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domingo, 6 de marzo de 2011

Morales Solá, obligado, al llano

Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011

Morales Solá con Bussi. Dijo que ya no vivía en Tucumán y que no conocía al genocida.

Después de tres meses de sugestivo silencio, y tras declarar ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá utilizó por primera vez las páginas del diario en el que escribe para referirse públicamente a la fotografía publicada por Miradas al Sur el 5 de diciembre del año pasado, donde se lo ve junto con el genocida Adel Vilas, jefe de la Operación Independencia (tal su verdadero nombre), en un lugar que dos fuentes consultadas en su momento por este dominical identificaron como el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita de Famaillá. La declaración de Morales Solá ante la jueza porteña –a quien también entregó un escrito– se debió a una citación del juez federal de Tucumán Daniel Bejas para interrogarlo sobre su presencia en el lugar y sus relaciones con los jefes del operativo represivo en esa provincia durante 1975 y 1976.
En la nota de La Nación –publicada sin su firma para poder referirse a sí mismo en tercera persona–, Morales Solá dice que la citación forma parte de “una campaña de desprestigio profesional y de persecución personal por parte de la ex Side, de funcionarios del gobierno y de medios de comunicación público y privados financiados por el Estado”.

Quemá esas fotos I. Es la primera de una larga serie de mentiras e inexactitudes que contiene el artículo. La foto en cuestión (que se reproduce en esta página) fue obtenida por Miradas al Sur a través de un periodista que, en su momento, integró un grupo de colegas tucumanos que colaboró con el director de este dominical, Eduardo Anguita, y con Alberto Elizalde Leal en la producción del documental El azúcar y la sangre. Algunos de ellos son Marcos Taire, Ramiro Rearte, el corresponsal de Clarín en Tucumán, Rubén Elsinger, y el secretario del Sindicato de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. No hubo nadie de los servicios de informaciones ni del gobierno que colaborara con la investigación ni del documental en su momento ni ahora con lo publicado por este dominical. Ambos trabajos periodísticos son parte de la recuperación de la dignidad y la memoria.
A continuación, la nota publicada en La Nación incurre en una falacia interesada. Dice que se trata de una “fotografía tomada en plena democracia en la que Morales Solá aparece como periodista en una actividad de Vilas”. A fines de 1975 –cuando fue fotografiado junto al jefe de la Operación Independencia–, Tucumán distaba de ser un lugar donde reinaba la “plena democracia”. Territorio de prueba para el plan sistemático de exterminio que la dictadura ensancharía a todo el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la represión ilegal y los campos de concentración eran parte de la realidad cotidiana de la provincia. Con la excusa de “combatir” a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en los montes, el Ejército había desplegado 5.000 efectivos en el territorio provincial. Un número desproporcionado, si se tiene en cuenta que la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP –el enemigo a combatir en los montes tucumanos– nunca contó con más de 90 guerrilleros. El grueso de las tropas comandadas por Vilas no combatió a la guerrilla, sino que sembró el terror generalizado en toda la provincia mediante detenciones ilegales, torturas, ejecuciones fraguadas como enfrentamientos y la persecución constante de cualquiera que fuera sospechoso de disidencia.
Pero Morales Solá se contradice a sí mismo. No se entiende que diga que la fotografía fue tomada en “plena democracia” si en el mismo artículo asegura que la de Vilas en Tucumán fue una “gestión criminal”. No la calificaba así en 1975, cuando en las páginas de La Gaceta de Tucumán –donde por entonces trabajaba– ni en las de Clarín –diario del que era corresponsal– escribía sobre la represión: “Han pasado ya 36 semanas, el tiempo de una gestación. (La Operación Independencia es) el primer síntoma de que las Fuerzas Armadas adoptaban una posición ofensiva frente a la intolerancia ideológica (…). La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios.”
El artículo de La Nación dice también que “Morales Solá le dijo a la jueza que la foto publicada por Miradas al Sur nunca fue publicada por La Gaceta, pero sí estaba en sus archivos”. “Esa foto fue robada de esos archivos”, dice la nota que Morales Solá le aseguró a Servini de Cubría, a quien le entregó también “una copia original de la foto”. No se entiende nada: si la foto fue robada, de dónde sacó Morales Solá una copia original para llevar al juzgado.

Quemá esas fotos II. No es la primera vez que una fotografía le juega una mala pasada a la historia oficial que Morales Solá intenta escribir sobre sí mismo. Hace unos años, otra toma desmintió una versión que el periodista siempre había sostenido: que nunca había conocido personalmente al genocida Domingo Bussi, primer gobernador de la provincia durante la dictadura, porque en 1976 ya no vivía en Tucumán, sino que se había radicado en Buenos Aires. El columnista de La Nación sostuvo esa historia hasta 2003, cuando volvió a salir a la luz una vieja edición de La Gaceta de Tucumán. Allí, en la página 5 del diario del 8 de junio de 1976, la nota titulada “El gobernador Bussi agasajó al periodismo” está engalanada por una clarísima fotografía a cuatro columnas que muestra al genocida acompañado de funcionarios y periodistas, entre los que se destaca la presencia (segundo a la izquierda de la foto, con una mano llevada pensativamente al mentón) de… ¡Vaya! ¡Joaquín Morales Solá!
No se trató de la presencia casual de un periodista enviado desde Buenos Aires. Varios periodistas tucumanos, entre ellos Marcos Taire, confirmaron que en marzo de ese año Morales Solá participó de un monumental asado ofrecido por Bussi, al cabo del cual el genocida le regaló a cada uno de los asistentes un pergamino en el que les agradecía su “colaboración en la lucha contra la subversión”.
Unos días después, más precisamente el 23 de abril de 1976, Morales Solá escribió la nota de tapa de La Gaceta donde saludó la designación de Bussi como gobernador de Tucumán. Del hombre que luego dijo no conocer, por entonces aseguraba: “El general conoce el ámbito local y no ignora las necesidades y las urgencias de la provincia”.
Hasta que la “aparición” de esa foto y esas notas lo desmintieron sin lugar a dudas, Morales Solá había sostenido que en 1976 se había ido de Tucumán, amenazado por la Triple A. Lo de las amenazas lo reflotó esta semana ante la jueza Servini de Cubría y lo reafirmó en la nota de La Nación: “Dijo –escribió Morales Solá sobre su propia declaración– que existía un antecedente en sede judicial sobre esa amenaza porque el periodista Ricardo Kirschbaum (N. de la R.: Clarín editor general de Clarín) recordó el año pasado, como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Antonio Domingo Bussi, que ambos estaban incluidos en la misma lista de amenazados”.
Lo que Morales Solá olvidó decirle a la jueza –y omitió escribir en su artículo de La Nación– es que Marcos Taire, en aquellos tiempos secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Tucumán, ha desmentido pública y reiteradamente esa parte de su historia oficial: “Yo estuve en el Sindicato hasta abril de 1976. Teníamos un registro de todos los periodistas amenazados, y Morales Solá nunca figuró en él. A él nunca lo amenazaron”, dijo a Miradas al Sur.
Un par de fotos, otras tantas publicaciones de época y más de un testimonio obligaron a Joaquín Morales Solá a bajar al llano… aunque todavía pretenda sostener su imagen subido a las marmóreas columnas de La Nación.

http://sur.elargentino.com/notas/morales-sola-obligado-al-llano

EL COMISARIO MARTINEZ DORR ESTA ACUSADO DE TORTURAS CONTRA UN ESTUDIANTE DE LA UES EN LOS '70. - Represor que busca una probation

Los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe que rechazaron la insólita solicitud del represor.

EL COMISARIO MARTINEZ DORR ESTA ACUSADO DE TORTURAS CONTRA UN ESTUDIANTE DE LA UES EN LOS '70.

Represor que busca una probation

Un acusado por delitos de lesa humanidad pidió la probation para zafar del juicio oral. Es el primer caso en el país. El Tribunal de Santa Fe rechazó el pedido y ratificó la fecha del debate: 31 de marzo. Pero ahora, el represor podría recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Un comisario retirado de la Policía santafesina que está preso desde hace tres años, Roberto Martínez Dorr, se convirtió en el primer acusado por delitos de lesa humanidad del país que pidió la "suspensión del juicio a prueba" para beneficiarse con la "probation" y conmutar una eventual pena de cárcel por trabajos sociales. El Tribunal Oral de Santa Fe rechazó la solicitud por considerar que "las violaciones a los derechos humanos" durante la dictadura "resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende" y ratificó la fecha para el comienzo del juicio oral y público: el 31 de marzo próximo. Sin embargo, el abogado del represor, Néstor Oroño, dejó abierta la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo que si eso ocurre, el debate oral podría suspenderse. Martínez Dorr está preso desde febrero de 2008 aunque en agosto del año pasado logró el arresto domiciliario , por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a un ex detenido político, Froilán Aguirre, en octubre de 1976, cuando éste tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Martínez Dorr pidió la "suspensión del juicio a prueba" por considerar que la "acusación que pesa" en su contra "queda conformada a partir del mínimo de tres años (de prisión), lo que en principio tornaría viable la imposición de una condena de ejecución condicional". El planteo fue hecho con el patrocinio del penalista Néstor Oroño, abogado de otros represores y ahora candidato a senador por La Capital por la alianza entre el peronismo federal que responde a Eduardo Duhalde y el PRO de Mauricio Macri que postula como candidato a gobernador de Santa Fe al cómico Miguel Torres del Sel. El año pasado, Oroño defendió al ex gremialista de la Uocra y ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, condenado a once años de cárcel por "secuestros" y "torturas" que después se unificó con otra por "extorsión" en 15 años.

El argumento de Martínez Dorr de una eventual "condena condicional" fue rechazado de plano por Ministerio Público Fiscal. Si hay una sentencia condenatoria, "la pena de prisión sería indudablemente de cumplimiento efectivo atento a la gravedad de los delitos que se le imputan", dice el dictamen del fiscal general Martín Suárez Faisal y de su segundo, Patricio Longo. Y reivindica "el interés de la sociedad en la resolución de este tipo de causas, dada la naturaleza y gravedad" de los delitos de lesa humanidad, "por lo que cobra aún mayor relevancia el desarrollo del debate, el cual implica la publicidad de su contenido, la discusión de las circunstancias fácticas y jurídicas y la declaración de responsabilidad del autor".

