Algunos sobrevivientes aún recuerdan el ruido de la cortina metálica y el paso del tren: las vías del Sarmiento están enfrente de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que fue la base operativa del Plan Cóndor en la Argentina, la iniciativa de las dictaduras de la región para perseguir a opositores políticos. El predio estaba lleno de autos robados a los detenidos. Una cortina de lona pendía de una viga y separaba un infierno de otro: a los militantes apresados los alojaban de la cortina para atrás. Estaban tabicados, tirados en un piso que solía estar lleno de grasa. Cerca de la escalera que llevaba al primer piso fue asesinado Carlos Santucho: lo colgaron por horas de una cadena sujeta al techo y después lo metieron en un tanque de color negro, donde fue ahogado. Era uno de los hermanos de Mario Roberto Roby Santucho, jefe del ERP. Este crimen, y todos los que se cometieron en ese chupadero, tuvieron esta semana justicia.
Orletti fue un taller mecánico de dos pisos ubicado en Venancio Flores 3519, Floresta. El lugar lo había alquilado la Side como lugar de detención y tortura. Por allí pasaron unos 300 detenidos que estaban a disposición de la central de inteligencia. Entre ellos, Marcelo Ariel Gelman, hijo del Juan Gelman. Marcelo apareció con un tiro en la cabeza dentro de un tambor relleno de cemento. Su esposa, María Claudia García Irureta Goyena, fue llevada a Uruguay para dar a luz a Macarena, la hija de ambos. Luego fue asesinada. Los sobrevivientes narraron en el juicio las condiciones infrahumanas de detención y “mecanismos especialmente abyectos de tortura”, como se leyó al inicio del debate oral. “Con un sistema de poleas y roldanas se subía y bajaba a la víctima con cables en la cintura y en los genitales. Se les pasaba corriente eléctrica mientras les arrojaban agua, los bajaban para que sus pies entraran en contacto con sal gruesa que había en el piso y así intensificar el shock eléctrico”, declaró un testigo. El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, llegó a comparar los horrores de Orletti con los campos de concentración nazis: “Todo secuestrado era sometido a un régimen con tanta carga de terror y sadismo, que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos”.
La causa fue reabierta luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Tras la elevación de Rafecas el juicio comenzó el 3 de junio del año pasado y declararon más de cien testigos y sobrevivientes. Las víctimas son 34 ciudadanos uruguayos, 29 argentinos y dos cubanos. El tribunal estuvo integrado por los camaristas Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gestas. Que el jueves dictaron sentencia. El general retirado Eduardo Cabanillas fue el jefe del centro. Lo condenaron a prisión perpetua por ser “partícipe necesario” penalmente responsable de cinco homicidios, 29 privaciones ilegales de la libertad y otros tantos casos de tormentos.
Raúl Gulielminetti, ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, recibió una pena de 20 años. Para la Justicia fue autor de 25 secuestros y 21 casos de torturas, agravados por tratarse de ex funcionarios públicos. El Mayor Guastavino –tal su alias– ya había sido condenado por su participación en el circuito ABO (los centros Atlético, Banco y Olimpo). También fueron sentenciados los ex agentes de la Side Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz: 25 años de prisión por 65 secuestros y 60 casos de tormentos. Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz fueron absueltos en cinco casos de tormentos. Por ejemplo, los que sufrieron el actor Luis Brandoni y su ex mujer, Martha Bianchi, quienes tras permanecer un día en Orletti debieron exiliarse en España. No fueron juzgados, porque ya murieron, el general Otto Paladino, mandamás de la Side y el verdadero jefe de Orletti, ni Aníbal Gordon, jefe de una patota de la Triple A y agente de la Side.
La familia procesista no faltó a la cita. Desde la bandeja de arriba de la sala, un pequeño grupo de familiares, amigos y ex camaradas de los represores condenados protestaron contra el veredicto cantando el Himno. Quien cantó más fuerte que todos fue la Cecilia Pando, que no se pierde ni uno de estos eventos judiciales. En esta ocasión no amenazó de muerte a nadie, pero sí se acercó al blíndex que protege a los acusados y colocó un cartel que decía: “Ayer terroristas, hoy en el gobierno”. En la parte baja, los organismos de derechos humanos festejaron el fallo. Y cantaron: “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta va a parar a Marcos Paz”.
Rodolfo Yanzón, abogado querellante, se mostró satisfecho con el fallo. “A fines de mayo tendremos los fundamentos y esperamos que se deje constancia del marco en el que se cometieron los crímenes en Orletti, uno de los principales escenarios de la operación Cóndor”, remarcó a Miradas al Sur. “Por ese centro –dice– pasó más de un centenar de víctimas, entre las que debemos resaltar a dos ciudadanos cubanos, miembros de la embajada en Buenos Aires, a chilenos y a decenas de uruguayos. Actuaron también militares uruguayos en los operativos de secuestros y tormentos aplicados a sus connacionales.” Yanzón resaltó que muchas de esas víctimas tenían el estatus de refugiados políticos por la persecución que sufrían en sus países de origen, donde ya había dictaduras. “Las dictaduras también violaron esa protección internacional que otorga la Convención sobre Refugiados de la ONU, porque caracterizaron a las víctimas como ‘terroristas’.”
El Cels patrocinó a las familias Gelman, Irureta Goyena y a la de Guillermo Binstock. Su director, Gastón Chillier, aseguró que estas condenas “fortalecen los procesos de justicia que se están llevando adelante en otros países de la región”.
Sobrevivientes uruguayos y familiares de las víctimas vieron la lectura de las condenas en vivo y en directo, desde el jardín de la residencia del embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena. Estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y Macarena Gelman. “Cuando ves las caras de los represores condenados es como ponerle un rostro a todo lo que pasó”, dijo la nieta recuperada. Hace pocos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó sentencia contra Uruguay por el caso Gelman. Yanzón afirma: “Esperamos que esta sentencia tenga efecto en el hermano país y que se deje sin efecto la Ley de Caducidad y se juzgue a los responsables de crímenes de lesa humanidad.”.
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