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Escrache: memoria en acción

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Por H.I.J.O.S. *

El escrache es una herramienta de lucha que motorizó nuestra agrupación frente a la impunidad oficial que reinó en el país durante más de 25 años. Nuestra intención fue clara: sacar a la luz lo oculto, lo escondido y mostrarlo porque “si no hay justicia hay escrache”.

Denunciamos a genocidas y cómplices de la última dictadura cívico-militar que gozaban de la libertad por los beneficios de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos. Ratas inmundas que asesinaron, torturaron, violaron mujeres y hombres, se apropiaron de menores, robaron bienes, y que vivían en el anonimato, por el silencio, por la impunidad.

Así decidimos comenzar en 1996 cuando escrachamos al represor Magnacco, que era quien firmaba las partidas de nacimiento en la ESMA. Fuimos a su trabajo, en el Sanatorio Mitre, y de allí a su guarida en Marcelo T. de Alvear y Montevideo. Y así empezamos, y nunca paramos. En Capital, hemos realizado más de 50 escraches.

El escrache nunca fue violento o buscó la justicia por mano propia: todo lo contrario. Nuestro objetivo fue buscar siempre la condena social: que ese personaje que vivía en el olvido fuera repudiado por sus vecinos. Que su casa fuera su cárcel. Y eso, de a poco, lo fuimos logrando.

Si algo caracterizó a esta manifestación fue la alegría: murgas, colores, circo, ruido. Decidimos también descentralizarlos. Llevar las manifestaciones a los barrios. Allí donde quizá nunca hubiera pasado una marcha. Pasamos por la gran mayoría de barrios porteños.

Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho. Lo cierto es que esta nueva herramienta de lucha ha sido bastardeada por diversos medios de comunicación y hoy es utilizada para definir cualquier acción o acto violento: un huevazo a un funcionario, unas pintadas en un edificio. Todo eso es “Escrache” para algunos medios. Pero justamente todo eso no es escrache. La calificación de todo este tipo de manifestaciones, acciones o intervenciones busca denostar al escrache como un acto violento. Denostar una práctica que ha demostrado desenmascarar la impunidad.

Hoy nos encontramos con un nuevo editorial que intenta descalificarlo, “Un escrache a la Educación”, publicado por el diario Clarín. El mismo critica la decisión de que en las escuelas se estudie el escrache, marchas de silencio, pintadas y graffiti como nuevas “modalidades de participación socio-política”. “Todos los escraches son una forma de fascismo”, sentencia el matutino. No es el primer editorial así. En la misma línea se manifestó el diario La Nación, ya el 1/11/2000, en el editorial “Ni escraches ni cortes de ruta”, donde manifestaba que este tipo de acciones “atentan contra el derecho de terceros y dañan la tranquilidad pública”. El 3 de julio de 2008, en otro editorial del mismo diario, “Desterrar la cultura del escrache”, habla del escrache como “esta particular y nefasta metodología, cuyas raíces más cercanas se vinculan con repudiables prácticas del fascismo y del nazismo”, para más adelante afirmar que “El ‘escrache’ es un acto de violencia moral contra personas o instituciones”. Otros periodistas del mismo diario, como Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá, también opinaron en el mismo sentido.

Resulta por demás llamativo que se intente denostar esta práctica tan válida como certera, vehiculizada por organismos de derechos humanos, cuando, por ejemplo, se está investigando el rol de estos dos diarios en la compra fraudulenta de Papel Prensa durante la dictadura. O cuando también se está esperando saber los resultados de la apropiación de Marcela y Felipe, para determinar si son hijos de desaparecidos. O cuando justo este próximo lunes deberá declarar ante la Justicia el periodista Morales Solá en la causa por el “Operativo Independencia”, por haber visitado el centro clandestino “La Escuelita” en Tucumán en plena dictadura.

Creemos haber aportado con el escrache nuestro granito de arena, como una nueva modalidad de lucha. Pero, pese a todo, también es necesario afirmar que el escrache no termina. Siempre vuelve. Porque hay muchos criminales impunes, porque hay muchos civiles que no han dado cuenta de sus responsabilidades directas para con el terrorismo de Estado, porque hay muchos ideólogos que hoy siguen usufructuando sus empresas. Por eso, a donde vayan los iremos a buscar.

* Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. www.hijos-capital.org.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162640-2011-02-19.html

Archivos en video
1
Materia Escrache - la palabra de HIJOS - 17022011
Este archivo incluye la palabra de Paula Marioni, integrante de la agrupación, respondiendo a las críticas disparadas desde sectores que responden a intereses extranjeros y de la derecha, en particular, opositora al gobierno.


2
Otro civil acusado(Martínez de Hoz, Juan Alemann; hay varios periodistas, entre otros Morales Solá), en este caso un juez; como cómplices de la dictadura apropiadora genocida cívico militar.
Juicio político al genocida juez Miret - 17022011

3
En este archivo, Ana Oberlin, abogada querellante por parte de la familia Goncalves, pide perpetua para Patti y otros genocidas.

PIDEN PRISIÓN PERPETUA PARA PATTI, RIVEROS, BIGNONE Y MENEGHINI
Fuente: http://www.youtube.com/user/AudiovisualTelam

4
Revés para Noble - La Corte dijo no -15022011


Como se puede observar en esta página, el Escrache de H.I.J.O.S, mecanismo de protesta que tuvo origen en 1996 para denunciar ante la sociedad la impunidad del médico Magnacco ("partero" de la ESMA, quien además fue agente de la Obra Social de los empleados de comercio durante la dictadura apropiadora genocida cívico militar), es sólo uno de los resortes a los que recurre la agrupación como forma de acción: hoy día H.I.J.O.S. es querellante en la mayoría de los Juicios a los genocidas que se llevan adelante en muchos lugares del país, difunde denuncias y actividades a través de la red Internet y se encuentra asociada, la agrupación, a todos los organismos de derechos humanos nacionales surgidos antes y durante la dictadura apropiadora genocida cívico militar.

HOY COMIENZA EL JUICIO POLITICO AL CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET - No lo defienden ni sus testigos

Miret fue suspendido en septiembre por el Consejo de la Magistratura.

Imagen: Gentileza la Voz del Interior

HOY COMIENZA EL JUICIO POLITICO AL CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET

No lo defienden ni sus testigos

El juez acusado de haber asumido una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” solicitó en su defensa el testimonio de Adolfo Rodríguez Saá. Pero el senador planteará hoy críticas a Miret. Habrá dos semanas de audiencias y pasarán 29 testigos.

