La audiencia pública en la causa Noble mostró dos caras. Una tuvo la previsibilidad de una causa que lleva ya diez años sin lograr una medida de prueba: la premeditada insistencia de Alejandro Carrió y Roxana Piña, los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera, en la inconstitucionalidad del análisis compulsivo, y la reacción esperada de las distintas querellas: desarmar los argumentos jurídicos, pedir al tribunal celeridad y firmeza, visibilizar los intereses económicos de la causa, machacar, machacar y machacar. La otra cara de la audiencia fue, cuanto menos, novedosa: el fiscal general de Casación, Raúl Plée, se pronunció a favor del análisis de ADN.
Raúl Madueño, Guillermo Yacobucci y Luis García, jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, oyeron los argumentos y pusieron un plazo: el jueves próximo se pronunciarán sobre la pertinencia –o no– de la extracción compulsiva de sangre y saliva ordenada por Sandra Arroyo Salgado. En cualquier caso, los querellantes coinciden en que el fallo del jueves próximo no será clave ni acabará con la incertidumbre: sólo la mudará al despacho de la Corte Suprema de Justicia.
El plenario público del jueves fue convocado por la Cámara de Casación luego de que aceptara un recurso de apelación más del arsenal que viene desplegando la defensa. Primero fue el turno de la defensa. El argumento principal fue el mismo que en las instancias anteriores: la extracción compulsiva es inconstitucional porque violaría las garantías de autonomía y el derecho a la intimidad de Marcela y Felipe.
Las querellas lo rebatieron: “Su autonomía es relativa, porque solo queremos que se saquen sangre para conocer su identidad”, repite Alan Iud ante la consulta de Miradas al Sur. “Qué hacen ellos con esa nueva identidad, en caso de ser positivo, es una decisión privada”, agrega. Además, según la interpretación del letrado de Abuelas, existe jurisprudencia de la Corte al respecto: “El derecho a preservar su intimidad no puede ser un obstáculo para esclarecer el delito y satisfacer los derechos de otras personas, de acuerdo al fallo Prieto del año 2009”.
Hace mucho tiempo que la única estrategia judicial de los jóvenes y de Ernestina Herrera está blanqueada: dilatar lo máximo posible el análisis de histocompatibilidad, haciendo de cada movimiento de la jueza un debate jurídico en todas las instancias. La viuda de Roberto Noble podría haberse defendido de otras mil maneras: llevar testigos, por ejemplo, que perjuraran que nunca pudo saber –a pesar de siempre haberlo querido– en qué cigüeña llegaron hasta su casa Marcela y Felipe. Pero no. “Se empeñaron en usar a los pibes como escudos protectores de una apropiadora, porque más allá de que sean o no hijos de desaparecidos, está clarísimo que Ernestina se apropió de un bebé y una beba. Y hoy ya cansaron a todo el mundo”, sostiene Pablo Llonto, abogado de las familias Lanuscou y Miranda, a Miradas al Sur.
A su turno, el fiscal Raúl Plée, aconsejó concretar la pericia para alcanzar “los principios de identidad de las víctimas en un caso donde se han agotado todas las posibilidades”. Plée no es un precisamente un fiscal ligado a la defensa de los derechos humanos. Cercano al procesista Alfredo Bisordi, no pocos mencionan sus vínculos con el Ejército. Sin embargo, a partir de la reapertura de las causas, Plée se acercó a la Unidad de Derechos Humanos que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti. Desde entonces, ha intervenido en otras causas en sintonía con las pretensiones de los organismos.
“Su dictamen tiene muchísimo peso porque actúa representando los intereses del Estado, y por lo tanto, los de la sociedad”, dice Iud. Tan importante es, para el abogado, que “cuando la Corte no autorizó el análisis de sangre en el caso Prieto, Carmen Argibay soslayó el dictamen favorable del procurador Esteban Righi porque el fiscal inferior en jerarquía a Righi nunca se había pronunciado”.
Llonto no se mostró sorprendido por su pronunciamiento. “En este caso, no sé si hasta Romero Victorica lo hubiese hecho –ironiza–. Porque la verdad es que ya colmó la paciencia.”
Un futuro mediato. La Sala II de la Cámara de Casación, se sabe, no tiene precisamente un pedigrí esperanzador. Se trata de la misma terna –Madueño, García y Yacobucci– que en marzo de 2010 detuvo el análisis de ADN cuando estaba por entrar al laboratorio. Fue cuando dispuso “el efecto suspensivo” de un recurso de queja presentado por Carrió y Piña, abortando la pericia que había ordenado –dos veces– la Cámara Federal de San Martín y se disponía a cumplir a regañadientes el entonces juez Conrado Bergesio.
Hoy, el expediente ha cumplido una década de instrucción sin resultados, y el apremio es distinto. “Tenemos la esperanza de que el tribunal confirme los análisis, aunque el escenario es complicado”, dice Iud. Aunque aun en ese caso, los tiempos se van a prolongar. Después del fallo, la defensa cuenta con diez días hábiles para presentar el recurso extraordinario ante la Corte, otros diez días hábiles para querellas y fiscalía para contestarlo, otro tanto de Casación para rechazar el recurso o elevarlo a los Supremos, y la feria judicial entre medio. “Con suerte, después de la feria, a fines de julio o principios de agosto, estaríamos sabiendo si la causa pasa formalmente a la Corte Suprema”, calcula Iud. “Y se toman su tiempo: sería muy raro tener una definición para antes de fin de año”, concluye.
Llonto no es más optimista. “Si sigue en este camino, va a ser difícil que este año haya análisis”, estima. “Salvo que la Corte tenga un poco de piedad y compasión y resuelva esta causa en un mes”. No existen antecedentes en el máximo tribunal de tal celeridad. El entrecruzamiento, por otro lado, no se haría al día siguiente del fallo. La jueza se tomaría un tiempo para pensar cómo, habría nuevas objeciones. “Van a hacer lo imposible –dice Llonto–. Nos quedó claro hace unos años. Será cuestión de mantener la paciencia eterna y firme, como enseñaron las Abuelas y las Madres: seguir, seguir y seguir”.
–¿Los jueces podrían haber evitado que le estrategia de dilación de las defensas fuera tan efectiva? –quiso saber Miradas al Sur.
–Sí, claro. Si no hubieran aceptado todos los recursos. Cuando la jueza Arroyo Salgado citó a Marcela y Felipe para sacarse sangre y saliva “con o sin su consentimiento”, no fueron y apelaron. La jueza tendría que haber rechazado el recurso diciendo “basta de apelar, ya hemos discutido mil cosas, no tiene fundamento”. Ellos hubieran ido en queja a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara hubiera apoyado a la jueza. Hubiesen ido en queja a la Casación, que les hubiera dicho basta, y la Corte lo mismo. Si se hubiera hecho eso, el análisis probablemente estaría hecho.
–¿Y por qué lo hacen: para mostrarse garantistas con la imputada o la sociedad, para evitar futuras nulidades?
–Le tienen miedo a Clarín. Eso, o son parte de este juego perverso de los abogados de Marcela y Felipe de estar simulando que están haciendo una defensa de sus intereses y no encubriendo a Ernestina.
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