El dictamen fiscal advierte también sobre otro impedimento para que Martínez Dorr se beneficie con la probation y zafe del juicio oral y público. Y es su "calidad de funcionario público" cuando sucedieron los hechos, en octubre de 1976, y operaba como oficial del Comando Radioeléctrico de la Policía.

El Tribunal coincidió con los fiscales al considerar que el caso de Martínez Dorr "se encuentra expresamente excluido" del beneficio. Y citó el artículo 76 del Código Penal: "No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".

La incorporación de la probation al sistema penal argentino, explicó "se asienta en la necesidad de recurrir a alternativas sustitutivas de la pena para los casos de menor gravedad y de igual modo, obviar el juzgamiento de aquellos casos de menor trascendencia penal con el fin de preservar el juicio oral para los delitos más graves y complejos".

"Es evidente, entonces, que los hechos que aquí se investigan, relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende". "Los delitos de lesa humanidad son precisamente aquellos en los que más que ningún otro resulta imprescindible que sean sometidos a los principios que impone el debate oral, tales como la contradicción, la inmediación y la oralidad, que otorgan mayores garantías a todas las partes, y la publicidad en el desarrollo del juicio que posibilita a toda la sociedad conocer los hechos, la responsabilidad de quienes participaron en ellos y fundamentalmente el modo en que fue resuelto el conflicto", concluyó el Tribunal en una resolución que firman los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y su colega de Paraná, Roberto López Arango.

El juicio a Martínez Dorr sería el cuarto por crímenes de lesa humanidad que se realizará en Santa Fe. El diciembre de 2009, el Tribunal Oral condenó al ex juez Víctor Brusa a 21 años de cárcel y a otros cinco ex policías: Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años de prisión), Juan Calixto Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aevi (19 años). Y el año pasado produjo otros dos fallos: el 12 abril, sentenció al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos, a 15 años de cárcel y el 13 de agosto volvió a condenar a Facino a 23 años de prisión por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976 y ordenó que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como lo hacía hasta entonces.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-27707-2011-03-06.html

EL REPRESOR QUE SE FUGO POR UNAS HORAS ES INSTRUCTOR DE VUELO EN UNA EMPRESA PRIVADA DE ROSARIO. - Abrí tus alas con un instructor con pasado

El ex policía Scortechini se tapa la cara ante los fotógrafos en el banquillo de los acusados en la causa Díaz Bessone.
Imagen: Alberto Gentilcore

EL REPRESOR QUE SE FUGO POR UNAS HORAS ES INSTRUCTOR DE VUELO EN UNA EMPRESA PRIVADA DE ROSARIO.

Abrí tus alas con un instructor con pasado

El ex policía enjuiciado por Terrorismo de Estado en la causa Díaz Bessone, José Scortechini, es instructor de vuelo para la empresa Flying Time SRL. El jueves estuvo fugado por unas horas y su empleador dice no saber de qué se lo acusa.

Por José Maggi

José Antonio Scortechini, el ex policía enjuiciado por terrorismo de estado en la causa Díaz Bessone, argumentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 que el último jueves no estaba en su domicilio de Saavedra al 2600 porque estaba desempeñándose como instructor en la escuela de aviación Flying Time Srl. La institución, es una de las dos escuelas de pilotos que tiene el aeropuerto de Rosario, "en la que trabaja desde hace un mes aproximadamente", según reconoció a Rosario/12 Miguel Gómez, responsable de la escuela de pilotos, quien confesó "no saber" cuáles son los delitos imputados a uno de sus instructores. "No tengo tiempo para ver televisión ni leer los diarios, no sé que pasa en los juicios a los que usted hace referencia" respondió y ante la insistencia de este cronista, terminó el diálogo con un cortante "no soy juez para juzgarlo".

Scortechini no pudo ser hallado en su vivienda de Saavedra y Callao en la mañana del jueves porque "estaba en el patio con albañiles y al no haber energía eléctrica, no funcionó el timbre", y no escuchó los llamados a viva voz que le realizaron los empleados civiles del Patronato de Liberados que lo chequea dos veces por semana entre jueves y domingo sorpresivamente.

Según el Tribunal que le otorgó ese beneficio Scortechini no puede ausentarse por más de dos horas de esa dirección "salvo por razones urgentes de salud, y además deberá informarse si está realizando alguna actividad laboral y en este caso indicar el lugar y horario que lo hace". En este sentido el imputado comunicó al TOF 2 que los dias jueves viernes y sábado de 14 a 19 horas presta servicios como instructor en la escuela "Flying Time Srl".

Por eso argumentó Scortechini el jueves el ex Patronato de Liberados, hoy Dirección de Control y Asistencia pos penitenciaria, no lo hallo en tres oportunidades en su vivienda y procedió a informar a la justicia. El TOF 2 revocó entonces el mismo jueves por la noche, la excarcelación oportunamente otorgado, librándose la captura correspondiente.

Finalmente Scortechini regresó a su domicilio un rato antes de la medianoche el mismos jueves. Sin embargo -y este es un dato por demás de curioso- no se hizo efectiva la orden de detención.

Gracias a esta benevolencia de la fuerza de seguridad a la que se les indicó su detención, (en general el fuero federal tiene a la Policía Federal como la fuerza auxiliar) Scortechini llegó el viernes por la mañana caminando tranquilamente al edificio de Oroño 940, para dialogar con su defensor oficial, a quien le indicó -según el escrito que este diario tiene en su poder- que se presentaría espontáneamente, por lo cual recién entonces se procedió a detenerlo.

La camarista Beatriz Caballero de Barabani fue quien analizó el caso entonces y no encontró objeciones: que todo estaba claramente notificado, tanto el lugar de trabajo, como los dias, asi como el certificado que lo acreditaba, y la comunicación al Patronato de Liberados según consta en el escrito. Y dejo sin efecto la revocatoria de su excarcelación, es decir que lo volvió a mandar a su casa con los mismos cuidados.

"La finalidad de las restricciones impuestas son para garantizar la continuidad de la audiencia debate con la presencia del imputado en la misma y asegurar su comparencia ante cualquier citación de este tribunal", dice la resolución firmada por el TOF 2 (Barabani más Otmar Paulucci) "El control del ex Patronato de Liberados está dirigido a ese único fin", agrega.

Por su parte el fiscal Gonzalo Stara remarcó que "a criterio de esta Fiscalía, las afirmaciones del imputado son meras excusas desprovistas de todo fundamento y/o constancia documental que respalden sus dichos, por lo cual deben ser desestimadas de plano y mantenerse su estado de detención. De acuerdo a las constancias de la causa -agregó el fiscal- lo único cierto es que Scortechini fue hallado en su domicilio entre las 23:30/23:40 horas, desconociéndose hasta el presente, no solo los motivos de su ausencia con anterioridad a dicho horario, sino también con posterioridad a ello".

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-27709-2011-03-06.html

martes, 22 de febrero de 2011

LOS FUNDAMENTOS DE SU SENTENCIA A PERPETUA - Videla fue condenado como "responsable de la aniquilación de todos los opositores políticos"

18:43 › LOS FUNDAMENTOS DE SU SENTENCIA A PERPETUA

Videla fue condenado como "responsable de la aniquilación de todos los opositores políticos"

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, al argumentar las sentencias a cadena perpetua dictadas contra el dictador Jorge Rafael Videla, el ex comandante del III Cuerpo de Ejército y otros 29 represores, considerados responsables del fusilamiento de 31 presos políticos alojados en la UP1 entre marzo y octubre de 1976, sostuvo que los hechos juzgados "se cometieron como consecuencia de la planificación estratégica y táctica emanada de la cúpula militar", y que "Videla fue el responsable de fijar los objetivos y proveer de infraestructura y medios para la consiguiente cadena de mandos bajo sus órdenes".

Los integrantes del Tribunal añadieron que Videla dictó la Directiva 404/75 (Lucha contra la Subversión), con la cual puso en ejecución el "objetivo político de represión de actividades consideradas ilegales y de la aniquilación de todos los opositores políticos al régimen" y de todo lo que se consideraba "enemigo". Para llevar adelante el "plan ilegal diseñado por Videla se trazó una división por zonas del país", y que la mayoría de los detenidos estaban a disposición simultánea del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que resulta "inverosímil" que ignorara la modalidad sistemática que se utilizaba para eliminar a los detenidos que estaban a su disposición.

Al referirse en general sobre la totalidad de los condenados, los jueces sostuvieron en el fallo que todos formaban parte de la "organización de un plan sistemático integral criminal, que, amparado por los mecanismos estatales tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos". Agregaron que dentro de ese plan de aniquilamiento cumplieron distintos roles y tareas dentro de la "represión ilegal caracterizada por la discrecionalidad y libertad otorgada por la Junta de Comandantes (Videla) a los jefes de zona (Menéndez), como así también la libertad al personal militar y policial inferior en sus distintas jerarquías y grados".

En ese contexto, "se advierte allí sin dificultad, un nivel horizontal de responsabilidades y la existencia de coautoría mediata. Todos ellos se conocían, se reunían, compartieron cargos como integrantes de la Junta y en común planificaron y ordenaron la ejecución del plan criminal descripto", sostuvieron los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos.

En cuanto a las responsabilidades de Luciano Benjamín Menéndez sobre los hechos juzgados, entre el 2 de julio y el 22 de diciembre del año pasado y que involucra la muerte de 31 presos políticos, el Tribunal sostuvo que "compartió un grado de responsabilidad paralela en paridad de cargos con los demás Comandantes de zona del país". Menéndez, desde el rol de Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al mismo tiempo, Comandante del Área 311, "desarrolló un estricto control de las unidades a su cargo, impartió órdenes e instrucciones, generó las condiciones adecuadas para que se acataran, supervisó los resultados y facilitó las condiciones para que el plan de aniquilamiento se cumpliera acabadamente por las diversas dependencias a su cargo".