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Por Irina Hauser

El juicio político contra el camarista federal de Mendoza Luis Miret, acusado de tener una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” cometidos en 1975 y durante la dictadura, empezará hoy con un sorpresivo gol en su contra. Uno de los testigos de concepto que había presentado para que hablara bien de él se dio vuelta antes del inicio de las audiencias. Es, nada menos, que Adolfo Rodríguez Saá, quien presentó una declaración por escrito en la que dice que recuerda a Miret porque no se ocupó como debía de la causa por su secuestro –una historia que mezclaba amantes, sexo y violencia– cuando era gobernador de San Luis. “Tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados”, advierte el senador del Peronismo Federal.

Miret fue suspendido en septiembre último, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura le imputó mal desempeño por haber ignorado “secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad” que sufrían y denunciaban los detenidos a disposición de su juzgado desde los meses previos al golpe de 1976. Las víctimas, que serán testigos ante el jurado, lo acusan de usar las declaraciones que los represores les arrancaban bajo torturas en el centro clandestino de detención D2 de Mendoza para aplicarles la llamada “ley antisubversiva”. Habrá unas dos semanas de audiencias y después de escuchar a 29 testigos el jury tomará una decisión. Miret podría convertirse en el primer juez destituido por colaborar como tal con el terrorismo de Estado.

La defensa de Miret había mandado al jurado una lista de testigos propios, entre ellos Rodríguez Saá, con preguntas. Pretendía que opinara sobre su papel en el Poder Judicial allá por 1972. El senador contestó por escrito –una opción que proporciona su cargo– que recuerda que, cuando era apoderado del PJ, Miret tenía cargo de fiscal con competencia electoral en San Luis, pero no evalúa su desempeño. En cambio se despacha en otro punto, aprovechando que le preguntaron si Miret había intervenido en el caso en que denunció su secuestro y si había juzgado “con independencia y objetividad”. “El juez Miret actuó en la causa penal por secuestro extorsivo en que fui víctima (...) El magistrado enjuiciado tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados, quienes con posterioridad fueron condenados a severas penas de prisión por el tribunal federal oral”, dice la declaración, a la que accedió Página/12. La historia que sacudió a la provincia se remonta a octubre de 1993, cuando Rodríguez Saá denunció que había sido secuestrado cuando estaba con una funcionaria (y amante), Esther “La Turca” Sesín, en un hotel. Dijo que lo violaron y que fue filmado, aunque el video nunca apareció. Sesín, Walter Salgado y Eduardo Doyhenard fueron condenados.

Aunque aquel caso no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, es evidente que el testimonio a Miret no lo ayuda. Hoy, cuando empiece el juicio, le darán la palabra. En los días sucesivos los primeros en aportar sus relatos serán la titular de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini, y Fernando Rulé, uno de denunciantes iniciales junto con Silvia Ontiveros. Luego se sumarán, entre otros, Luz Faingold y su madre, Luz Casenave: en 1975, Luz (hija), menor de edad, fue alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba a la par que su novio de entonces, León Glogowsky, también preso, denunciaba que la habían violado. El también declarará, igual que René Tomini, quien contó que Miret lo fue a ver al calabozo donde lo alojaban en el D2, tras haber sido torturado, y le recomendó: “Hay que aguantar”. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de desaparecidos, privada de recuperar su identidad durante años porque Miret archivó el caso invocando las leyes de impunidad.

Entre los testigos que pidió Miret figura la ex jueza de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, cuyo testimonio los denunciantes aguardan con expectativa. También ofreció a Eduardo Mestre Brizuela, ex compañero de tribunal de Miret que ahora defiende acusados de delitos de lesa humanidad. Los consejeros que actuarán como fiscales serán el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales, el diputado K Carlos Moreno y el abogado Alejandro Fargosi. El jury lo integran los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162076-2011-02-10.html

MEGACAUSA PRIMER CUERPO DEL EJERCITO - La fiscalía dio por comprobada la existencia de los vuelos de la muerte

10:37 › MEGACAUSA PRIMER CUERPO DEL EJERCITO

La fiscalía dio por comprobada la existencia de los vuelos de la muerte

El fiscal federal Federico Delgado tiene "probado" que desde la base aérea de Palomar partían vuelos desde los cuales se arrojaban prisioneros a las aguas durante la última dictadura militar y le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial. En el dictamen, que se basa en la declaración de más de seis centenares de ex conscriptos, Delgado sostiene que los testimonios no aportan precisiones sobre los responsables o las víctimas, lo que impide efectuar una imputación concreta contra los jefes militares.

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Mediante un dictamen de más de cuarenta carillas, Delgado sostuvo que en el predio comprendido entre las calles Benjamín Matienzo, Capitán Rosales, Derqui José Rodó, el arroyo Morón y las vías del ferrocarril San Martín, operaba "el grupo de tareas denominado G 100 que materializaba la represión ilegal".

Tras analizar el resultado de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó "formalmente" al juez Rafecas que "declare judicialmente probado la existencia de los denominados 'vuelos de la muerte' en la Primera Brigada Aérea de Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil".

Delgado sostuvo que en esa base aérea "los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos regulares y de los 'otros'. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el mundial de 1978".

"Así como había personas privadas ilegalmente de la libertad, otras disfrutaban de las piletas, de las canchas de tenis e incluso de un frontón en el que otras personas esperaban ser trasladadas en un avión con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado: la muerte", explicó el representante del ministerio público.

En esa base aérea "convivió" un aspecto "legal del Estado con una fase criminal. Allí donde algunos conscriptos cumplían con el servicio militar, también habitaba el temido grupo de tareas G 100 que regenteaba la Mansión Seré". Donde esos mismos jóvenes pasaban sus días, había personas que ingresaban a lo que se denominó la "casita de la muerte", otros eran torturados.

Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex "conscriptos" que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación ya que ellos advertían sobre la existencia de "vuelos" aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieren sido arrojadas a las aguas. Ello impidió a la fiscalía efectuar imputación concreta contra ningún jefe militar.

Los testimonios son "menciones que carecen de la entidad necesaria como para construir una imputación, siquiera con el escaso grado de sospecha" que exigen las normas legales "al menos por ahora y carecen de esa mínima certeza porque se trata de nombres derivados de la memoria de los testigos que, a su vez,

remiten a versiones que se oían en la época de los hechos y que, para colmo de males, no tienen ningún tipo de referencia espacio temporal y tampoco de alguna víctima", añadió Delgado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-161559-2011-02-01.html

DECLARACIONES DE UN REPRESOR URUGUAYO DESDE LA CARCEL - “El caso de Macarena fue una cosa rara”

“La orden fue que, cuando muriera alguno, no apareciera”, dijo Vázquez; otros militares lo niegan.

