Sobre el reciente decreto que prohibe los avisos sobre oferta sexual
El delito a combatir no es el trabajo sexual, sino la trata y la esclavitud de las personas, adultos y niños.
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El Gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas. El prohibir la publicación de anuncios es una medida que solo logra criminalizar nuestra actividad. Es sólo a través de la regulación del trabajo sexual, que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país.
6 de Julio de 2011- La lucha contra la trata de personas es un tema profundo y complejo. Lo sabemos, porque la Asociación de Mujeres Meretrices camina desde hace quince años toda la Argentina. Nosotras, las integrantes de AMMAR no somos tratadas, no somos obligadas, no somos secuestradas y no nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales. Repudiamos terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas. Creemos que es una obligación del Estado disponer todos los medios tendientes a acabar con este flagelo y por eso celebramos que el Gobierno Nacional tienda a generar políticas que intentan acabar con él. Sin embargo, creemos que la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que ésta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios.
No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legitima como es el nuestro. Por eso creemos que la creación de una Oficina de Monitoreo de publicación de Avisos para el trabajo sexual es importante, pero no para monitorear su existencia, sino para detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual.
El error en el enfoque no es gratuito, pues deja libre el campo de acción para aquellos que lucran, delinquiendo y aprovechándose del infortunio ajeno. El Gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas. Tapar el problema no es una solución, mucho menos si conlleva la triste consecuencia de seguir avasallando los derechos de miles de personas que hacemos de la oferta de servicios sexuales por propia voluntad, nuestra forma de vida.
El problema no son las formas de trabajo, sino la estigmatización y falta de reconocimiento de derechos de distintas tareas, eso es lo que la experiencia demostró, que ha servido y sirve de caldo de cultivo para el crecimiento de las grandes redes delictivas.
El prohibir la publicación de anuncios es una medida que solo criminaliza nuestra actividad y que motivará a aquellas compañeras más débiles, o que cuenten con menores recursos, a acudir a las grandes redes de proxenetas y tratantes, que en complicidad con las fuerzas de seguridad y amparados en el ocultamiento y la marginalidad de su actividad, tendrán vía libre para ofrecer su "amparo", haciéndoseles así mas sencillo el seguir creciendo y fortaleciéndose, a costa de la explotación y esclavitud de las trabajadores sexuales.
AMMAR no sólo es critica con esta medida, sino también propositiva. En este sentido desde principio de año intentamos por muchos medios acercarnos al Dr. Anibal Fernandez y a diputados/as y senadores/as varios para poder conversar sobre esta situación, y no hemos obtenido respuesta. Nuestra organización se encuentra trabajando en un proyecto de ley porque sabemos que solo a través de la regulación del trabajo sexual, se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país. Solo a través del reconocimiento de la diferencia fundamental que hay entre la trata de personas con fines de explotación sexual y nuestro trabajo, será posible reunir la fuerza suficiente para enfrentar directamente la trata de personas con fines de explotación sexual, colaborando en esta batalla, codo a codo con las demás organizaciones e instituciones, en procura de la eliminación de las redes que violentan, explotan y esclavizan a miles de niños, niñas y mujeres a diario.
Por ello es nuestro reclamo que:
-Se endurezcan las penas previstas para la trata de personas, tomándose como agravante el ser funcionario público.
-Se implemente un servicio de asistencia que no obligue a la denuncia a la victima y cuente con presupuesto suficiente para una real reinserción social y laboral de las/os rescatados..
- Se respete nuestro derecho al ejercicio del trabajo sexual y se nos incluya en las consultas y debates sobre Trata de Personas con fines de explotación sexual.
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