El pasado 17 de abril, este diario abordó el tema de las complicidades del sistema judicial durante la última dictadura militar. En línea con aquella nota, Miradas al Sur accedió de manera exclusiva a las actas labradas por un ex juez de instrucción durante la represión ilegal. El funcionario judicial Manlio Martínez tomó declaraciones a testigos en centros clandestinos de detención como la tenebrosa escuelita de Famaillá, mientras el genocida y represor Antonio Domingo Bussi gobernaba la provincia.
Este diario había informado que Martínez había sido pedido como testigo para las diversas causas que se tramitaban en Tucumán por delitos de lesa humanidad, pero hubo una fuerte resistencia de algunos fiscales federales para que el ex juez de la dictadura declarase en dichas causas. Es más, a uno de los jueces que integró el último tribunal que condenó al genocida Luciano Benjamín Menéndez en la causa Romero/Niklision, le llamó la atención que Martínez, “nunca haya sido citado a declarar en estas causas”.
Para el magistrado José María Pérez Villalobo, “tanto el ex juez Martínez como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia del supuesto enfrentamiento, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos, ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”, aseguró a Miradas al Sur.
El acta en la que aparece Martínez participando desde un centro clandestino en la toma de declaración a un detenido la detectó el actual fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, cuando ya se realizaban las audiencias de debate en el juicio por la muerte del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, en 2008. En ese momento, Gómez le envió un escrito al fiscal acusador de Bussi y Menéndez, Alfredo Terrar. “Es un acta de fecha 14 de octubre de 1975 donde consta que el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez visitó uno de los campos de detención clandestinos que se conocía eufemísticamente como la base de operaciones que el Ejército Argentino había instalado en esa época en la ciudad de Famaillá. A tales fines, le acompaño una fotocopia certificada de la mencionada acta”, le dijo un fiscal a otro.
Cabe destacar que Martínez estaba en la lista de testigos de ese juicio, pero llamativamente y por acuerdo del Ministerio Público y la defensa de los represores, desistieron de escuchar al ex juez frente al Tribunal Oral en lo Criminal.
Pero, además, Gómez le envió un cuestionario a Terraf para que éste le preguntara a Martínez, “si usted cree conveniente, pregunte al testigo si reconoce como propia alguna de las firmas que aparecen insertas al final de las actas existentes en la causa ‘Ciotta de Moavro, Nélida s/ denuncia secuestro y desaparición de Amalia Moavro’. Y si durante los años 1975 a 1983, visitó alguno de los centros clandestinos de detención que existieron en nuestra provincia, hoy conocidos como Jefatura de Policía, Escuelita de Famaillá o Ingenio Nueva Baviera”, pidió Gómez. Sin embargo, esas preguntas nunca pudieron ser contestadas, ya que a Martínez nunca se lo citó como testigo en ninguna de las causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán.
Pero no todo termina ahí; otro fiscal federal, Emilio Ferrer, vinculado con las causas por los derechos humanos, se excusó de investigar al ex juez, por dos razones muy simples, porque “es mi amigo” y “mi apoderado legal”.
El represor y genocida Antonio Domingo Bussi declaró en la causa Romero/Niklison que Martínez sabía “muchas cosas” y que debía prestar “declaración indagatoria”. La causa tiene relación con la muerte y desaparición de cinco militantes de Montoneros asesinados dentro de una vivienda en la provincia en 1975, por el que fue condenado sólo Menéndez. Bussi, en ese entonces, estaba internado. “Más que ninguno de nosotros, lo son las acciones del ex juez Martínez que seguramente substanció el sumario correspondiente que debe obrar en autos. Tuvo una participación directa y personal”, había declarado el geronte Bussi en 2009, sobre el ex juez.
Ante esta situación, Ferrer se inhibe y presenta un escrito muy llamativo al juez federal Nº 1 Daniel Bejas. “Habiendo tomado conocimiento del contenido de declaración indagatoria de A. Bussi, estimo que ello podría involucrar en la presente causa al Dr. Manlio Martínez con quien me une una relación de amistad y profesional; el Dr. Martínez es mi apoderado legal. En virtud de ello vengo por el presente a inhibirme de intervenir en la investigación de la presente causa”, dijo el fiscal Ferrer, quien estaba encargado de la instrucción de los delitos de la dictadura.
En otra oportunidad, el genocida Bussi hizo mención de Martínez, pero en este caso, en el juicio por la megacausa sobre la jefatura de policía a principios del 2010. Ahora las actuaciones fueron a parar a la fiscalía de Carlos Brito, quien desde el 24 de febrero de 2010 las tiene en su despacho sin que se conozca cuál es la intervención real del ex juez Manlio Martínez durante la dictadura. En esta edición publicamos el acta donde se demuestra la participación del magistrado en los centros clandestinos de tortura. Como muchos civiles que participaron con los genocidas del pasado, Martínez sigue sin ser investigados por la Justicia Federal.
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