Imagen: Gentileza La República Fernando Ponzetto

DECLARACIONES DE UN REPRESOR URUGUAYO DESDE LA CARCEL

“El caso de Macarena fue una cosa rara”

El ex coronel Gilberto Vázquez, vinculado al asesinato de María Claudia García, dijo que la muerte de la nuera del poeta Gelman fue “un daño colateral”. Y que la desaparición de personas se decidió por “razones económicas”.

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Por Mercedes López San Miguel

Con desparpajo, el represor uruguayo Gilberto Vázquez dijo lo que se sabe y otros militares niegan: “torturábamos y con algunos se nos fue la mano”. El ex coronel dio una entrevista al portal Ultimas Noticias desde la cárcel, él, que cumple una condena de 25 años y está acusado por la Justicia argentina de tener vinculación con el secuestro y asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman. El, justamente él, calificó la muerte de María Claudia García como “un daño colateral”. “Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender por qué la trajeron.”

El coronel retirado fue condenado junto a otros cinco militares uruguayos por 28 delitos de homicidio especialmente agravado en el marco de las investigaciones sobre el denominado “segundo vuelo” que trasladó a los presos políticos de Buenos Aires a Montevideo en 1976. En la entrevista, Vázquez negó ese traslado. “El segundo vuelo es un invento. En el primero los trajimos porque allá (en Argentina) los iban a matar. Los salvamos, no por cuestiones humanitarias sino porque para nosotros eran fuente de información importante.”

La Justicia uruguaya concedió la extradición a Argentina de Vázquez y otros tres represores detenidos en ese país y acusados de estar implicados en el asesinato de María Claudia García –medida que se concretará cuando los militares cumplan sus condenas–. La nuera del poeta fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 a los 19 años. Estaba embarazada de siete meses cuando fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz; luego fue asesinada. Su beba, Macarena, fue abandonada en la casa de un matrimonio. Con 24 años, Macarena conoció su verdadera identidad en el 2000.

Con una fuerte dosis de cinismo, Vázquez aseguró que en su país no se robaron niños y estimó que el caso de Macarena Gelman “fue una cosa rara”. “Cuando no-sotros teníamos a un argentino, se lo dábamos a ellos porque les podía servir como fuente de información y nos traíamos a los uruguayos, pero traerse a una argentina para acá no tiene la menor lógica”, dijo a Ultimas Noticias.

Se le preguntó por qué lo hicieron. El coronel respondió sin mostrar arrepentimiento. “Cosas que pasan en la guerra. Son daños colaterales, como cuando tiramos para matar en un lado y uno se tara o le erra y encaja un bombazo en una escuela. Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender por qué se la trajeron.”

El detenido por delitos de lesa humanidad aseguró que no existen restos de desaparecidos en su país, ya que poco antes del retorno de la democracia en 1985 fueron desenterrados, quemados y sus cenizas arrojadas a un arroyo en lo que se llama “Operación Zanahoria”. “Los desaparecidos no están, no hay nada. Lo saben las Fuerzas Armadas, en el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y en el Partido Comunista.”

Sin embargo, no hay pruebas de que esa tal “Operación Zanahoria” se haya efectuado, afirmó a Página/12 Efraín Olivera, integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). El también fundador del Serpaj interpretó las declaraciones de Vázquez como “típicas de un mediático, un hombre que se escapó del hospital militar usando una peluca”.

Vázquez dijo al portal uruguayo que la decisión de hacer desa-parecer gente en su país respondió a razones económicas. “Al principio se entregaban los cuerpos. Después los altos mandos nos explicaron que el país tenía un drama económico y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión. La orden fue que, cuando muriera alguno, no apareciera.”

Varios ex militares y policías en la cárcel de Domingo Arena negaron el testimonio de Vázquez. Entre ellos, los ex coroneles Carlos Calcagno y Jorge Silveira “deslindan responsabilidad por los hechos y circunstancias” mencionadas en el reportaje. Las declaraciones de Vázquez ocurren cuando hay malestar entre algunos uniformados retirados que se sienten “hostigados” ante nuevas citaciones de la Justicia.

mercelopez@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-161547-2011-02-01.html

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-Cacerolazo desde la red

ESPAñA - Denuncia por los robos de bebés durante el franquismo

10:05 › ESPAñA

Denuncia por los robos de bebés durante el franquismo

La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares presentó una denuncia para tratar de lograr la apertura de investigaciones judiciales sobre el destino de 261 niños recién nacidos robados durante la dictadura de Francisco Franco.

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"Hemos presentado una denuncia hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido", declaró el abogado Enrique Vila. El objetivo es que las fiscalías regionales abran investigaciones sobre todos los supuestos casos de niños robados, precisó.

La denuncia, presentada por la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir), habla de 261 bebés, probablemente robados durante la dictadura franquista y hasta finales de los años 80, a madres que acababan de dar a luz. "Hay muchas más familias que se sumarán a la denuncia", aseguró Vila.

"Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago e inscripción como hijo propio", explicó Vila.

Según Anadir, numerosos niños fueron robados a sus madres, a las que se aseguraba que el niño había muerto poco después de su nacimiento para venderlo a familias que no lograban tener niños. Las identidades de los bebés fueron falsificadas y los niños "comprados" figuraban en los libros de familia como hijo biológico de la familia.

La asociación afirma que el origen de estas tramas es el de una "depuración política". Inicialmente se quitaban los hijos a las mujeres republicanas. Según Vila, ésos serían unos 30.000 casos. Pero ese robo de niños continuó después "como negocio" en el que estarían implicados religiosos y personal sanitario, indicó.

Las décadas de los 60 y 70 son las que más de estos registraron, pero las tramas habrían seguido operando con la democracia incipiente y podrían haberse extendido incluso a los años 90.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, había pedido a principios de diciembre al ministerio de Justicia ayudar a los niños robados en el franquismo a recuperar su auténtica identidad.

En una carta enviada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le propuso abrir una oficinal encargada de esas investigaciones. La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.

Anadir asegura que existen indicios de tráfico de niños y falsificación de documentos públicos, de simulaciones de partos y de secuestros y detenciones ilegales, delitos todos ellos que no prescriben. Por lo que en caso de que la denuncia no prospere, los afectados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-161249-2011-01-27.html

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Capítulo documental
-"50 años que cambiaron el mundo": "La Guerra Civil Española"

COMIENZA EL PROCESO POR EL ROBO DE NIÑOS COMO PRACTICA SISTEMATICA - Juicio al plan de apropiación

COMIENZA EL PROCESO POR EL ROBO DE NIÑOS COMO PRACTICA SISTEMATICA

Juicio al plan de apropiación

Los acusados son siete, incluidos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Serán juzgados por 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años.