En el marco de ese análisis jurídico, los magistrados entendieron que "los hechos traídos a juicio se ejecutaron como consecuencia de las directivas y órdenes impartidas por Menéndez, lo que nos permite concluir que intervino en los hechos atribuidos", resaltó entre los puntos más sobresalientes del extenso fundamento de 674 páginas.

En diciembre del año pasado Videla fue condenado a prisión perpetua como responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (30 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real), y tormentos seguido de muerte (1 hecho).

Menéndez recibió la misma pena por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (6 hechos en concurso real). Se suman los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (38 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (30 hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (1 hecho) y lesiones graves calificadas (1 hecho) todo en concurso real.

En el mismo proceso también fueron condenados a prisión perpetua los militares Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Alsina, Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, al igual que los policías Carlos Yanicelli, Miguel Angel Gómez, Luis Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Ramón Molina. Hermes Rodríguez fue condenado a 12 años; José San Julián, a 6; Juan Húber, a 14 años; Víctor Pino Cano, a 12; Carlos Hibar Pérez, a 10; Mirta Antón, a 7 y Fernando Rocha, a 8 años. Fueron absueltos, en cambio, Osvaldo Quiroga, Francisco D`Aloia, Cayetano Rocha, Luis Alberto Rodríguez, José Paredes, Luis Merlo y Gustavo Salgado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-162805-2011-02-21.html

Enlaces

-Menéndez será juzgado nuevamente en Tucumán

sábado, 19 de febrero de 2011

OPINION - Escrache: memoria en acción - 4 videos

OPINION

Escrache: memoria en acción

Por H.I.J.O.S. *

El escrache es una herramienta de lucha que motorizó nuestra agrupación frente a la impunidad oficial que reinó en el país durante más de 25 años. Nuestra intención fue clara: sacar a la luz lo oculto, lo escondido y mostrarlo porque “si no hay justicia hay escrache”.

Denunciamos a genocidas y cómplices de la última dictadura cívico-militar que gozaban de la libertad por los beneficios de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos. Ratas inmundas que asesinaron, torturaron, violaron mujeres y hombres, se apropiaron de menores, robaron bienes, y que vivían en el anonimato, por el silencio, por la impunidad.

Así decidimos comenzar en 1996 cuando escrachamos al represor Magnacco, que era quien firmaba las partidas de nacimiento en la ESMA. Fuimos a su trabajo, en el Sanatorio Mitre, y de allí a su guarida en Marcelo T. de Alvear y Montevideo. Y así empezamos, y nunca paramos. En Capital, hemos realizado más de 50 escraches.

El escrache nunca fue violento o buscó la justicia por mano propia: todo lo contrario. Nuestro objetivo fue buscar siempre la condena social: que ese personaje que vivía en el olvido fuera repudiado por sus vecinos. Que su casa fuera su cárcel. Y eso, de a poco, lo fuimos logrando.

Si algo caracterizó a esta manifestación fue la alegría: murgas, colores, circo, ruido. Decidimos también descentralizarlos. Llevar las manifestaciones a los barrios. Allí donde quizá nunca hubiera pasado una marcha. Pasamos por la gran mayoría de barrios porteños.

Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho. Lo cierto es que esta nueva herramienta de lucha ha sido bastardeada por diversos medios de comunicación y hoy es utilizada para definir cualquier acción o acto violento: un huevazo a un funcionario, unas pintadas en un edificio. Todo eso es “Escrache” para algunos medios. Pero justamente todo eso no es escrache. La calificación de todo este tipo de manifestaciones, acciones o intervenciones busca denostar al escrache como un acto violento. Denostar una práctica que ha demostrado desenmascarar la impunidad.

Hoy nos encontramos con un nuevo editorial que intenta descalificarlo, “Un escrache a la Educación”, publicado por el diario Clarín. El mismo critica la decisión de que en las escuelas se estudie el escrache, marchas de silencio, pintadas y graffiti como nuevas “modalidades de participación socio-política”. “Todos los escraches son una forma de fascismo”, sentencia el matutino. No es el primer editorial así. En la misma línea se manifestó el diario La Nación, ya el 1/11/2000, en el editorial “Ni escraches ni cortes de ruta”, donde manifestaba que este tipo de acciones “atentan contra el derecho de terceros y dañan la tranquilidad pública”. El 3 de julio de 2008, en otro editorial del mismo diario, “Desterrar la cultura del escrache”, habla del escrache como “esta particular y nefasta metodología, cuyas raíces más cercanas se vinculan con repudiables prácticas del fascismo y del nazismo”, para más adelante afirmar que “El ‘escrache’ es un acto de violencia moral contra personas o instituciones”. Otros periodistas del mismo diario, como Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá, también opinaron en el mismo sentido.

Resulta por demás llamativo que se intente denostar esta práctica tan válida como certera, vehiculizada por organismos de derechos humanos, cuando, por ejemplo, se está investigando el rol de estos dos diarios en la compra fraudulenta de Papel Prensa durante la dictadura. O cuando también se está esperando saber los resultados de la apropiación de Marcela y Felipe, para determinar si son hijos de desaparecidos. O cuando justo este próximo lunes deberá declarar ante la Justicia el periodista Morales Solá en la causa por el “Operativo Independencia”, por haber visitado el centro clandestino “La Escuelita” en Tucumán en plena dictadura.

Creemos haber aportado con el escrache nuestro granito de arena, como una nueva modalidad de lucha. Pero, pese a todo, también es necesario afirmar que el escrache no termina. Siempre vuelve. Porque hay muchos criminales impunes, porque hay muchos civiles que no han dado cuenta de sus responsabilidades directas para con el terrorismo de Estado, porque hay muchos ideólogos que hoy siguen usufructuando sus empresas. Por eso, a donde vayan los iremos a buscar.

* Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. www.hijos-capital.org.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162640-2011-02-19.html

Archivos en video
1
Materia Escrache - la palabra de HIJOS - 17022011
Este archivo incluye la palabra de Paula Marioni, integrante de la agrupación, respondiendo a las críticas disparadas desde sectores que responden a intereses extranjeros y de la derecha, en particular, opositora al gobierno.


2
Otro civil acusado(Martínez de Hoz, Juan Alemann; hay varios periodistas, entre otros Morales Solá), en este caso un juez; como cómplices de la dictadura apropiadora genocida cívico militar.
Juicio político al genocida juez Miret - 17022011


3
En este archivo, Ana Oberlin, abogada querellante por parte de la familia Goncalves, pide perpetua para Patti y otros genocidas.

PIDEN PRISIÓN PERPETUA PARA PATTI, RIVEROS, BIGNONE Y MENEGHINI
Fuente: http://www.youtube.com/user/AudiovisualTelam

4
Revés para Noble - La Corte dijo no -15022011


Como se puede observar en esta página, el Escrache de H.I.J.O.S, mecanismo de protesta que tuvo origen en 1996 para denunciar ante la sociedad la impunidad del médico Magnacco ("partero" de la ESMA, quien además fue agente de la Obra Social de los empleados de comercio durante la dictadura apropiadora genocida cívico militar), es sólo uno de los resortes a los que recurre la agrupación como forma de acción: hoy día H.I.J.O.S. es querellante en la mayoría de los Juicios a los genocidas que se llevan adelante en muchos lugares del país, difunde denuncias y actividades a través de la red Internet y se encuentra asociada, la agrupación, a todos los organismos de derechos humanos nacionales surgidos antes y durante la dictadura apropiadora genocida cívico militar.

miércoles, 16 de febrero de 2011

EMPIEZA UN JUICIO EN MAR DEL PLATA - Represor en el banquillo

EMPIEZA UN JUICIO EN MAR DEL PLATA

Represor en el banquillo

El 4 de agosto de 1976, luego de ser torturada en la Comisaría 5ª de La Plata y en el centro clandestino El Vesubio, Analía Magliaro fue trasladada a Mar del Plata en un avión del Ejército. El oficial que debía entregarla a la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, capitán Eduardo Berazay, exigió y obtuvo un recibo, que firmó el capitán Fortunato Valentín Rezett. Cuando Berazay relató la historia en el juicio a los ex jefes de área porteños, en 2009, el fiscal federal Félix Crous pidió su imputación por el homicidio de Magliaro, en un enfrentamiento fraguado. El coronel retirado Rezett fue procesado en febrero de 2010, la Cámara Federal confirmó el fallo en abril y mañana comenzará a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, que integran Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava.

Berazay, miembro de la Compañía de Policía Militar 101, relató que retiró a Magliaro de la Comisaría 34ª porteña y la trasladó en un camión rumbo a aeroparque. El avión aterrizó en la pista de la agrupación que comandaba el condenado coronel Pedro Barda. Ante el extraño pedido de Berazay, Rezett consultó a un superior y firmó un recibo con su nombre y la aclaración “Cap S2 AGR ADA 601”, es decir su grado (capitán), la sigla de la sección inteligencia (S2) y el destino. Durante su indagatoria, Rezett reconoció su firma, dijo que consultó “al teniente coronel Costa”, quien “le ordenó realizar dicho certificado y firmar él mismo”. A partir de mañana a las 9 podrá ejercer su defensa en un juicio oral y público.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162439-2011-02-16.html

