Año 3. Edición número 152. Domingo 17 de abril de 2011
El presidente José Mujica recibió “inquietudes” de las FF.AA. (TELAM)
Hace apenas seis días que el Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley para invalidar la Ley de Caducidad, la norma que ponía fin, antes de que empezaran, a los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la dictadura en ese país. Como era de esperarse, las quejas y presiones del sector castrense no tardaron en evidenciarse: los más altos jefes militares le transmitieron su “inquietud” al presidente José Mujica, que de todos modos adelantó que no vetará la ley. Hay un gran debate en Uruguay sobre este tema. Por un lado, la derogación de la ley es una luz de esperanza para las familias de las víctimas. Pero, también, choca con la voluntad popular: es que en dos referendos –uno en 1986 y otro en 2009– los ciudadanos ya había respaldado la norma. De acuerdo con las cifras de organismos de derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca de cien personas en cárceles y cuarteles y hay al menos 34 desaparecidos.
El jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla; los comandantes en jefe del Ejército, Jorge Rosales, de la Armada, Alberto Caramés, y de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, junto al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, mantuvieron el viernes una reunión de dos horas con Mujica en la residencia presidencial del barrio Prado. El jefe de Estado confirmó al diario La República que los mandos le transmitieron su “inquietud” por el proyecto aprobado por los senadores. Y dijo que sólo se limitó a escuchar sus planteos.
Poco antes del acto en el Círculo Militar, el ex comandante en jefe del Ejército, el general Raúl Mermot, participó de un acto recordatorio de los “caídos en la lucha contra la guerrilla”. Mermot dijo que el Ejecutivo de Mujica “avasalla el Estado de derecho” y que, de esa forma, “declina la democracia por el avasallamiento de este gobierno”. Y, en un dicho que sonó a amenaza, agregó que la invalidación de la Ley de Caducidad “puede terminar en una crisis institucional” y aun en “problemas muy mayores”.
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986. Su otro nombre, con el que era llamada comúnmente, era más claro: “Ley de Impunidad”. Se la denominó así porque era un freno a los juicios contra policías y militares involucrados en los crímenes cometidos por el régimen que gobernó de facto Uruguay entre 1973 y 1985. La ley excluye a los civiles y da al Poder Ejecutivo la potestad de decidir qué casos quedan excluidos de la norma. La ley fue refrendada posteriormente en las urnas en 1989 y en octubre de 2009. En este caso, con el FA en el poder.
En un día histórico para Uruguay, el Senado ratificó el martes el proyecto de ley aprobado en octubre pasado por la Cámara de Diputados para invalidar la ley. Con 16 votos a favor, todos del Frente Amplio (FA), y 15 en contra, uno de ellos del oficialismo, los senadores aprobaron el proyecto de ley. Lo discutieron por doce horas. Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que reconocer como protegidos por la Constitución todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Uruguay y declarar así inconstitucional la Ley de Caducidad de forma automática, haciéndola inaplicable. Como la norma sufrió modificaciones menores en el Senado deberá ser ratificada por la Cámara baja, que ya votó a favor en una ocasión anterior. Para entrar en vigor deberá ser promulgada también por el presidente.
La votación en el Senado generó mucha polémica e incluso división en el seno del FA. Y derivó en la expulsión del senador oficialista Jorge Saravia de la corriente Espacio 609, que lidera Mujica, por su negativa a votar el proyecto de ley. Otro legislador oficialista, el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, también se opuso y pidió licencia para no verse forzado a votar a favor. Y Eleuterio Fernández Huidobro anunció en la sala que votaría a favor sólo por estar obligado por su partido y acto seguido señaló su intención de renunciar a su banca de senador por apoyar “un irreparable error que tendrá graves consecuencias”. Huidobro fue uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Consultado por radio por Eduardo Anguita, señaló: “En este debate histórico hemos estado en contra de la ley de impunidad. Pero no se trata de eso. A juicio de nuestra agrupación, que integra el Frente Amplio, este texto tiene graves defectos y puede no servir a los fines para los que se propone. Y como hubo dos consultas populares de democracia directa sobre este tema, pensamos que tenía que convocarse nuevamente al pueblo para que diera su dictamen final. Eso no fue acompañado por el resto del FA, por eso renuncié a la banca de senador”.
El debate principal estuvo centrado sobre si el proyecto avasalla la voluntad de los ciudadanos, que dos veces decidieron en plebiscitos mantener la ley, aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti en 1986.
El gobierno de Mujica sostiene que las normas internacionales y los tratados sobre derechos humanos firmados por Uruguay están por encima de las leyes nacionales y es necesario respetarlos. La ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –tal su verdadero nombre– dispone eliminar los polémicos artículos 1, 3 y 4 que declinaban sancionar a los responsables de crímenes, torturas, asesinatos y desapariciones de opositores en aquellos años de dictadura.
Entre los detractores al proyecto, el senador del Partido Nacional Luis Lacalle sostuvo que la norma interpretativa del FA “viola la Constitución” y además “hará que los militares y policías presos recuperen su libertad”. Otro opositor, Francisco Gallinal, consideró que el proyecto “es una bofetada a lo que la gente votó”. “Yo nunca vi –dijo– que interpretar una ley significa decir que la ley no existe”. Y aludió al video en el que supuestos militares amenazaron en forma anónima a jueces y fiscales que llevan adelante causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura militar. La sesión legislativa coincide con la aparición de una carta en la que centros de militares uruguayos reiteraron sus críticas al Poder Judicial, por entender que los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura no les ofrecen garantías.
La anulación de la Caducidad será aprobada seguramente el 4 de mayo por la Cámara de Diputados. Mujica descartó vetar el proyecto, por oponerse en general a ese mecanismo.
http://sur.elargentino.com/notas/caducidad-y-presion-militar
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