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Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Jorge “El Tigre” Acosta y Santiago Omar Riveros, cuatro de los siete represores que serán juzgados.

A un tercio de siglo de los hechos y a casi tres lustros de la apertura de la causa, el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura finalmente se ventilará en un juicio oral y público. El comienzo está previsto para el lunes 28 de febrero y en el banquillo habrá siete imputados, con los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a la cabeza. En el camino quedaron Emilio Massera, Juan Bautista Sasiaiñ y Héctor Febres, fallecidos, y ahora también el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, que según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

Luego de casi treinta juicios contra apropiadores y entregadores de criaturas, el Tribunal Oral Federal 6 tendrá la responsabilidad de conducir el proceso por el plan ilegal para cortar los lazos de sangre de los hijos de los secuestrados con sus familias y entregarlos en las “manos confiables” de los dictadores. “Hasta que no empiece no lo creemos. Este juicio se postergó y dilató tantas veces que hasta que no empiece estaremos a la expectativa. Todo parece indicar que esta vez se concreta”, advierte esperanzado Alan Iud, abogado de Abuelas.

Los imputados, además de Videla y Bignone, son el condenado general Santiago Omar Riveros, el almirante Rubén Oscar Franco, el vicealmirante Antonio Vañek y el capitán Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3 de la Armada, que rendirá cuentas por doce nacimientos en la ESMA. El séptimo imputado es el prefecto retirado Juan Antonio Azic, que sólo será juzgado por la apropiación de Victoria Donda Pérez, hija de José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

Militares y marinos serán juzgados como autores mediatos de 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. Varios casos ya derivaron en condenas para los apropiadores o bien son juicios que se están instruyendo, como el del ex policía Luis Antonio Falco, a quien la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a juzgar hace dieciséis meses (el apropiador de Juan Cabandié no tiene apuro, está excarcelado). Además de los casos de la ESMA, más de ochenta testigos reconstruirán con sus testimonios los nacimientos en cautiverio en las maternidades clandestinas que funcionaron en otros siete centros de detención ilgales: Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ª de La Plata, Automotores Orletti, Vesubio y Olimpo.

El expediente que llega a juicio se inició a fines de 1996 con una denuncia de Abuelas contra Videla y simbolizó en pleno menemato el comienzo del fin de la impunidad para los ex comandantes indultados. El dictador fue el primero que volvió a rendir cuentas, en 1998, cuando el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó su detención. Tras la destitución de Marquevich, luego de apresar por horas a Ernestina Herrera de Noble, heredó la causa el juez Norberto Oyarbide, que en 2008 envió a Videla al penal de Campo de Mayo. En paralelo se instruyó la causa Plan Sistemático, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, contra diez imputados, de los que sólo seis siguen en pie. Los tiempos del Poder Judicial derivaron entre 2005 y 2006 en el cese de las prisiones preventivas de todos excepto de Videla. Varios siguieron presos por otras causas. El ex juez Guillermo Montenegro elevó la causa a juicio oral en mayo de 2007, y desde entonces el comienzo es inminente.

El juicio ya tuvo una audiencia anticipada: el 12 de octubre de 2010 declaró María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, quien con 86 años temía no llegar a 2011 en condiciones. “Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua, un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás encuentre a mi nieta”, se esperanzó Chicha Mariani. El 24 de noviembre se cumplieron 34 años desde el secuestro de su nieta Clara Anahí.

El tribunal que conducirá el proceso estará integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, reemplazante del inhibido José Martínez Sobrino. El TOF-6 ya condenó en 2009 al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana. Su presidenta intervino además como sustituta en el proceso a los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el año pasado. Las audiencias serán lunes, martes, y miércoles de por medio. El tribunal deberá alternarse en la sala de audiencias de Comodoro Py con el TOF-5 que juzga desde hace trece meses a los represores de la ESMA y que al ritmo actual no terminará hasta mediados de 2011. (El CELS manifestó días atrás su preocupación por la duración y lamentó la postura del TOF-5 de no permitir desistir testigos). Acosta y Azic, si lo desean, podrán viajar desde Marcos Paz cinco días a la semana.

“Este juicio tiene un valor histórico muy importante, sobre todo porque Videla fue absuelto por varias apropiaciones durante el juicio a los ex comandantes”, destaca Iud. “El tribunal tiene la oportunidad de revisar ese criterio y dejar en claro la responsabilidad de los altos mandos en la apropiación de niños. Si bien toda la sociedad sabe que no fueron hechos aislados ni decisiones individuales de algunos oficiales, es indispensable que el Poder Judicial lo ratifique.”

Los abogados de Abuelas podrán formular preguntas para todos los imputados pero sólo podrán alegar contra (léase acusar a) Videla. El tribunal tomó la decisión a pedido de las defensas, con el argumento de que la querella no respondió a un requerimiento de elevación en los plazos previstos. Los actuales letrados de Abuelas analizan la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación. También actuarán como querellantes los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Plata (Emanuel Lovelli, Germán Kexel y Colleen Torre), Alcira Ríos en representación de la hermana de Silvia Quintela (que dio a luz en cautiverio al nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela) y Alejo Ramos Padilla en nombre de Chicha Mariani. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal federal Martín Niklison, a quien se sumará el fiscal Félix Crous cuando culmine el juicio a los represores del centro clandestino Vesubio.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160983-2011-01-23.html

ISABEL PERON Y MARTINEZ DE HOZ - Denuncia sobre Acindar - archivo en video

En la imagen: la "chikuchi" María Estela, alias Isabel, ¿su protofascismo era efecto hipnótico por la cercanía de "El brujo" Lopecito?

ISABEL PERON Y MARTINEZ DE HOZ

Denuncia sobre Acindar

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Por Adriana Meyer

“Vamos por más, por todos los responsables del genocidio”, parece ser la consigna que motivó a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y a dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que presentarán hoy una denuncia penal contra los responsables del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná, ocurrido el 20 de marzo de 1975 por orden de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete, y por expresa indicación del entonces presidente del directorio de la Empresa Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz.

Durante el procedimiento –realizado por policías federales, provinciales, una guardia rural, Prefectura, SIDE, Gendarmería, miembros de la Triple A y militares– detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y desaparecieron a veinte personas. El objetivo de la denuncia es “buscar la condena de todos los responsables del genocidio, sean éstos sus ejecutores materiales como los grupos económicos, políticos, intelectuales que se beneficiaron, y se orienta a probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político previo al golpe del ’76”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159486-2010-12-29.html

Una tía de temer, joder. Que os aproveche si tanto os apetece, chavales de la Madre Patria, ahora que por fin...




de un shock Táser.


















