Año 3. Edición número 136. Domingo 26 de diciembre de 2010
Promediaba el juicio Videla cuando el testigo Jorge de Breuil sintetizó su paso por la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de Córdoba: “La prisión no se vive en forma individual, señor juez, sino como una experiencia colectiva”. Se refería a la los lazos solidarios que establecieron los presos políticos dentro del penal, y a las estrategias de supervivencia que les permitieron conservar el recuerdo de los hechos y sobreponerse a la incertidumbre. La frase sobrevoló la sala de audiencias, y en ese instante de silencio los asistentes comprendimos la fortaleza de una memoria construida y atesorada durante años.
Otra experiencia colectiva, simétricamente opuesta pero enraizada en las mismas luchas, se instaló frente a la torre de tribunales este miércoles 22 de diciembre, bajo el sol abrasador del mediodía cordobés. Era el día señalado por el tribunal para dictar la sentencia del proceso oral y público por delitos de Lesa Humanidad más grande que recuerde este país desde el Juicio a las Juntas.
El juicio Videla comenzó el 2 de julio. En estos casi seis meses, se acumuló un total de 63 audiencias, y 110 testigos –muchos de ellos víctimas de la represión– tuvieron la oportunidad, luego de 34 años, de brindar su testimonio frente a un tribunal de la democracia. Dos causas distintas fueron agrupadas en la etapa oral: los fusilamientos, entre abril y octubre de 1976, de 31 presos políticos que se encontraban en ese momento a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la institución judicial; y la causa “Gontero”, que investigó los tormentos sufridos durante el mismo año por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2).
Transformar la realidad. Los rostros severos en el banquillo de los acusados enmarcaron el discurso de Menéndez, que solicitó cerrar las últimas palabras antes de la sentencia, un derecho que asiste a todos los imputados y que había iniciado Videla en la víspera de la sentencia. En su previsible arenga, el dictador habló de “una guerra interna”, desconoció a los miembros del tribunal considerando que no son sus “jueces naturales” y sostuvo la teoría de los dos demonios para argumentar su versión de la historia reciente y justificar los crímenes del terrorismo de Estado.
La escena contrastaba con la intensidad festiva de la calle y la sensación de expectativa creciente. Entrada la siesta, la convocatoria de los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles componía una nutrida multitud. El renovado impulso de la participación política, esa entelequia tan mentada en estos días, cobró aquí su dimensión real. El mar de fueguitos brillaba con el ardor juvenil de las murgas y las banderas flameantes. Presidida por las 31 siluetas de los compañeros fusilados, la liturgia militante se resignificaba frente a un escenario copado por bandas de rock cordobesas. La atmósfera brillante y calurosa intensificaba los colores, precisaba los movimientos de esos cuerpos sudorosos y alegres. A nadie agobió la temperatura, nadie resignó la felicidad de presenciar un momento único y ser parte de la historia. Todos celebraron la vida y la memoria en esta nueva experiencia colectiva.
Pasadas las cinco de la tarde hizo su entrada en la sala de audiencias el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier. La tensión de una larga espera que llegaba a su fin silenció la sala y el barullo de afuera. El tiempo parecía detenerse, hasta que el reloj marcó la hora señalada. Las agujas se clavaron a las 17.49, cuando comenzó la lectura del documento final.
La sentencia. Daniela tiene 21 años y fatiga la suela de sus sandalias repartiendo cientos de fotografías de los militantes asesinados. Es amiga de Pablo Suárez Zorrilla, sobrino de Claudio Aníbal Zorrilla, estudiante de arquitectura y militante de la organización Política Obrera que fue asesinado en un fraguado intento de fuga el 19 de junio de 1976 junto a Mirta Abdón, Esther Barberis y Miguel Ángel Barrera. Daniela nació en democracia, tendrá nuevas inquietudes y su vida transitará caminos muy distintos que los de los presos políticos de los 70. Sin embargo, lleva un pequeño tatuaje en su pie izquierdo en el que inscribió sobre su cuerpo una consigna gigantesca, que en algún momento de nuestra historia pareció lejana: “Nunca Más”.
Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976, ese terrible año argentino. Rosario presenció casi todas las audiencias, y su perseverancia no sólo estuvo motivada por el vínculo filial. Su memoria, ese talismán que atesoró durante décadas, debía permanecer vivo y protegido, esperando el momento en el que pudiera recuperar su presencia. “Recuerdo todo, y durante estos años me obligué a recordar todo. Me preparé para este momento cuidando lo que me queda de memoria para que la vida de Pablo no quedara en el olvido. Yo sabía que este momento llegaría”, dijo antes de entrar a testimoniar, en los inicios del juicio.
Daniela está entre las miles de almas que, en la calle y silenciosas, aguardan el dictamen del juez. Rosario está en la sala, con el llanto contenido y la emoción a flor de piel. Pertenecen a distintas generaciones y sus vidas cotidianas serán tan diferentes que no pueden describirse en estas líneas. Pero el fulgor de esta nueva victoria sobre la muerte las une en un festejo interminable. Estallan, como todos los presentes, en el momento en que Díaz Gavier pronuncia las esperadas palabras: “Este tribunal resuelve (…) Declarar a Jorge Rafael Videla, ya filiado, autor mediato (determinador) penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (treinta y dos hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (veintinueve hechos en concurso real), tormento seguido de muerte (un hecho); imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio penitenciario Federal”.
La multitud canta, festeja cada nueva condena. Los silbidos se escuchan desde lejos cuando las resoluciones son más benévolas que las esperadas. El juez dicta condenas a prisión perpetua, algunas condenas menores, y sorprende a todos con 7 absoluciones. Entonces la sorpresa se convierte rápidamente en bronca. Nadie esperaba que fuera absuelto Osvaldo César Quiroga, un veterano de Malvinas que el 12 de agosto de 1976, cumpliendo una orden, retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados unos a otros, vendados los ojos y en el piso de un camión. Luego de una parada intermedia, fusilaron a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, a quien le hicieron ver los cuerpos rematados y lo regresaron a la cárcel para que contara lo sucedido. En su testimonio recordó que el oficial a cargo del operativo siempre fue el mismo. Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a estos detenidos. Nadie comprendió la decisión del tribunal, y tanto la fiscalía como las querellas se mostraron disconformes en este punto. Sobre este punto, el presidente del tribunal declaró a este cronista: “Es un problema de valoración de las pruebas y de los indicios que tendían a acreditar la responsabilidad de Quiroga, si esas pruebas no llevan a un estado de certeza, si uno tiene alguna duda, si se abre alguna posibilidad de interpretación diferente, el juez tiene la obligación legal de absolver. Pero quiero decir que este episodio no ha quedado impune de ninguna manera. Han sido encontrados responsables por el tribunal y condenados a prisión perpetua Videla, Menéndez, Meli, González Navarro, Poncet y Fierro. Todo el estado mayor de la brigada, quien ejercía el comando del cuerpo en Córdoba y quien ejercía la presidencia de la república en la última dictadura. El hecho no ha quedado impune y ha quedado acreditado, no hay dudas”.
Como contraparte, deberán purgar su condena perpetua en una cárcel común 16 imputados, entre los que se encuentran Menéndez, Carlos Yanicelli –quien fuera el jefe de inteligencia en la Policía de Córdoba hasta el año 1997, durante los gobiernos radicales de Angeloz y Mestre, mientras era ministro de Asuntos Institucionales–, y dos de los máximos responsables del levantamiento carapintada en Córdoba: los entonces tenientes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Pedro Mones Ruiz.
La lucha continua. El resplandor de un juicio que conmovió al país tardará en apagarse. Los frutos de la lucha incansable, sostenida por los organismos de derechos humanos comienzan a enderezar una historia trágica que llega hasta nuestros días.
Queda largo camino por delante. El año entrante comenzará el proceso oral y público de la megacausa “La Perla”, el centro clandestino de detención más grande del interior del país. Las complicidades civiles también deberán responder ante la justicia, en la denominada “Causa de los Magistrados”, que indica la responsabilidad de miembros de la Justicia y ya incomoda al sector conservador de la institución judicial cordobesa, arraigado en el poder desde hace un siglo.
Mientras tanto, Videla verá pasar este tiempo de memoria y justicia desde su celda, acompañado de su propio pasado.
http://sur.elargentino.com/notas/cordobazo-los-genocidas
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