El secreto del abogado

El secreto del abogado

“Yendo a declarar por la fuerza pública”, escribió en Twitter el mediático abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten (foto) mientras ingresaba a la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos. Tenía que dar explicaciones sobre el testimonio de un supuesto cliente suyo que hace dos semanas llevó al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense y anunció en los medios de comunicación que era información clave sobre el lugar donde estarían los restos del desaparecido testigo Jorge Julio López. El enorme operativo de búsqueda en la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola desplegado por la fiscalía resultó negativo, y el letrado no acudió a ampliar el escueto escrito que había dejado en el ministerio. Ayer declaró ante el fiscal federal Marcelo Molina y negó todo lo que había afirmado en los medios. Sánchez Kalbermatten había llevado al supuesto informante a la televisión, donde afirmó que el dato lo recibió por una “interna” de la “policía bonaerense”, que a López lo habían matado por lo que sabía del represor Miguel Etchecolatz y que lo habían enterrado en la estación Pereyra del ferrocarril Roca. Consultado ayer por la fiscalía, los abogados de la familia López y la querella de Justicia Ya!, el abogado se amparó en el “secreto profesional” y se negó a responder. Ante algunas de las preguntas del abogado de la familia, Alfredo Gascón Cotti, la fiscalía impidió que fueran respondidas por considerarlas “improcedentes”. “Todo fue decepcionante e infructuoso, no saben lo que padecieron la señora y el hijo en estos días”, se quejó este letrado. “Confirmamos que es un intrépido que tuvo su momento de gloria”, dijo Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! Para ella, lo más llamativo fue que Sánchez Kalbermatten dijo que no dio ningún detalle adicional al ministerio, salvo esos pocos renglones. “Nos parece increíble que hayan dado entidad a algo que hubiéramos descartado de plano”, apuntó. En la fiscalía esperan la declaración del cliente de Sánchez Kalbermatten, que en TV dijo llamarse “Facundo”. Recién entonces las partes decidirán si toman alguna medida por la posible falsa denuncia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162442-2011-02-16.html

viernes, 11 de febrero de 2011

JURY POR "ACTITUD COLABORACIONISTA" CON DELITOS DE LESA HUMANIDAD - Declaran los testigos contra Miret

15:07 › JURY POR "ACTITUD COLABORACIONISTA" CON DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Declaran los testigos contra Miret

El juicio político al suspendido camarista mendocino Luis Miret se reinició esta mañana con el testimonio de una ex detenida, que denunció haber sido "salvajemente violada y salvajemente torturada" en la dependencia policial conocida como D2 de Mendoza. "Ninguno de los jueces del momento, de los defensores públicos ni nadie se acercó a mí ni hizo nada", declaró.

"Puedo decir con total seguridad y total responsabilidad republicana que ninguno de los jueces del momento, de los defensores públicos ni nadie se acercó a mi ni hizo nada", dijo Silvia Susana Ontivero, quien era delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al ser detenida en febrero de 1976.

La primera audiencia dedicada a escuchar testimonios se inició así en el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, en un proceso en el cual Miret, acusado por supuestos delitos cometidos en la última dictadura, encaró su propia defensa y se encargó de preguntar a los testigos en su contra.

"Eramos todos los delegados de ATE que fuimos detenidos y llevados al D2, que se conocía como el palacio de las torturas de Mendoza", explicó Ontivero, una licenciada en administración de empresas que pasó allí 18 días hasta que fue puesta a disposición del PEN y trasladada a la cárcel de Devoto, donde estuvo seis años más.

"Yo fui salvajemente torturada, salvajemente violada, perdí la cuenta de los hombres que me violaron, a veces hasta cuatro veces al día", recordó una de las denunciantes de Miret ante el jury de enjuiciamiento que deberá resolver si lo destituye o lo repone en el cargo.

"Nos dijeron que estábamos frente a un juez, después supe que era uno llamado Carrizo, yo le denuncio todo y él, después de verme entre dos policías que me llevaban porque no podía caminar, me pregunta el juez si me había caído", dijo Ontivero.

Según explicó el propio Miret al preguntarle en la audiencia, por esa época era defensor oficial de Mendoza, no juez. "Con todo respeto no pongo en duda las vejaciones, violaciones y torturas de las que fue víctima, pero yo no era juez, el juez era Carrizo, por qué me vincula a mí con todas sus desgracias y se hace denunciante del doctor Miret", dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

"Me hubiera gustado mucho tener un defensor oficial, doctor Miret", respondió la testigo mirándolo a los ojos. "Nunca tuve defensor, no nos dejaron nombrar uno particular y me abrieron tres causas que luego fueron anuladas", agregó.

"He escuchado que hasta los jueces estuvieron también con las manos atadas, pero nunca supe desde que empezó la democracia que ninguno haya dicho desde entonces 'voy a contar lo que me pasó como juez, fiscal o defensor oficial, que me llegaba gente lastimada, torturada y no pude hacer nada'", señaló Ontiveros.

La testigo resaltó que en Mendoza "todos los expedientes fueron cajoneados, hasta los últimos dos o tres años, en donde por fin hemos podido ser escuchados".

Otro testigo, también militante de organismos de derechos humanos y secuestrado junto a Ontivero, Fernando Roulet, aseguró que Miret "fue particularmente activo" a la hora de avalar lo que hacía la policía de Mendoza de manera "previa y durante la dictadura cívico-militar".

El actual inspector de la Orquesta Filarmónica de Mendoza fue secuestrado del 9 al 26 de febrero de 1976 con el grupo de gremialistas, antes del golpe de Estado. "El superior de la Policía de Mendoza era la justicia federal, si actuaban era porque estaban avalados" señaló y recordó que tras su secuestro su madre se entrevistó con Miret y le pidió que lo buscara, que estaba en poder de la Policía.

"Estoy convencido de que el doctor Miret era parte del aparato terrorista que asaltó el país en la década dle 70", agregó Roulet.

El testigo fue interrumpido también en varias ocasiones por el juez suspendido para aclarar por ejemplo que él no firmó excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad por hallarse excusado y diferenciarse de su colega también con proceso abierto en la Magistratura, Otilio Romano. "Es un maridaje inventado", se indignó Miret al resaltar que él sólo intervino en una de las cinco causas por las cuales se lo denunció junto a Romano y por eso finalmente se separaron las acusaciones.

Miret fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y presentó su renuncia al cargo, que no fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, afronta ahora el jury en su contra por distintos delitos supuestamente cometidos en la dictadura, como por ejemplo el archivo en 1977 de la denuncia de la sustracción de una beba, Rebeca Manrique Terrero, quien recuperó su identidad 20 años más tarde.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-162197-2011-02-11.html

DA LA CARA HIJO DE PUTA
A MI TAMBIÉN ME VIOLASTE HIJO DE PUTA


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-JUEZ BAILAQUE NO HIZO LUGAR AL PEDIDO DE DETENCION DE OCHO REPRESORES

URUGUAY - Una impunidad cada vez más caduca

10:40 › URUGUAY

Una impunidad cada vez más caduca

La Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró inconstitucional por tercera vez la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad a los represores. Es en el marco del caso de cinco guerrilleros tupamaros que en 1974 fueron trasladados clandestinamente desde la Argentina a Uruguay, donde fueron asesinados.

El caso, el tercero en que se declara inconstitucional en menos de año y medio la ley que dejó impunes los crímenes de Estado durante la dictadura, es conocido como los "fusilados de Soca", porque ocurrió en la localidad de ese nombre, en el departamento de Canelones.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia permitirá la investigación de las muertes de Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández. Además, la sentencia puede facilitar la investigación de otros casos como la desaparición de niños durante la dictadura.

Así sucedió por ejemplo con Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, que fue secuestrado poco antes de la muerte de sus padres y entregado a la familia de un policía argentino. Años después García fue localizado por las Abuelas de Plaza de Mayo, actualmente reside en Montevideo y es un activo militante de las causa de defensa de los derechos humanos.

La ley de Caducidad, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por dos plebiscitos en 1989 y 2009.

El año pasado el bloque oficialista del Frente Amplio envió un proyecto al Parlamento para dejarla sin efecto, lo que generó una fuerte polémica. Pese a que el partido gobernante tiene mayoría en ambas cámaras, la ley solamente pudo ser aprobada en Diputados pues varios senadores del Frente se negaron a apoyarla con el argumento de que el pueblo ya había dado su veredicto sobre la validez de la normativa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-162196-2011-02-11.html

BUSSI O LA HISTORIA DE LA INFAMIA EL DICTADOR NUEVAMENTE PRESO

BUSSI O LA HISTORIA DE LA INFAMIA EL DICTADOR NUEVAMENTE PRESO

Por Marcos Taire
La Fogata

El genocida Antonio Domingo Bussi está preso desde ayer en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, en San Miguel de Tucumán. El juez federal Jorge Parache lo acusa por el 'homicidio calificado con ensañamiento y alevosía, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, agravada' del que fue víctima el senador Guillermo Vargas Aignasse. El magistrado se negó a otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria debido a que el 'anciano' represor, por los miedos y los fantasmas que lo persiguen, tiene declarado como tal la sede de Fuerza Republicana y habita una suite del Grand Hotel.
Vargas Aignasse fue detenido la noche del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976 y alojado en la Cárcel de Villa Urquiza. El día 5 de abril fue retirado de allí en un simulacro de liberación y nunca más apareció. Fue visto en los campos de concentración de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Bussi se negó a declarar ante el juez y presentó un escrito reclamando ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que considera que fue un 'soldado que luchó en una guerra contra la agresión marxista leninista' por orden de un gobierno constitucional, el de Isabel Perón, que en 1975 decretó la realización del Operativo Independencia.

La 'guerra' contra el pueblo tucumano

Bussi reemplazó a Acdel Vilas en la comandancia de la Quinta Brigada de Infantería y del Operativo Independencia el 20 de diciembre de 1975.
Vilas -el otro gran impune de los crímenes cometidos en Tucumán- dijo al entregar el mando que 'la subversión armada ha sido total y completamente derrotada'. Pocos días después Bussi telefoneó a Vilas, para decirle 'usted no me ha dejado nada por hacer'.
Desde el inicio de las operaciones militares y hasta finalizado el mandato de Bussi como gobernador -cargo que asumió en abril de 1976- miles de tucumanos fueron detenidos, secuestrados, torturados y asesinados en decenas de campos de concentración. El primero de estos siniestros lugares funcionó en la Escuela Diego de Rojas en Famaillá, lugar por donde según palabras del propio Vilas pasaron más de 1500 secuestrados. Bussi intensificó la represión y sembró de campos similares toda la provincia. Los mas conocidos y tenebrosos funcionaron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Jefatura de Policía, la Cárcel de Villa Urquiza y el ex ingenio Nueva Baviera.
En informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos en Tucumán precisó que el 92 % de los secuestrados fueron detenidos en sus domicilios, la mayor parte de ellos en horas de la noche.
Vilas y Bussi se ensañaron con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles de la provincia. A partir del golpe de estado, Bussi hizo secuestrar y asesinar a Dardo Molina, presidente del Senado provincial; Juan Tenreyro, secretario de la gobernación; Bernardo Villalba, diputado nacional; Damián Márquez, senador provincial; Raúl Lechessi, diputado provincial y José Chebaia, secretario de Planeamiento, por nombrar solo a altos funcionarios del gobierno destituido.
Un grupo de tareas al mando de Roberto 'el tuerto' Albornoz secuestró, torturó y asesinó al máximo dirigente de la UCR local, Angel Pisarello. A mediados de 1976 era el último abogado que se animaba a presentar habeas corpus por los detenidos. Una gran cantidad de colegas suyos estaban ya detenidos, secuestrados, asesinados o en el exilio.
Los grupos operativos -la patota- estaba integrada siempre por entre 15 y 20 miembros. Eran militares, gendarmes, policías federales y provinciales, guardiacárceles y civiles. Los 'combates' los libraban con zona liberada y apoyos de vehículos y personal. Además de capturar a los 'enemigos', maltrataban a mujeres y niños y se robaban todo lo que podían.