Piden juicio a apropiadores genocidas Martínez de Hoz e Isabel Perón por Acindar 29122010

NIÑO/A que debió nacer entre marzo y abril de 1977 - Matrimonio Islas Gatti - Zaffaroni Castilla

NIÑO/A que debió nacer entre marzo y abril de 1977
María Emilia ISLAS GATTI Desaparecida el 27/9/1976 Embarazada de 3 meses	Roberto ZAFFARONI CASTILLA Desaparecido el 27/9/1976	NIÑO/A que debió nacer entre marzo y abril de 1977
María Emilia nació el 19 de abril de 1953 en Montevideo, Uruguay. Jorge el 2 de mayo de 1953 en la misma ciudad. En 1975 nació su primera hija, Mariana. Ambos militaban en la AEMM, Jorge también militó en el PVP. Fueron secuestrados el 27 de septiembre de 1976 en su domicilio de Florida junto a su pequeña hija. La joven estaba embarazada de tres meses. La pareja fue vista en el CCD "Automotores Orletti". Su hija Mariana fue localizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1983 y fue restituida en 1993. La pareja y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

http://www.abuelas.org.ar/

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NIÑO/A que nació en febrero de 1977 - Matrimonio Zapata - Cortassa

NIÑO/A que nació en febrero de 1977
Blanca Josefa ZAPATA Desaparecida el 11/2/1977 Embarazada de 9 meses	Enrique CORTASSA Desaparecido el 11/2/1977	NIÑO/A que nació en febrero de 1977
Blanca nació el 20 de agosto de 1950 en la provincia de Santa Fe. Enrique en el año 1944 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Comenzó su militancia en el Partido Auténtico de Rosario. Junto a Blanca militó en la JP, en la Unidad Básica "El Bochín" en el Barrio Rincón de la Ciudad de Rosario y luego se incorporaron a la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "Cuca" o "Leda" y a él "Coqui", "Narigón Enri" o "Di Battista". Fueron secuestrados el 11 de febrero de 1977 en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. Junto a ellos se encontraba su pequeña hija Paula, quien fue dada en adopción luego del operativo. Blanca estaba esperando su segundo/a hijo/a, con un embarazo a término. Según los registros del Hospital santafesino Dr. José María Cullen, Blanca permaneció internada allí durante trece días y se le practicó una cesárea. En el año 1998 los restos de Blanca fueron identificados por el EAAF con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe. Sus restos habían sido inhumados junto a otros cuerpos en un nicho común del cementerio de Santa Fe. Pudo comprobarse que había dado a luz. Paula conoció su verdadera identidad el 25 de septiembre de 1998. El padre y el/la niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos.

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NIÑO/A que debió nacer entre mayo y julio de 1977 - Matrimonio Noriega - Vargas

NIÑO/A que debió nacer entre mayo y julio de 1977
Dora Betariz NORIEGA Desaparecida entre octubre-noviembre de1976 Embarazada entre 1 y 2 meses	Juan Ramón VARGAS Desaparecido el 20/11/1976	NIÑO/A que debió nacer entre mayo y julio de 1977
Dora nació el 13 de noviembre de 1952 en San Martín, provincia de Chaco. Juan el 6 de marzo de 1955 en Goya, provincia de Corrientes. El joven militaba en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban "Mono". Dora fue secuestrada entre octubre y noviembre de 1976 en la ciudad de Corrientes. Se encontraba embarazada de uno o dos meses. Juan fue secuestrado el 20 de noviembre del mismo año también en la ciudad de Corrientes. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el Regimiento N° 9 de Infantería de Corrientes. La pareja y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

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Niño/a nacido en cautiverio apropiado que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977 - Matrimonio Rapela - Mangone

NIÑO/A que debió nacer entre octubre y noviembre de 1977
María José RAPELA Desaparecida el 30/7/1977 Embarazada entre 5 y 6 meses	José Héctor MANGONE Desaparecido el 30/7/1977	NIÑO/A que debió nacer en octubre y noviembre de 1977
María José nació el 20 de septiembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires. José el 8 de octubre de 1940 en la localidad de Wilde, zona sur del Gran Buenos Aires. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "Alelí" y a él "Pepe". Fueron secuestrados el 30 de julio de 1977 en su domicilio de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. En el operativo intervino la Policía Federal y personal de la Brigada Aérea de Morón. María José estaba embarazada de cinco o seis meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que ambos permanecieron detenidos en la ESMA y que la joven fue llevada al Hospital Naval con un embarazado a término. La pareja y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

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Niño cautivo apropiado que debió nacer en febrero de 1978 - Madre: Cisterna María Angélica

NIÑO/A que debió nacer en febrero de 1978
María Angélica CISTERNA Desaparecida el 7/11/1977 Embarazada de 6 meses		NIÑO/A que debió nacer en febrero de 1978
María Angélica nació el 22 de enero de 1954 en la localidad de Concepción, provincia de Tucumán. Su familia la llamaba "Mary". Junto a su primer compañero tuvo dos hijos. La joven militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada el 7 de noviembre de 1977 en la ciudad de Concepción. Estaba embarazada de seis meses. Posiblemente, haya permanecido detenida en la Jefatura de Policía de Tucumán. La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

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Niño/a nacido en cautiverio apropiado entre fines de 1978 y principios de enero de 1979 - Madre: Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia

NIÑO/A que debió nacer a fines de diciembre de 1978, principio de enero de 1979
Lucía Rosalinda Victoria TARTAGLIA Desaparecida el 27/11/1978		NIÑO/A que debió nacer a fines de diciembre de 1978, principios de enero de 1979
Lucía nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba "La Flaca". Militaba en la JUP. Fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el CCD "Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo" y que se encontraba embarazada. Durante su cautiverio la llamaban "La Anteojo". Estos mismos testimonios afirman que fue retirada del CCD "El Olimpo" para dar a luz a fines de diciembre de 1978 o principios de enero de 1979. La joven y el/la niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos

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Niño/a nacido en cautiverio apropiado entre marzo y abri de 1976 - Madre: María del Valle Mercado

NIÑO/A que debió nacer entre marzo y abril de 1976
María del Valle MERCADO Desaparecida el 23/8/1975 Embarazada de 2 meses		NIÑO/A que debió nacer entre marzo y abril de 1976
María del Valle nació el 14 de febrero de 1954 en Cevil Redondo, departamento de Yerba Buena, provincia de Tucumán. En la madrugada del 23 de agosto de 1975 la joven fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Marcos Paz, departamento de Yerba Buena. Se encontraba embarazada de dos meses. La joven y el niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

