Un doble faltazo previsible
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que “nadie que tiene pruebas de un delito puede ocultarlas”. La resolución del caso podría dilatarse hasta que la Corte Suprema se expida.
Por Raúl Kollmann e
Irina Hauser
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que “están utilizando a los jóvenes para no llegar a la verdad”.Marcela y Felipe Noble Herrera no concurrieron ayer al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así, como anticipó Página/12 el miércoles, el expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín va camino a empantanarse. Desde hace nueve años, ambos jóvenes y su madre se niegan a que, de una manera definitiva, se establezca si son o no hijos de desaparecidos. Ayer volvieron a eludir la decisión de la Justicia con una apelación, con la que intentan dilatar el proceso y llegar a la Corte Suprema. A primera hora, los letrados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que sostuvieron que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado interpreta equivocadamente la ley que ordena extraer mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para realizar los estudios de ADN. Las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la jueza tiene facultades para llevar a Felipe y Marcela por la fuerza pública a realizar el análisis, pero esa chance no fue contemplada por la magistrada, quien resolverá sobre la apelación que, de todas maneras, tendrá que ser tratada por la Cámara Federal de San Martín. Todo indica que el caso irá a la Cámara de Casación y luego a la Corte.
Arroyo Salgado estuvo temprano en el Hospital Durand, sede del BNDG. Junto con la titular del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo, hicieron una especie de guardia formal para el improbable caso de que Marcela y Felipe se presentaran a hacerse los estudios pedidos por la jueza. Como era cantado, nada de eso ocurrió y, también temprano, los abogados de los jóvenes –encabezados por Jorge Anzorreguy– presentaron una apelación en el juzgado de Arroyo Salgado. La magistrada evaluó que con la apelación su resolución no quedaba firme y, por lo tanto, se suspendió, de hecho, la extracción.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a la cancha al mediodía. “Nadie que tiene pruebas de un delito, puede ocultarlas. Los abogados están utilizando a los jóvenes, los utilizan y victimizan para no llegar a la verdad de este crimen horrendo de la dictadura. El Estado tiene la obligación de establecer la verdad.”
Para justificar su no presentación, los abogados de los hijos de la dueña de Clarín sostuvieron que la jueza interpreta mal el artículo 218 bis del Código Penal que, por una ley del año pasado, faculta a los magistrados a extraer en forma compulsiva mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para hacer el estudio de ADN. Anzorreguy se basó en un caso anterior, Vázquez Ferrá-Gualtieri, en que la Corte rechazó la extracción compulsiva. Pero aquel fallo fue previo a la sanción por parte del Congreso de la ley que estableció el artículo 218 bis y, además, los ministros de la Corte entendieron que había medidas alternativas posibles, como realizar algún allanamiento e incautar ropa o cepillos de dientes como camino para conseguir el material necesario y hacer el estudio de ADN. En el caso Noble Herrera esas medidas alternativas se concretaron, pero siempre los resultados terminaron siendo dudosos. Por ejemplo, en la ropa interior de Marcela apareció un perfil genético masculino pero también uno femenino.
Lo cierto es que tanto el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, como el de las familias querellantes, Pablo Llonto, denunciaron que se sigue demorando la extracción de sangre o pelo que fue ordenada por primera vez en diciembre de 2002, hace ocho años. Las apelaciones y presentaciones, que se vienen haciendo desde mucho antes de la asunción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, consiguieron dilatar las cosas y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida, lo que puede demorar cerca de un año. El primer paso lo tendrá que dar Arroyo Salgado la semana próxima. La jueza seguramente rechazará la apelación. Es muy probable que lo mismo suceda con la Sala II de la Cámara de San Martín e incluso en Casación. La última palabra la tendrá la Corte.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159270-2010-12-24.html
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