El 'pabellón de la muerte'

El senador Vargas Aignasse fue desaparecido desde la Cárcel de Villa Urquiza. Allí, en el sector 'E' funcionó un campo de concentración llamado 'el pabellón de la muerte' por los reclusos. El lugar estaba completamente aislado del resto del penal, que era dirigido por el comisario Marcos Fidencio Hidalgo, uno de los máximos represores en tiempos de Bussi. Allí los prisioneros eran martirizados a diario y varios de ellos fueron salvajemente asesinados. El ayudante de Hidalgo, el cabo Miguel Carrizo, solía entrar a las celdas con sus perros y hacía morder a los presos. Los detenidos, sin colchones ni frazadas, en celdas con las ventanas clausuradas con soldaduras, eran golpeados con gomas y palos todos los días, a cualquier hora.
La Jefatura Bussi tuvo un jefe de policía que se caracterizó por el ensañamiento con que trataba a los detenidos, el teniente coronel Antonio Arrechea. De él dependía el director de la cárcel, Hidalgo. También el Servicio de Información Confidencial, una organización terrorista a cuyo frente se desempeñó el comisario Roberto 'el tuerto' Albornoz, responsable de la mayor cantidad de secuestros y asesinatos en tiempos de Bussi. Uno de los grupos operativos más activos era dirigido por el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya.
El Arsenal, un campo al estilo nazi En el Arsenal Miguel de Azcuénaga funcionó un campo de concentración y exterminio copiado de los construidos por los nazis durante la segunda guerra. Tenía barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. En ese lugar se cometieron las peores aberraciones contra los detenidos que, en su mayoría, fueron asesinados. El enterramiento, el atado con alambres de púas, la amputación de miembros, la incineración de prisioneros vivos, la picana y los golpes hasta la muerte, fueron las características de este lugar.
En este campo Bussi obligaba a sus subalternos a sellar el pacto de sangre que garantizaría el silencio futuro. Llegaba acompañado por su plana mayor, hacían formar a los presos con los ojos vendados y las manos atadas y procedía a efectuar el primer disparo en la nuca. Después hacían lo mismo el resto de sus acompañantes. Un gendarme arrepentido declaró que así asesinó Bussi a la adolescente Ana María Corral, de solo 16 años de edad.
A partir de hoy deben presentarse ante el juez Luciano Benjamín Menéndez, jefe inmediato de Bussi durante la dictadura y el resto de sus cómplices en la tarea criminal, entre ellos Arrechea, Hidalgo y González Naya.
Bussi debía asumir la intendencia de San Miguel de Tucumán el 29 de este mes. Un grupo de organizaciones populares organizaron para entonces una 'Semana de la vergüenza nacional'. Ahora estudian la posibilidad de realizar actos para festejar la imposibilidad del genocida de asumir el cargo.

EL OCASO DE BUSSI ARRASTRA A OTROS ASESINOS Y SUS COMPLICES

La detención del genocida Antonio Domingo Bussi por orden de un juez federal puede arrastrar a otros criminales y desenmascarar a los cómplices de la represión en Tucumán. Es que se están reactivando casi 400 denuncias por la caída de las leyes de obediencia debida y punto final. Hay varios casos muy conocidos que pueden tener gran repercusión. También se pidió la exhumación de cadáveres de un cementerio y acusaron a un famoso sacerdote por su participación en la elaboración de listas de personas que fueron secuestradas y se encuentran desaparecidas.
Trascendió que son casi 400 las denuncias que se están reactivando en la Justicia Federal contra el represor Antonio Bussi, preso desde el miércoles pasado en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. La institución está ubicada en el ex Regimiento 19 de Infantería, lugar donde funcionó un campo de concentración En esa época el jefe del RI 19 era el teniente coronel Alais(el que siendo general nunca llegó para defender a Alfonsín en la rebelión carapintada) y ejercía el poder total en la provincia el general Bussi. Detenido en la causa que investiga la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, Bussi debe afrontar ahora las denuncias que en su momento fueron paralizadas por las leyes de impunidad dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Mientras se tramitaban en los juzgados, esas causas sufrieron atrasos, pérdidas y ocultamientos provocados por cómplices de la dictadura.
El abogado Juan Robles, que patrocina a Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del desaparecido, solicitó la exhumación de tres cadáveres -dos masculinos y uno femenino- enterrados como NN en el cementerio de la Villa de Medina, en el sur provincial. Su pedido está fundamentado en denuncias anónimas de personas que dijeron saber que uno de esos cadáveres es el del senador desaparecido. Entre las causas de mayor resonancia que se están reactivando a pedido de familiares y abogados defensores de los derechos humanos están la desaparición de un periodista, el asesinato de un destacado dirigente gremial docente y el secuestro de un estudiante, hermano de uno de los hombres más importantes de la política nacional actual. El joven Eduardo Ramos era un brillante periodista que se desempeñaba en el diario local Noticias y en el Canal 10 de Televisión. Sin militancia política, fue secuestrado por una patota junto a su esposa y nunca más se supo de él.
Francisco Isauro Arancibia era secretario general de ATEP (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales), fundador y uno de los máximos dirigentes de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Fue la primera víctima del golpe de estado en la provincia. Una patota integrada por policías y civiles lo asesinó la madrugada del 24 de marzo de 1976. Combativo y honesto, habitaba una humilde pieza en la sede gremial, que en ese momento compartía con su hermano Arturo.
Ambos intentaron resistir el accionar represor pero no pudieron contra la desigualdad numérica y de armamentos y terminaron acribillados a balazos.
Luis Falú era estudiante universitario y había militado en el Integralismo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Residía en Buenos Aires, donde se había refugiado por temor a los crímenes que se cometían en Tucumán al amparo del Operativo Independencia. En un viaje para visitar a su familia fue atrapado por la patota militar y trasladado al campo de concentración que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Después de ser bárbaramente torturado, fue asesinado en ese lugar. Era hermano de José Ricardo Falú, actual presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y del guitarrista Juan Falú.
Acusan a Aníbal Fósbery Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del desaparecido senador, formuló una grave acusación contra el sacerdote Aníbal Fósbery. En un programa de televisión dijo que Fósbery participaba en reuniones en el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en las cuales se elaboraban las listas de las personas a secuestrar. Ricardo Bussi, hijo del represor preso, visitó al arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, para repudiar los dichos de Vargas Aignasse. La curia tucumana no emitió opinión, pero se encargó de difundir sonoramente las declaraciones de Bussi (h), quien dijo que se había ofendido a la grey católica de la provincia.
En realidad, se sabe desde siempre que Fósbery fue el mayor apoyo eclesiástico que tuvieron los militares en Tucumán desde el inicio del Operativo Independencia y durante la dictadura. En esos tiempos Fósbery fue rector de la UNSTA (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) y creó FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), una organización clerical cuyos integrantes recibían instrucción cuasi militar. A partir de las investigaciones realizadas a la caída de la dictadura, se sabe que en el Comando de la Quinta Brigada -donde se denunció la presencia de Fósbery- funcionaba un organismo que decidía la vida y la muerte de los tucumanos.
Era la Comunidad de Servicios de Inteligencia (CSI). Este organismo estaba integrado por el Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, la SIDE, el Servicio de Información Confidencial de la policía provincial e Inteligencia de la delegación de la Policía Federal. A las reuniones asistían personas de distintas instituciones y otras que lo hacían a título personal, que emitían sus opiniones sobre los tucumanos acusados de pertenecer a la 'subversión'.
Una vez detenidas, las personas acusadas de 'subversivas' eran trasladadas a los campos de concentración que funcionaban en todo el territorio tucumano.
Desde allí volvían los informes que los hombres de 'inteligencia' arrancaban a los secuestrados en sesiones de monstruosas torturas. La CSI discutía esos informes y ordenaba por escrito el movimiento de prisioneros. Cuando en esas órdenes se colocaba un sello que decía 'DF' (disposición final o destino final) esa persona era asesinada por los militares. No es la primera vez que un alto dignatario de la Iglesia Católica es involucrado en la represión en Tucumán. Cuando la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) estaba llegando al final de su tarea, en noviembre de 1984, trascendió una lista de 1351 personas que habían sido mencionadas como vinculadas a la represión. En esa lista figuraban 15 sacerdotes católicos con distintos grados de compromiso con los represores. Entre ellos estaba Blas Victorio Conrero, arzobispo de Tucumán. Una copia de esa lista fue entregada al presidente Alfonsín en una reunión en la que se decidió no publicarla. Un empleado de la CONADEP entregó una copia a la revista El Periodista, que la publicó.
Criminales y cómplices Entre los responsables de los campos de concentración figuran el teniente coronel Arrechea y el capitán González Naya, dos de los convocados por el juez Parache en la causa Vargas Aignasse.
No se descarta que, por la reactivación de los juicios a los represores, sean citados próximamente otros involucrados en la represión. Varios civiles figuran en la lista, entre ellos el ex juez Manlio Martínez y el secuestrador Martín Triviño. Se cree que, fruto de las investigaciones, surgirán los nombres de otros civiles que integraron las patotas o fueron delatores de sus comprovincianos. Hay que tener en cuenta que un pseudo periodista, que trabajaba en LV 7 Radio Tucumán, integró la patota que mató a Arancibia. En esa misma emisora había otro periodista que integraba el plantel estable de la delegación de la SIDE en Tucumán.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIXonpCmzJpWN9hjID7ym7KL01xu40fvCI9KLaiGHXajtykcepNota: En mi artículo anterior 'Bussi o la historia de la infamia' se deslizó un error involuntario. Al mencionar a una adolescente asesinada por Bussi escribí Ana María Corral. El nombre correcto es Ana Cristina Corral. Ana Cristina era estudiante secundaria del Liceo de Señoritas Remedios Escalada de San Martín, de San Miguel de Tucumán. Durante su cautiverio, el diario La Gaceta publicó una fotografía suya en un pedido de paradero, afirmando que 'faltaba a su hogar'. El responsable de esa publicación fue el teniente coronel Zimmerman, jefe de Policía, a quien los padres de Ana Cristina habían facilitado la fotografía en una entrevista de las muchas que realizaron sin éxito para conocer algo sobre la situación de su hija desaparecida. Agradezco al colaborador de ARGENPRESS.info Carlos Powell la rectificación.

http://www.lafogata.org/represores/na_infamia.html



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-"El sadismo era violar embarazadas"

JUEZ BAILAQUE NO HIZO LUGAR AL PEDIDO DE DETENCION DE OCHO REPRESORES - Se mantienen las excarcelaciones

Para Bailaque deben resolverse otras instancias.