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Niño cautivo apropiado en enero de 1978, hijo de Altmann Levy - Dopazo

NIÑO/A que debió nacer en enero de 1978
Blanca Haydee ALTMANN LEVY Desaparecida el 19/7/1977 Embarazada de 3 meses	Raúl Alfredo DOPAZO No se encuentra desaparecido	NIÑO/A que debió nacer en enero de 1978
Blanca nació el 13 de mayo de 1951 en Montevideo, Uruguay. Formó pareja con Raúl. Militaba en el PROA. Fue secuestrada el 19 de julio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires mientras se encontraba en un bar. Estaba embarazada de tres meses. Posiblemente, haya permanecido detenida en el CCD "Pozo de Banfield". La joven y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

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Perpetua para Videla, Menéndez y más genocidas

Perpetua para Videla, Menéndez y más genocidas

23 condenas y 7 absoluciones en el juicio por los fusilamientos de presos políticos en la UP1 de Córdoba

Otro Cordobazo para Videla y Menéndez
Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares fueron condenados ayer por el Tribunal Oral 1 de Córdoba y deberán cumplir sus penas en la cárcel. Miles de personas se reunieron en la puerta de tribunales para celebrar.

Por Martín Notarfrancesco

Como un reloj que de tanto en tanto detiene sus agujas en ese instante preciso. Es el momento en que un tribunal lee la sentencia que condena a un violador sistemático de derechos humanos, a un terrorista de Estado, a un genocida que lo abandona, para siempre, su mejor compañera, la impunidad. Ayer las agujas del reloj de la historia asomaron por Córdoba y detuvieron su marcha a las 17.49, cuando Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF 1, le dijo de frente a Jorge Rafael Videla que estaba condenado a la pena de prisión perpetua y que, además, la debe cumplir en una cárcel común. Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares también fueron encontrados culpables.

Sol de diciembre y calor mediterráneo. El día arrancó agradable. La intensidad y la temperatura fueron subiendo de la mano de un termómetro que rozó los 35 grados. Sólo faltaba la última palabra de Menéndez, que pidió cerrar la ronda. Los otros 28 imputados pudieron hacerlo el martes. A las 11 de la mañana arrancó la última audiencia del juicio. Luego de la intervención del Cachorro (ver página 4), el tribunal pasó a deliberar, anunciando que el veredicto se leería a las cinco de la tarde.


Un megajuicio

El juicio comenzó el 2 de julio y fue la primera megacausa de Córdoba. Los antecedentes locales se remontan a julio de 2008 y diciembre de 2009, cuando se condenó a Menéndez y otros siete torturadores del centro clandestino La Perla y cinco ex policías del D2, respectivamente.

El juicio que culminó ayer agrupó dos causas: los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 –UP1– que fueron asesinados entre abril y octubre de 1976, y el expediente “Gontero”, que esclareció las torturas sufridas por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, el mismo año. En total, el banquillo de acusados albergó a 31 imputados (uno fue apartado por razones de salud). Fueron 63 audiencias, 110 testigos y 34 años de espera. A lo largo de estos años, la causa por el fusilamiento de los ex presos políticos se convirtió en la causa maldita. Pocos confiaban en que pudiese llegar a juicio un expediente que involucraba a la Iglesia Católica y a la misma Justicia federal, que tenía a su disposición a la mayoría de quienes resultaron acribillados.

Existe otra parte de esta causa que no ingresó en este juicio. Es justamente el tramo que involucra a los funcionarios judiciales de entonces. Jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios que permitieron, con acciones y omisiones, que todo suceda. El trámite está a cargo del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena y constituye una puja, por ahora irresuelta.

En el fallo de ayer, el tribunal hizo equilibrio entre los pedidos de la fiscalía y las querellas. Videla, Menéndez y la cadena de mandos inmediata recibieron perpetuas. Lo mismo que el núcleo duro que operó en el D2 de la policía provincial. En líneas generales el clima fue de satisfacción. Pudo verse a muchos ex presos fundirse en abrazos eternos con sus compañeros de celda. Era la primera condena que recibía Videla luego del Juicio a las Juntas.

La mayor sorpresa estuvo en las absoluciones, siete en total. Nadie esperaba tantas y mucho menos que una recayera sobre Osvaldo César Quiroga, un veterano de Malvinas que en 1976 integró una de las secciones del Regimiento de Infantería Aerotransportada II de Córdoba. En cumplimiento de una orden, el 12 de agosto de 1976 retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados unos a otros, vendados los ojos y en el piso de un camión. Luego de una parada intermedia, fusilaron a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, a quien le hicieron ver los cuerpos rematados y lo regresaron a la cárcel. En su testimonio recordó que el oficial a cargo del operativo siempre fue el mismo. Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a estos detenidos. Por esta razón nadie comprendió la absolución y tanto la fiscalía como las querellas se mostraron disconformes en este punto, lo que hace presumir un planteo ante la Cámara de Casación.


Las calles

A partir de las tres de la tarde, organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicatos, murgas y ciudadanos de a pie se fueron arrimando al edificio de los tribunales federales. La convocatoria de los organismos de derechos humanos reunió cerca de mil personas, estimaron desde la Policía Federal. Poco antes de las cinco de la tarde se abrieron las puertas para que algunos ingresaran a colmar la sala de audiencias. El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, encabezaban la platea de personalidades presentes. El resto lo siguió por los parlantes y pantallas en la vereda, transpirando la gota gorda.

El tribunal marcó el criterio de revocar todas las prisiones domiciliarias y en los casos de enfermedad ordenó que una junta médica diagnosticara si el paciente puede cumplir la pena en la cárcel. En esta situación se encuentra Menéndez, entre otros.

Después de 34 años Videla sigue esmerado en mostrarse igual. Pero tal vez en algún rincón de su interior se encuentre con ese pasado que vuelve. Ahora, a su celda.

http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=794:perpetua-para-videla-menendez-y-mas-genocidas&catid=47:legales

DERECHOS HUMANOS - La Corte Suprema deberá designar un juez para la causa Suppo

10:44 › DERECHOS HUMANOS

La Corte Suprema deberá designar un juez para la causa Suppo

Después de que los abogados querellantes solicitaran el cambio de competencia para que el crimen de la militante, ocurrido en marzo en la ciudad de Rafaela, se investigue como un delito de lesa humanidad, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez rechazó la causa. Así, la investigación retornó a manos del magistrado rafaelino Alejandro Mognaschi, quien anunció que enviará una copia completa de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Los abogados querellantes fundamentaron su solicitud en declaraciones de un testigo de identidad reservada que vinculó al episodio a sectores ligados a represores que actuaron al amparo de la dictadura militar. Silvia Suppo fue asesinada a puñaladas el 29 de marzo en su negocio de esa localidad y fue una testigo clave en el juicio oral que condenó al ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco represores.

