La responsabilidad de la Justicia en el plan de exterminio del terrorismo de Estado y la actuación del ex juez federal Manlio Martínez fueron señaladas por José María Pérez Villalobo, integrante del Tribunal Oral Nº 1 que condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y al comisario Roberto El Tuerto Albornoz en la causa “Romero-Niklisson”. El magistrado acusó a Martínez al destacar que los testigos “refirieron que acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores”. También expresó su esperanza de que “se investiguen las conductas de los funcionarios judiciales” y estimó que “aquellos magistrados y funcionarios que tuvieron complicidad con el terrorismo de Estado deben ser juzgados con la misma severidad que los responsables reales de este período negro de nuestra historia. Si las víctimas han confiado en este órgano judicial para relatar sus padecimientos, tenemos la obligación funcional de promover las investigaciones correspondientes”.
En la causa “Romero-Niklisson” se investigó y probó el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros. En su dictamen, Pérez Villalobo denunció que “tanto el ex juez Martínez como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia del supuesto enfrentamiento, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”. Para Pérez Villalobo, “esas omisiones funcionales tenían el claro propósito de encubrir el accionar delictuoso de las fuerzas del orden”. Su conclusión es que “el Poder Judicial es el único poder del Estado que no hizo su autocrítica reflexiva”.
“Ni la policía me exigió que me declare dueño de ese paquete (con panfletos) y, en verdad, lo único que tiene que hacer usted es tomarme declaración testimonial y no exigirme que declare una cosa que no es cierta.” Esas palabras le enrostró un obrero ferroviario detenido ilegalmente al juez federal Manlio Martínez en 1975. Están en el legajo 317-B-84 del informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas en Tucumán. Decenas de testimonios similares y otros aun más graves incriminan a Martínez, que siguió siendo juez en democracia y nunca fue llamado a declarar ni en calidad de testigo. Ejerció el cargo entre 1974 y 1984, cuando los senadores rechazaron su pliego. Desde la Operación Independencia y durante la dictadura, rechazó todos los hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. También dio por finalizadas algunas causas por asesinatos emblemáticos, como el del presidente de la UCR tucumana, Angel Gerardo Pisarello, sin haber realizado ninguna investigación.
El fiscal Alfredo Terraf, acusador en el juicio “Vargas Aignasse” en el que fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, reveló que hay “un acta en la causa, en la cual ese ex magistrado (Martínez) aparece visitando Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino de detención, en compañía del entonces coronel Mario Benjamín Menéndez”. Este militar fue jefe de estado mayor de la zona de operaciones en Tucumán y fue el que en 1982 rindió las tropas argentinas a los ingleses en la guerra de las Malvinas. El general Rattembach, en su informe sobre el desempeño cobarde e inepto de la mayoría de la oficialidad argentina, pidió para Menéndez las penas más duras contenidas en el Código Militar. Años después Menéndez dijo que los siete meses que pasó en Famaillá fueron un período de gran aprendizaje y elogió la tortura como método aplicado en ese lugar.
El juez español Baltasar Garzón, cuando en nuestro país estaban vigentes las leyes de impunidad, pidió la captura internacional del ex juez Martínez, junto a decenas de represores que actuaron en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.
En Tucumán, todos saben que la familia judicial, cómplice de la dictadura militar, permanece incólume. Familiares y amigos de los funcionarios que debieran ser acusados por esa complicidad con los represores pueblan los juzgados provinciales y federales. Al producirse la caída de las leyes de impunidad los abogados querellantes en las causas de violaciones de los derechos humanos descubrieron que en los expedientes faltaban folios que habían sido arrancados y no pudieron rehacerse nunca más. Es fácil imaginar quiénes los sustrajeron.
Una gestión personal del ex presidente Kirchner impidió que un personaje ligado a los represores, Francisco Sassi Colombres, ex fiscal de Estado durante la dictadura y acusado de defender a Bussi en los estrados judiciales, llegara a integrar la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo para el que ya había sido designado con la aprobación de los legisladores provinciales. Inexplicablemente, el gobernador José Alperovich lo nombró presidente de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, cargo que actualmente desempeña. Sobre Sassi Colombres pesa la denuncia de que hizo desaparecer, quemándola, documentación sobre los desaparecidos en Tucumán, que se encontraba escondida en su estudio.
Otro ex fiscal de Estado de la dictadura y funcionario de todos los gobiernos militares desde la década del ’60, Mario René Goane, fue designado vocal de la Corte Suprema provincial, en una clara demostración del poder de la corporación judicial, que pudo más que los gobiernos nacional y provincial, que intentaron vanamente impedirlo. El establishment en pleno lo respaldó, destacando sus cualidades de hombre de bien, occidental y cristiano. Al recordarse en 2010 el bicentenario del tucumano Alberdi, Goane afirmó en un discurso que “la República hoy atraviesa una sistemática y grave situación de peligro de extinción y de instauración de un totalitarismo enmascarado”. Curiosa preocupación de Goane: nunca abrió la boca para defender las libertades conculcadas cuando en la dictadura ocupó el mismo cargo que tiene ahora.
Los funcionarios de la unidad de seguimiento de los juicios por violaciones de los derechos humanos de la Nación formularon advertencias y denuncias sobre las trabas en las causas en Tucumán. Remo Carlotto dijo que los juicios en la provincia tenían una estructura perversa que beneficiaba a los represores. A su vez, el fiscal Jorge Auat afirmó que un ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que se hizo en Tucumán, donde, a pesar de que esa provincia fue una de las más castigadas por el terrorismo de Estado, los juicios se estructuraron por casos individuales, en lugar de nuclearlos por centros clandestinos de detención.
El caso Debenedetti. Osvaldo Debenedetti era un militante del PRT que fue detenido en 1974 en Tucumán y a quien el juez Martínez procesó y envió a la cárcel, acusándolo de integrar una asociación ilícita. Al mismo tiempo fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El Tordo, como le decían sus compañeros, deambuló de penal en penal durante 4 años hasta que en 1978 fue alojado en la UP 1 de Córdoba.
Un ex militante del ERP que se había entregado, agobiado por las condiciones de la vida en clandestinidad, fue el nexo que los militares encontraron para vincular a Debenedetti con el frustrado ataque a un cuartel del Ejército en Catamarca en 1974. Se convencieron de que El Tordo había ocupado un lugar relevante en la estructura guerrillera y decidieron asesinarlo. Ordenaron su traslado desde la cárcel de Córdoba a Tucumán. Allí fue alojado en el penal de Villa Urquiza, de donde un día lo sacaron y lo mataron. El Ejército informó que Debenedetti había muerto al intentar fugar, en algún lugar cercano a Caspinchango.
Debenedetti era un preso con proceso y el juez que entendía en la causa, Martínez, era el responsable de su seguridad y del cumplimiento de todas las normas legales que garantizaran su vida. La fuga fraguada no fue investigada nunca por el juez. La causa por este asesinato, en la cual hay media docena de imputados, incluidos los acusados de haber cometido el crimen, iba a ser tratada en juicio oral a principios de este año, pero fue postergada para fines de octubre próximo.
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