JUEZ BAILAQUE NO HIZO LUGAR AL PEDIDO DE DETENCION DE OCHO REPRESORES

Se mantienen las excarcelaciones

Los fiscales Stara y Gambacorta entendieron que Lofiego e Ibarra, entre otros, en caso de mantenerse la libertad, intentarían eludir la acción de la justicia.
Preocupación de organismos de derechos humanos de la ciudad y de sobrevivientes.

El juez federal Marcelo Bailaque resolvió no hacer lugar al pedido de detención de ocho represores interpuesto por los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. El magistrado sostuvo que debe esperarse lo que se resuelva en otras instancias donde se encuentran los incidentes excarcelatorios. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, habían solicitado la inmediata detención de Ramón Telmo Alcides Ibarra (alias Rommel), Julio Héctor Fermoselle (Darío), Eduardo Dugour (Picha), Ernesto Vallejo (Managua), Ovidio Marcelo Olazagoitia (el Vasco), Diego Portillo (Diego), Pedro Travagliante (Rulo), así como de José Rubén Lofiego (el Ciego), en el caso de privación ilegal de la libertad cometida contra Graciela Borda Osella.

El mismo pedido formularon los representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Oral Federal número 2 respecto de los imputados Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos José Antonio Scortechini y Ramón Rito Vergara, cuyo juicio oral se está realizando, y transitan en libertad. Este segundo planteo aún no se resolvió.

Los fiscales entendieron que "la gravedad de los hechos imputados, la naturaleza de los delitos calificados como de Lesa Humanidad, la pena en expectativa, el especial deber del Estado argentino de neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación" resultan, entre otros, "parámetros válidos para afirmar que, en caso de mantenerse la libertad, los imputados intentarían eludir la acción de la justicia".

Afirmaron que tanto la Cámara Federal, el juzgado de Bailaque y la Cámara Nacional de Casación Penal según los casos al conceder las excarcelaciones incurrieron "no solo en un claro apartamiento del derecho, específicamente de las normas que restringen la excarcelación sino también, en una indebida omisión de valorar circunstancias fácticas del caso que permiten sostener la existencia de peligros procesales conforme el estándar establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revocar la eximición de prisión de Domingo Morales, a fines de diciembre pasado, tal como lo había hecho en expedientes anteriores".

Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas, Elida Luna y Héctor Medina manifestaron: "Lamentablemente nos asistió razón cuando dijimos que luego de las intimidaciones sufridas por muchos de los testigos en Santa Fe, lo ocurrido con Julio López y Silvia Suppo quedaba demostrado el riesgo procesal de todos los imputados por delitos de lesa humanidad. Lo dijo nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una obligación para los jueces inferiores respetar los fallos supremos, de lo contrario deberían indicar por qué se apartan de aquellos".

Por su parte, Marta Bertolino, sobreviviente, del Servicio de Informaciones y querellante en la causa Díaz Bessone consideró que "los delincuentes de lesa humanidad, deben esperar los procesos en cárceles comunes y cumplir allí mismo las penas. El Estado debe garantizar la realización de los juicios. Liberarlos no es de ninguna manera una señal de cumplimiento de este compromiso con la comunidad internacional. La negativa del juez Bailaque deberá ser revertida para acercarnos nuevamente al ideal jurídico de ciudad que cumple con sus compromisos con el mundo y con el futuro".

Desde el Equipo Jurídico de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las profesionales Gabriela Durruty, Daniela Asinari y Jesica Pellegrini explicaron que "lo solicitado por el fiscal Stara es la única medida que garantiza el cumplimiento de los stándares fijados por la Corte en materia de delitos de lesa humanidad, así como la seguridad de los testigos y la realización del proceso". Para las abogadas, "la resolución del juez instructor no explica por qué se aparta de los lineamientos establecidos por el máximo Tribunal respecto a la restricción de la libertad durante el proceso de personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, ocasionando -además un grave dispendio jurisdiccional ya que obliga a transitar todas las instancias judiciales conociendo de antemano el resultado que se obtendrá a raíz de lo que ya resolvió la Corte Suprema de la Nación".

El Alto Tribunal estableció como parámetros decisivos para denegar excarcelaciones la gravedad de los delitos investigados, la expectativa de pena de los mismos, la experiencia, los medios y las relaciones de las que podrían llegar a valerse los imputados recordando que se trata de delitos calificados como de lesa humanidad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-27377-2011-02-11.html

jueves, 10 de febrero de 2011

La querella pedirá perpetua para los represores del centro clandestino "Automotores Orletti"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Edificio_Mart%C3%ADnez_de_Hoz_(SIDE).JPGEdificio "Martínez de Hoz", sede de la SIDE, la inteligencia del Estado Argentino, en permanente contacto visual con la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. La patota genocida de la SIDE durante la dictadura apropiadora genocida cívico militar que manejaba el CCDT y E "Automotores Orletti" salió del edificio "Martínez de Hoz" a segar las vidas de sus compatriotas.

15:25 - POLITICA

La querella pedirá perpetua para los represores del centro clandestino "Automotores Orletti"


El juicio oral y público contra los represores que actuaron en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti" ingresó hoy en su tramo final, con los alegatos de las querellas que -anticiparon- solicitarán la prisión perpetua para los imputados, entre quienes se encuentra el ex agente civil de inteligencia del Ejército, Raúl Guglielminetti.

Hoy fue el turno del abogado Gonzalo Romano, representante de los querellantes uruguayos que sobrevivieron tras su ilegal cautiverio y que, tras ser secuestrados y torturados en Orletti, fueron enviados vía aérea a su país natal y entregado a las fuerzas armadas; quien formuló su alegato ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Federal Uno (TOF1) que lleva adelante el debate.

La semana próxima corresponderá que los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas escuchen el alegato de la querella que encabeza la Secretaría de Derechos Humanos, que representa a las 65 víctimas del grupo represor, y que pedirá la pena de prisión perpetua para los acusados.

Entre los acusados se encuentran junto a Guglielminetti, el ex general de División del Ejército Eduardo Cabanillas, y los ex agentes civiles de inteligencia de la SIDE, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo; en tanto la semana anterior se produjo el fallecimiento de Rubén Visuara, el otro imputado en esta causa que tramitó el juez federal Daniel Rafecas.

Desde el 3 de junio de 2010, cuando comenzó el proceso, los integrantes del TOF1 ya escucharon más de ocho decenas de testimonios, entre ellos varios de sobrevivientes, que narraron los secuestros y la crueldad de los tormentos que recibían los prisioneros en ese centro clandestino de detención, que funcionaba en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio porteño de Floresta.

Finalizados los alegatos de la querella, será el turno del fiscal Guillermo Enrique Friele -se prevé que sea durante la primera semana de marzo- tras lo cual se concederán diez días de plazo para que hagan sus descargos los defensores de los imputados, por lo que se estima que la sentencia pueda conocerse a mediados de abril.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Rafecas, “Orletti” estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también muerto Otto Paladino, en tanto esta es la primera vez que Guglielminetti, apodado "mayor Guastavino", enfrenta un juicio oral por delitos de lesa humanidad.

Respecto de Guglielminetti, la Justicia consideró probado que el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejercito estuvo en “Orletti” y fue acusado por "privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones”.

"Automotores Orletti" era una vieja casona de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria", también conocido como "El Jardín" y fue alquilado por agentes de la SIDE para ser base operativa del denominado “Plan Cóndor” diseñado por dictaduras latinoamericanas para perseguir a opositores políticos.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=212122&id=401876&dis=1&sec=1

HOY COMIENZA EL JUICIO POLITICO AL CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET - No lo defienden ni sus testigos

Miret fue suspendido en septiembre por el Consejo de la Magistratura.
Imagen: Gentileza la Voz del Interior


HOY COMIENZA EL JUICIO POLITICO AL CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET

No lo defienden ni sus testigos

El juez acusado de haber asumido una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” solicitó en su defensa el testimonio de Adolfo Rodríguez Saá. Pero el senador planteará hoy críticas a Miret. Habrá dos semanas de audiencias y pasarán 29 testigos.

Por Irina Hauser

El juicio político contra el camarista federal de Mendoza Luis Miret, acusado de tener una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” cometidos en 1975 y durante la dictadura, empezará hoy con un sorpresivo gol en su contra. Uno de los testigos de concepto que había presentado para que hablara bien de él se dio vuelta antes del inicio de las audiencias. Es, nada menos, que Adolfo Rodríguez Saá, quien presentó una declaración por escrito en la que dice que recuerda a Miret porque no se ocupó como debía de la causa por su secuestro –una historia que mezclaba amantes, sexo y violencia– cuando era gobernador de San Luis. “Tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados”, advierte el senador del Peronismo Federal.