Recientemente los camaristas penales de esa localidad santafesina habían hecho lugar al pedido de los abogados querellantes Lucila Puyol, Guillermo Munné y Paula Condrac, que habían solicitado el alejamiento del juez natural porque consideraban que debía investigarse el grave hecho como un delito de lesa humanidad.
Hasta que se expide la Corte, la investigación seguirá en el juzgado de Rafaela.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-159300-2010-12-24.html

LOS NOBLE HERRERA APELARON LA RESOLUCION SOBRE LA OBTENCION DE ADN - Un doble faltazo previsible

LOS NOBLE HERRERA APELARON LA RESOLUCION SOBRE LA OBTENCION DE ADN

Un doble faltazo previsible

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que “nadie que tiene pruebas de un delito puede ocultarlas”. La resolución del caso podría dilatarse hasta que la Corte Suprema se expida.

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Por Raúl Kollmann e
Irina Hauser

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que “están utilizando a los jóvenes para no llegar a la verdad”.

Marcela y Felipe Noble Herrera no concurrieron ayer al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así, como anticipó Página/12 el miércoles, el expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín va camino a empantanarse. Desde hace nueve años, ambos jóvenes y su madre se niegan a que, de una manera definitiva, se establezca si son o no hijos de desaparecidos. Ayer volvieron a eludir la decisión de la Justicia con una apelación, con la que intentan dilatar el proceso y llegar a la Corte Suprema. A primera hora, los letrados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que sostuvieron que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado interpreta equivocadamente la ley que ordena extraer mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para realizar los estudios de ADN. Las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la jueza tiene facultades para llevar a Felipe y Marcela por la fuerza pública a realizar el análisis, pero esa chance no fue contemplada por la magistrada, quien resolverá sobre la apelación que, de todas maneras, tendrá que ser tratada por la Cámara Federal de San Martín. Todo indica que el caso irá a la Cámara de Casación y luego a la Corte.

Arroyo Salgado estuvo temprano en el Hospital Durand, sede del BNDG. Junto con la titular del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo, hicieron una especie de guardia formal para el improbable caso de que Marcela y Felipe se presentaran a hacerse los estudios pedidos por la jueza. Como era cantado, nada de eso ocurrió y, también temprano, los abogados de los jóvenes –encabezados por Jorge Anzorreguy– presentaron una apelación en el juzgado de Arroyo Salgado. La magistrada evaluó que con la apelación su resolución no quedaba firme y, por lo tanto, se suspendió, de hecho, la extracción.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a la cancha al mediodía. “Nadie que tiene pruebas de un delito, puede ocultarlas. Los abogados están utilizando a los jóvenes, los utilizan y victimizan para no llegar a la verdad de este crimen horrendo de la dictadura. El Estado tiene la obligación de establecer la verdad.”

Para justificar su no presentación, los abogados de los hijos de la dueña de Clarín sostuvieron que la jueza interpreta mal el artículo 218 bis del Código Penal que, por una ley del año pasado, faculta a los magistrados a extraer en forma compulsiva mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para hacer el estudio de ADN. Anzorreguy se basó en un caso anterior, Vázquez Ferrá-Gualtieri, en que la Corte rechazó la extracción compulsiva. Pero aquel fallo fue previo a la sanción por parte del Congreso de la ley que estableció el artículo 218 bis y, además, los ministros de la Corte entendieron que había medidas alternativas posibles, como realizar algún allanamiento e incautar ropa o cepillos de dientes como camino para conseguir el material necesario y hacer el estudio de ADN. En el caso Noble Herrera esas medidas alternativas se concretaron, pero siempre los resultados terminaron siendo dudosos. Por ejemplo, en la ropa interior de Marcela apareció un perfil genético masculino pero también uno femenino.

Lo cierto es que tanto el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, como el de las familias querellantes, Pablo Llonto, denunciaron que se sigue demorando la extracción de sangre o pelo que fue ordenada por primera vez en diciembre de 2002, hace ocho años. Las apelaciones y presentaciones, que se vienen haciendo desde mucho antes de la asunción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, consiguieron dilatar las cosas y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida, lo que puede demorar cerca de un año. El primer paso lo tendrá que dar Arroyo Salgado la semana próxima. La jueza seguramente rechazará la apelación. Es muy probable que lo mismo suceda con la Sala II de la Cámara de San Martín e incluso en Casación. La última palabra la tendrá la Corte.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159270-2010-12-24.html

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A JORGE RAFAEL VIDELA Y A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ - “La Justicia no escapó a la complicidad”

Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal de Córdoba.

Imagen: Télam

JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A JORGE RAFAEL VIDELA Y A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

“La Justicia no escapó a la complicidad”

“Me pareció un momento de gran significación histórica”, reveló a Página/12 el juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sobre el momento en que él mismo leía el fallo con el que se condenó a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez.

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Jaime Díaz Gavier tuvo en 2008 la responsabilidad histórica de presidir el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, símbolo máximo del terrorismo de Estado en Córdoba. El miércoles, siempre ayastrando la erre y mirando a los ojos, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla, que no escuchaba una sentencia desde hace 25 años. “Pero no tengo predilección por juzgar a nadie. El privilegio es en todo caso profesional, por el interés histórico que tienen estas causas”, confiesa. Mientras se prepara para encabezar el cuarto proceso por delitos de lesa humanidad de la provincia, por crímenes en el centro clandestino La Perla, Díaz Gavier confía en que también llegará a los estrados la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado.

