caducidad, que impide el Juicio y Castigo a los genocidas, sigue vigente.
Tenemos que ver esto como un llamado a reforzar la lucha, a seguir exigiendo que se termine la impunidad y que los genocidas estén en cárcel común, perpetua y efectiva.
Está demostrado que con lucha y decisión política se puede juzgar a los genocidas. Nuestro país está siendo ejemplo de eso, con los juicios históricos.
Que sean juzgados y condenados permite que la sociedad pueda avanzar sobre un proyecto de país diferente, en el que todo residuo del pasado genocida tenga como único lugar la cárcel. Además, permite a los familiares y sobrevivientes una instancia reparadora.
En Uruguay los genocidas están sueltos. Los que secuestraron y desaparecieron, torturaron, violaron, asesinaron y robaron niños caminan por las calles. Podríamos cruzarnos con ellos en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso sólo se puede cambiar con la instancia histórica del Juicio y Castigo.
Exigimos la inmediata nulidad de la Ley de Caducidad en Uruguay y el fin de la impunidad para los genocidas.
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Viernes 20/5/2011
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