Miret fue suspendido en septiembre último, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura le imputó mal desempeño por haber ignorado “secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad” que sufrían y denunciaban los detenidos a disposición de su juzgado desde los meses previos al golpe de 1976. Las víctimas, que serán testigos ante el jurado, lo acusan de usar las declaraciones que los represores les arrancaban bajo torturas en el centro clandestino de detención D2 de Mendoza para aplicarles la llamada “ley antisubversiva”. Habrá unas dos semanas de audiencias y después de escuchar a 29 testigos el jury tomará una decisión. Miret podría convertirse en el primer juez destituido por colaborar como tal con el terrorismo de Estado.

La defensa de Miret había mandado al jurado una lista de testigos propios, entre ellos Rodríguez Saá, con preguntas. Pretendía que opinara sobre su papel en el Poder Judicial allá por 1972. El senador contestó por escrito –una opción que proporciona su cargo– que recuerda que, cuando era apoderado del PJ, Miret tenía cargo de fiscal con competencia electoral en San Luis, pero no evalúa su desempeño. En cambio se despacha en otro punto, aprovechando que le preguntaron si Miret había intervenido en el caso en que denunció su secuestro y si había juzgado “con independencia y objetividad”. “El juez Miret actuó en la causa penal por secuestro extorsivo en que fui víctima (...) El magistrado enjuiciado tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados, quienes con posterioridad fueron condenados a severas penas de prisión por el tribunal federal oral”, dice la declaración, a la que accedió Página/12. La historia que sacudió a la provincia se remonta a octubre de 1993, cuando Rodríguez Saá denunció que había sido secuestrado cuando estaba con una funcionaria (y amante), Esther “La Turca” Sesín, en un hotel. Dijo que lo violaron y que fue filmado, aunque el video nunca apareció. Sesín, Walter Salgado y Eduardo Doyhenard fueron condenados.

Aunque aquel caso no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, es evidente que el testimonio a Miret no lo ayuda. Hoy, cuando empiece el juicio, le darán la palabra. En los días sucesivos los primeros en aportar sus relatos serán la titular de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini, y Fernando Rulé, uno de denunciantes iniciales junto con Silvia Ontiveros. Luego se sumarán, entre otros, Luz Faingold y su madre, Luz Casenave: en 1975, Luz (hija), menor de edad, fue alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba a la par que su novio de entonces, León Glogowsky, también preso, denunciaba que la habían violado. El también declarará, igual que René Tomini, quien contó que Miret lo fue a ver al calabozo donde lo alojaban en el D2, tras haber sido torturado, y le recomendó: “Hay que aguantar”. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de desaparecidos, privada de recuperar su identidad durante años porque Miret archivó el caso invocando las leyes de impunidad.

Entre los testigos que pidió Miret figura la ex jueza de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, cuyo testimonio los denunciantes aguardan con expectativa. También ofreció a Eduardo Mestre Brizuela, ex compañero de tribunal de Miret que ahora defiende acusados de delitos de lesa humanidad. Los consejeros que actuarán como fiscales serán el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales, el diputado K Carlos Moreno y el abogado Alejandro Fargosi. El jury lo integran los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162076-2011-02-10.html

LA CAMARA MARPLATENSE ACUSO AL MAGISTRADO QUE LLEVA LA CAUSA DE LA CNU - Denuncian a un juez por “facilitar fugas”

El presidente de la Cámara marplatense, Jorge Ferro, denunció a Pradas.
Imagen: Gentileza La Capital de Mar del Plata

LA CAMARA MARPLATENSE ACUSO AL MAGISTRADO QUE LLEVA LA CAUSA DE LA CNU

Denuncian a un juez por “facilitar fugas”

El presidente de la Cámara de Mar del Plata pidió que se investigue al juez Pradas, por haber demorado las órdenes de detención de siete represores de la Concentración Nacional Universitaria.

El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por “facilitar las fugas” al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.

Varios de los ex CNU son abogados del foro marplatense. El más famoso es Gustavo Demarchi, detenido el miércoles pasado en Colombia. El fiscal federal Gustavo Rodríguez pidió que se investigue a los responsables de los controles migratorios porque Demarchi tenía prohibida la salida del país desde febrero de 2009. Otros letrados de la CNU procesados pero libres (porque sólo hay pruebas sobre su rol en la asociación ilícita) son José Luis Granel, Roberto Coronel y Roberto Justel.

El Ministerio Público pidió las detenciones e indagatorias de los ex CNU en noviembre de 2009. Antes de que el juez Pradas ordenara privarlos de la libertad, los imputados pidieron la exención de prisión, léase permanecer libres durante el proceso. El juez rechazó el planteo y de inmediato fue recusado, pedido que también rechazó. Cuando los ex CNU apelaron ambas decisiones, entró en escena la Cámara Federal. Como varios de los imputados son miembros o bien tienen fluidas relaciones en la corporación judicial, los colegas de Ferro se excusaron, igual que todos los letrados sorteados para reemplazarlos. La Cámara de Casación debió finalmente completar el tribunal con conjueces de La Plata. Pradas, mientras tanto, consideró que por la debilidad de su nombramiento como subrogante no podía avanzar con las detenciones. Lo concreto es que esa combinación de factores significó para Demarchi & Cía. un año más de impunidad.

El 13 de octubre la Cámara Federal confirmó a Pradas y días después confirmó el rechazo a los pedidos de exención de prisión. Pero en lugar de tomar y comunicar ambas decisiones bajo secreto de sumario, se las notificó al juez y a las partes, con lo cual los ex CNU supieron que los pedidos de detención eran inminentes, noticia que incluso publicó la prensa local. Comenzaron entonces las irregularidades que Ferro detalla en su denuncia, en la que no lo acompañaron los conjueces platenses.

En primer lugar, señaló el camarista, Pradas dio trámite a un incidente de prescripción que hibernaba en su poder desde hacía un año. El 4 de noviembre pidió cupo para eventuales detenciones a la Policía Federal, a Prefectura y a la cárcel de Batán. Ferro calificó como “ridiculez extrema condicionar la viabilidad de una detención a lograr lugar de alojamiento”. Apuntó como agravante que funcionarios del Programa Verdad y Justicia le ofrecieron un día antes cupos en la cárcel de Marcos Paz, propuesta que ratificaron miembros del Programa de Protección de Testigos, y el juez rechazó ambas ofertas. “El lugar de detención lo elijo yo”, les dijo.

El paso siguiente es de una “escandalosa peculiaridad”, denunció Ferro. El 8 de noviembre Pradas pidió la detención de los ex CNU, pero no de inmediato sino “a partir de las nueve horas del día 9 de noviembre”. Ganaron otro amanecer al sol. Mientras tanto, no ordenó ninguna tarea de vigilancia o allanamiento, “dejando librado a criterio de los requeridos la opción de entregarse o no al personal policial”, explicó Ferro.

Cuando la Dirección de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas le comunicó que no encontraba a los ex CNU, Pradas se tomó 48 horas y dio otro paso extraño: libró cédulas a los domicilios de los imputados para que se presentaran voluntariamente. “Nunca visto en esta jurisdicción”, apuntó Ferro. Concluyó con “dilaciones” llamativas. El 12 de noviembre el juez dejó pasar otras dos horas después de las 13, cuando preveía iniciar la indagatoria. Entonces pidió las capturas, que recién tres días después notificó a los organismos de Seguridad e Inteligencia. Ferro consideró “lesionado gravemente el honor del Poder Judicial” marplatense y denunció a Pradas por violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y/o encubrimiento.

Los únicos dos detenidos tras la orden de detención de Pradas fueron Mario Durquet y Patricio Fernández Rivero. El miércoles cayó Demarchi, que debe ser extraditado. El martes a la madrugada, en Quilmes, fue detenido Raúl Moleón, vínculo de la CNU con el Ministerio de Bienestar Social en tiempos de José López Rega, y ayer fue detenido Fernando Otero. De esa tanda sólo siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162097-2011-02-10.html

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - A Miret le llegó la hora

17:11 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

A Miret le llegó la hora

El camarista federal Luis Miret enfrentará desde mañana un juicio político acusado de haber tenido como magistrado una “actitud colaboracionista” con los crímenes que se cometieron antes y durante la última dictadura militar, según los cargos con que lo suspendió el año pasado el Consejo de la Magistratura.

Miret fue enjuiciado por haber tolerado las torturas aplicadas por fuerzas represivas en su provincia. En el dictamen acusatorio hay relatos que dan cuenta, por ejemplo, de que le dijo a un detenido en 1975 que tenía que “aguantar” las sesiones de tortura y que ignoró las denuncias sobre la violación de una menor presa por la llamada “ley antisubversiva”, a quien dejó detenida en una cárcel de adultos.

Justamente esa testigo, Luz Faingold, declarará ante el Jury el martes 15 de febrero a las 8, y posteriormente lo hará su madre, Luz Casenave, dos de las principales acusadoras del aún magistrado mendocino.

Ese mismo día, pero por la tarde, declarará León Glowosky, quien era novio de Faingold cuando ambos fueron detenidos y quien relató al entonces juez de primera instancia Miret que su joven pareja había sido violada por policías mendocinos en un destacamento que luego fue utilizado como centro clandestino de detención y torturas durante la dictadura.

El juicio político discurrirá a lo largo de siete días de audiencias y alegatos, y luego el tribunal fijará fecha para anunciar su veredicto, que se resumirá en destituir o confirmar en el cargo al camarista mendocino.

El tribunal estará presidido por el juez Carlos Bossi, secundado por su colega Alejandro Tazza; los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano; los diputados Jorge Landau y Daniel Katz, y la abogada Verónica Pedrotti.

Los acusadores serán el abogado Alejandro Fargosi, el diputado kirchnerista Carlos Moreno y el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales.