–¿Qué pensaba mientras leía la condena y miraba a Videla?
–Sinceramente me pareció un momento de gran significación histórica, se estaban esclareciendo y determinando responsabilidades en hechos dramáticos de nuestra historia. Más allá de que juzgamos casos de la Unidad Penitenciaria y de la policía provincial, en realidad son una muestra de tantos que ocurrieron en el país. Lo de mirar a los ojos lo he hecho siempre como muestra de respeto hacia la persona sobre la que estoy disponiendo. No mirar sería una muestra de indiferencia.
–Hace dos años le tocó condenar por primera vez a Menéndez; ahora a Videla, símbolo máximo de la dictadura. ¿Lo vive como un privilegio?
–No. En todo caso puede ser un privilegio estrictamente profesional por el interés histórico que tienen estas causas. El privilegio pasa por tener la oportunidad de participar, de recibir los testimonios de quienes vivieron un período tan trágico. Pero no tengo predilección o interés particular en juzgar a nadie, y mucho menos interés de figuración. Usted sabe que en la judicatura hay un tema de protagonismo insatisfecho, búsquedas de figuración, sobreactuaciones, le diría que de casi todos los actores procesales vinculados con estos juicios. Creo que hay que ser profesional, aplicar la ley con las convicciones que cada uno tiene en base a las pruebas, tal como se recibieron en las audiencias.
–En el juicio se ventilaron pruebas sobre la complicidad de magistrados con delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se viven esas acusaciones desde adentro del Poder Judicial?
–Por el tipo de hechos, por tratarse de presos legales –por decirlo de alguna manera– a disposición de jueces y del Poder Ejecutivo, evidentemente hubo un nivel de compromiso de la Justicia de la época, igual que lo hubo en sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la sociedad civil que, como mínimo, miraron para otro lado. Ciertamente, la Justicia no escapó a una suerte de complicidad o por lo menos omisión en el cumplimiento de lo que debieron ser sus deberes.
–¿Es optimista en que llegará a juicio la complicidad judicial?
–Sí, a partir de distintas revelaciones se trasladaron las denuncias y se está investigando. Creo que efectivamente en algún momento se determinará la elevación a juicio de estas causas y tendremos que abocarnos.
–¿Podría darse la paradoja de tener que juzgar al doctor Carlos Otero Alvarez, que participó del primer juicio a Menéndez?
–Podría darse, pero en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura. Debo decirle, sin que signifique adelanto de opinión, que Otero Alvarez era secretario y su función era ser signatario, certificar con su firma, por lo que la responsabilidad estaría muy acotada. No puedo adelantar más porque podría tener que analizar situaciones similares.
–¿Cómo se explica que siete imputados, que dos instancias judiciales consideraron culpables, terminaron absueltos? ¿Es tan diferente la evaluación de la prueba?
–Para nuestro sistema procesal, en el caso de la instrucción y la Cámara basta con la probabilidad para procesar. En la etapa de juicio no se puede condenar por probabilidad, las pruebas deben incriminar. Cuando se llega al punto en que la atribución de responsabilidades se bifurca y hay una duda jurídica razonable, el juez no puede condenar, la ley lo prohíbe. Siempre es mejor que quede libre un culpable y no preso un inocente.
–¿Es el caso de Osvaldo Quiroga, que firmó el retiro de tres presos que terminaron fusilados?
–Es el caso más notorio, el de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil, hombres emblemáticos de las organizaciones llamadas entonces subversivas. Como tribunal no pudimos superar el estado de duda sobre la participación de esta persona. Igual el hecho no quedó impune, fueron condenados Videla, Menéndez, el coronel Meli y los jefes de secciones del Estado Mayor. Lo que no pudimos determinar con certeza fueron los autores materiales.
–Durante el juicio hubo amenazas a querellantes y testigos. ¿También a jueces?
–No, honestamente no recibí amenazas ni presiones. Sí las hubo después de las sentencias anteriores, alguna llamada telefónica.
–¿Tuvo protección durante el juicio?
–No, es una actitud personal que tengo desde siempre. No tengo, ni me interesa. Prefiero moverme sin un testigo permanente al lado.
–Varios policías imputados, como Carlos Yanicelli, ocuparon altos cargos hasta mediados de los ’90. ¿Qué tan depurada está la policía de Córdoba?
–Hasta 1997, la administración radical tenía a policías ahora condenados en la más alta jerarquía del escalafón. Seguramente subyacen en la policía, como en otros estamentos, sectores autoritarios y partidarios de gobiernos dictatoriales, pero en términos generales me parece que tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas hay una formación con criterios mucho más democráticos.
–Córdoba es una de las jurisdicciones que más avanzó en juzgar delitos de lesa humanidad, aunque hay todavía varios juicios pendientes, incluso el mayor, por La Perla. ¿Cuánto tiempo prevé que durarán los procesos?
–El juicio de La Perla está elevado en mi tribunal, seguro que empieza antes de mediados de año y será un proceso enorme, de por lo menos un año. Hay otras causas pendientes, por lo que estimo que habrá por lo menos un par de años más de juicios.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159269-2010-12-24.html

Todavía sigue siendo cómplice la justicia, hay muchos jueces que tienen afinidad con la dictadura apropiadora genocida cívico militar. Y además, llama mucho la atención, por ejemplo, que Karina Germano esté presa y que Rodríguez Larreta, el Jefe de gabinete del macrismo que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una causa por malversación de fondos en el PAMI en la época de De la Rúa, que fue acusado de esto, públicamente y a bocajarro por Luis D'Elía y este señor jamás desmintió la acusación pública esté en libertad y ejerciendo la función pública en el cargo que está en orden tercero de importancia en el organigrama en uno de los distritos más ricos del país.

Enlaces

-Lectura de la condena a perpetua al apropiador genocida Videla - 22122010

FAMILIARES DE CRISTINA CIALCETA E YVES DOMERGUE - La familia alrededor del árbol

Estuvieron ayer en el Bosque de la Memoria de Rosario.

FAMILIARES DE CRISTINA CIALCETA E YVES DOMERGUE

La familia alrededor del árbol

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Familiares, amigos y compañeros de Cristina Cialceta e Yves Domergue colocaron ayer una placa recordatoria junto al árbol del Bosque de la Memoria de Rosario en el que descansan las cenizas de las víctimas, quienes desaparecieron durante la última dictadura militar. Sus cuerpos permanecieron enterrados como NN en un cementerio de Melincué hasta que en el mes de julio pudieron ser identificadas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, participaron del acto entre otros funcionarios del área.

Los restos de los jóvenes fueron identificados en julio de este año, a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos.

Entre los familiares que participaron del acto, se destacó la presencia de los padres de Yves Domergue, quienes vinieron de Francia, hermanos y sobrinos, así como primos de Cristina Cialceta. También estuvieron presentes la profesora Juliana Cagrandi, quien presentó la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos y, entre otros funcionarios de la provincia, y los subsecretarios de Derechos Humanos zona norte y zona sur, Horacio Coutaz y Angel Ruani.

El grueso de la familia de Yves había regresado a Francia pero él se quedó con Eric en Argentina. Éste último se inclinó por el periodismo documental y fue una pieza clave en la búsqueda de su hermano. Ayer estuvo en Rosario para colocar la placa que recuerda a la pareja en el Bosque de la Memoria.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-26723-2010-12-24.html