El juez fue suspendido en el cargo el 16 de setiembre pasado por el Consejo de la Magistratura y renunció a su cargo para evitar el trámite del juicio político, pero la dimisión nunca fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Las audiencias, que se desarrollarán en el edificio del Consejo de la Magistratura, situado en Libertad 731 de esta Capital, se iniciarán a las 16 y se extenderán hasta el lunes 21 de febrero.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-162051-2011-02-09.html

UN GRUPO QUE DEFIENDE A REPRESORES PUBLICO DATOS DE UN PERIODISTA - Una amenaza con nombre y apellido en Uruguay

11:25 › UN GRUPO QUE DEFIENDE A REPRESORES PUBLICO DATOS DE UN PERIODISTA

Una amenaza con nombre y apellido en Uruguay

Una agrupación de militares retirados uruguayos que reivindica el accionar durante la dictadura publicó en Internet datos personales del periodista Roger Rodríguez, del diario "La República". La semana pasada, el autodenominado Foro Libertad y Concordia apareció en la escena política uruguaya con la divulgación de un comunicado en el que denunció una situación de "hostigamiento social" contra los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.

La agrupación, que reivindica la actuación durante la última dictadura (1973-1985), se propone que "la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto", señaló con ironía el teniente coronel retirado Héctor Varela.

La publicación de los militares dice que "Juan Roger Rodríguez Chanardi es a ratos periodista del pasquín difamatorio "La República", en otras 'Investigador privado sin patente' y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y este es su curro". "El citado es hijo de Hermes Rodríguez y Teresa Chanardi, teniendo como cédula de identidad N° X.XXX.XXX-X. Vivía en la calle XXXX N° XXXX. Teléfono XXXX-XXXX y es nacido el 1° de febrero de 1960. Se solicita a los miembros del grupo de Apoyo al Foro, confirmar la ubicación de la calle XXXX. Gracias", culmina la publicación.

"Yo no publiqué ninguna amenaza, yo publiqué una información", agregó Varela, uno de los primeros que ha asumido ser miembro de esa organización que dice representar a unas 1000 personas.

Roger Rodríguez es uno de los periodistas uruguayos que más ha investigado y denunciado los crímenes cometidos por miembros de la última dictadura y sus aportes han servido para enviar a varios responsables a la cárcel, tanto en Uruguay como en la Argentina y Brasil.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) evaluó hoy que el mensaje publicado en Internet contra Rodríguez "constituye una velada amenaza a su seguridad personal, que preocupa a quienes buscan la justicia y la verdad para poder afianzar la democracia".

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) repudió el hecho y también emitió un comunicado de apoyo a Roger Rodríguez, a la vez que alertó a las autoridades del Ministerio del Interior. "APU rechaza bajo cualquier circunstancia el intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública", señala el sindicato de los periodistas de Uruguay.

El Foro Libertad y Concordia apareció en la escena política uruguaya la semana pasada con la divulgación de un comunicado en el que denunció una situación de "hostigamiento social" y consideró que muchos militares son "víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales" que investigan crímenes cometidos en aquellos años de dictadura.

Este martes, sin embargo, en una nueva nota aclara que sienten "orgullo del sistema democrático, del gobierno nacional y de la convivencia pacífica, basada en la amplia libertad de expresión que goza la ciudadanía".

No comparten "las resoluciones adoptadas por la Justicia en los casos que se tiene conocimiento de los autos de procesamiento, dirimidos en perjuicio de militares que intervinieron en la lucha antisubversiva". Varios militares empezaron a desfilar este martes por tribunales de la justicia civil de Uruguay al reabrirse algunos casos de violaciones de los derechos humanos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-162041-2011-02-09.html

Domingo Fortunato Saladino, desaparecido, torturado y asesinado en 1978

Domingo Fortunato Saladino, desaparecido, torturado y asesinado en 1978
Domingo Fortunato Saladino, desaparecido, torturado y asesinado en 1978 por el Terrorismo de Estado. Todos nosotros exijimos JUSTICIA: yo, tu hijo; tu nietito de 5 años y el resto de la familia. Aparición con vida y castigo a los culpables.

Financiamiento

Esta página y todo el trabajo que aquí (y en todo el conjunto de páginas que administro en nombre de la Fundación Saladino), se realiza se financia por completo con el dinero recibido de parte del Estado Nacional Argentino a fines del año 2011 en concepto de reparación monetaria por el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de mi padre, Domingo Fortunato Saladino por parte del Terrorismo de Estado en 1978.

¡¡¡NECESITAMOS DONACIONES URGENTE!!! ¡¡¡AUNQUE SEAN DEPÓSITOS DE A DOS PESOS!!! ¡¡¡YA ESTAMOS TRABAJANDO EN TODO EL MUNDO Y NUESTRA PRESENCIA EN LA RED CONTRIBUYE A QUE INTERNET SEA JUSTA, IGUALITARIA Y QUE RESPONDA A LOS PROPÓSITOS PARA LOS QUE FUE CREADA!!!

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Gustavo Saladino
D.N.I.16.453.320

Hijo de desaparecido y asesinado.
Héroe de la Resistencia Antifascista contra el genocidio cultural del menemismo.
Objetor de conciencia al Servicio Militar Obligatorio hasta su desaparición definitiva lo que me valió verme impedido de ejercer mi derecho cívico al voto entre 1983 y 1995.
Despedido del Estado en 1989 por ser hijo de desaparecido.
Denunciante contra los genocidas ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en 1984.
Co-Denunciante contra los genocidas de la Fuerza Aérea Argentina y de otras fuerzas de seguridad en la Causa Penal por delitos de lesa humanidad y genocidio Nº 7.273/06 en el área de la Subzona 16, entre muchas otras Causas.
Denunciante en 2011 ante la Justicia Federal argentina del gobierno norteamericano cómplice de los genocidas civiles y militares que desaparecieron y asesinaron a mi padre en 1978.
El primero en el mundo entero, como activista de derechos humanos, en accionar penalmente contra el oligopolio estadounidense destructor de memoria argentina "Google, Inc.", entre otros hechos, por perseguir y espiar ilegalmente ciudadanos dentro de su plataforma "You Tube".

LA VIOLENCIA EN TU CASA TERMINA CUANDO ENCONTRÁS COMO ESCAPARTE





(...) "Y si estoy cansado de gritarteeeee..." (...)

"Rasguña las piedras"



Algunos sabemos muy bien que pasa, tuvimos diferentes parejas por años, sabemos que está pasando. Que las normas las hagan los que saben que le va a pasar a la mayoría y no de parte de personas con matrimonios arreglados de 40 años de duración.



Nene: la violencia en el hogar es algo mas que un cartel en la interne de color violeta... Ni siquiera la presidenta sabe realmente lo que violencia continua en un hogar decada y media... Ni siquiera un Nobel de la Paz -menos, obvio- o la maxima autoridad que hubiere en Derechos Humanos en la Argentina sabe lo que es eso.

Como nadie sabe lo que es pelear por un hijo desde la condiciones en que yo peleo por el mio... ¿No te das cuenta, verdad? Ni siquiera mi padre podria enseñarme nada a mi, a estas alturas... ¿No te das cuenta?

YA SE QUE EL 137 NO CONTESTA, yo ya publiqué sobre eso, e incluso probé como de varios intentos de comunicarme ninguno dio resultado. A pesar de eso, sería bueno que quienes intentan comunicarse con ese número, graben o archiven todo resultado fallido.


Comision Hermanos de  H.I.J.O.S.

Nueva dirección web de Madres Línea Fundadora

Listado alfabético de apropiadores genocidas civiles, militares y cómplices - período 1976 - 1983

-Letras A - B

-Letras C - D

-Letra F

-Letra G

-Letras H - L

-Letras M - O

-Letras P - R

-Letras S - U

-Letras V - Z

Aproximadamente entre el 14 y el 15% de este listado ya está condenado.

Máximos responsables como Videla (condenado hoy a perpetua en cárcel común efectiva - 2da condena), Bignone o Menéndez (va por la 5ta condena a perpetua consecutiva) terminan sus días en cárcel común.

Actualizando...

Te quiero mucho.



Jésica y yo ya estamos juntos hace muchos meses, en "Google +", en "Pinterest", etc.; mirá: https://plus.google.com/u/0/circles/nuestra-familia-p6f2ef4f389ce4101
Respiramos juntos, roncamos juntos, tomamos "Coca - Cola" juntos, hacemos pis y caca juntos; VOS LA PERDISTE.

¿La ensaimada es lo mismo que el pan danés?

http://3.bp.blogspot.com/_vi8DXsihVLw/SXmP9LlfWEI/AAAAAAAAAjo/o_SS1E9kC0g/s400/ensaimada+003.JPG


http://i345.photobucket.com/albums/p391/therooter/9gaah3.jpg
No entres.


Además advertimos acerca de esta página: NO ENTRES http://www.partidopirata.com.ar/

Compra un pin CHE, no seas botón!

Compra un pin CHE, no seas botón!

Compra un pin CHE, no seas botón!

No es "Compra un pin CHE, no seas botón!"

Es, queridos HIJOS: ¡Comprá un pin Che, no seas botón!

Está todo bien: "Vos me dijiste tal cosa...", acepto eso.

Niñas y niños asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador

-http://www.memoriayverdad.org/peques.html

-http://www.fmln.org.sv/

La nota no aparece por ningún lado: pero... lo que pude informame es que en el Archivo Nacional de la Memoria de la República de El Salvador, hallaron que había escondites ocultos en los que encontraron fichas y otros documentos, (como las de la DIPBA), sobre los centenares de miles de víctimas que dejó el conflicto armado en ese país centroamericano.

Sahara Libre - 4 minutos sobre la represión marroquí y la complicidad de la ONU



El Frente Polisario es la organización política que representa los intereses del pueblo saharaui. Es integrante de la Internacional Socialista.

Recapturamos al chacal y genocida Juan Wolk



Querida Hebe: Se me fue la mano con la maza y media pierna del genocida va volando por los aires rumbo a los bosques donde el fauno medra.

-"Recapturaron a Juan Wolk" (comunicado oficial de Abuelas)

La leyenda cuenta esto: Juan Wolk se escapó, hubo una chica (Clara Petrakos), hija de desaparecidos, quien ya había alertado sobre lo peligroso que era. Nosotros en la Fundación decidimos actuar y ofrecer una recompensa propia por su re-captura ¿y qué ocurrió?: LO AGARRARON OTRA VEZ.