ESCOPETAZOS Y SHOW MACABRO, FORMULA DE LA SEGURIDAD BONAERENSE - Por la espalda

Imagen: Jorge Larrosa

ESCOPETAZOS Y SHOW MACABRO, FORMULA DE LA SEGURIDAD BONAERENSE

Por la espalda

El descontrol policial y la demonización de los menores son los pilares de la gestión del ministro Ricardo Casal. La consecuencia es la nueva operación masacre en José León Suárez contra aquellos que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo. El show del horror en torno de Jorge Julio López, desaparecido en 2007, distrajo la atención (y los recursos necesarios) para la búsqueda de Luciano Arruga, secuestrado por la bonaerense durante la gestión de Casal y Scioli.

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Horacio Verbitsky

El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.

A tiros

La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que “los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone “la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas” y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, “deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. “Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida”, explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía “dejó que robaran el tren por una hora” pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, “el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira”. En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.

Excavaciones

Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.

La cortadora de césped

Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman “la cortadora de césped”, por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: “Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer”, dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: “Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales”. Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, “hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos”. Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería. (Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna).

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-161811-2011-02-06.html

Enlaces

-“Los mataron porque sí, sin razón”

UN FALLO JUDICIAL DEMUESTRA QUE LA BONAERENSE HABIA ARMADO UNA CAUSA A QUIEN LA DENUNCIABA - La mejor prueba es la falta de pruebas

La comisaría 6ª, brazo investigador de la Justicia, detiene a un adolescente por el asalto al comerciante.

Imagen: Gentileza diario El Dia

UN FALLO JUDICIAL DEMUESTRA QUE LA BONAERENSE HABIA ARMADO UNA CAUSA A QUIEN LA DENUNCIABA

La mejor prueba es la falta de pruebas

Un adolescente había denunciado a la comisaría 6ª de Tolosa por torturas. Tres meses después lo acusaron de balear a un comerciante en un asalto. Ahora el joven fue liberado por falta de pruebas. Es la misma comisaría que interviene en el caso Esquivel.

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Horacio Cecchi

Como había anticipado este diario hace poco más de diez días, acusar por un crimen es un buen método para neutralizar a un denunciante. Esto, que en cualquier film resultaría un guión previsible, en la vida real aparece increíble y si se trata de un adolescente con el sayo de delincuente, creer en que el acusado es la víctima se torna prácticamente inadmisible. El adolescente en cuestión, que había denunciado en octubre pasado haber sido torturado en la comisaría 6ª de Tolosa, La Plata, fue acusado de balear a un comerciante durante un asalto ocurrido el 3 de enero. La versión que lo ubicó en primerísimo lugar (como acusado del asalto) fue de la misma comisaría 6ª que, por esos raros efectos de la construcción mediática, quedó instalada como víctima. El adolescente, por recomendación de su defensor, se presentó y quedó detenido. El 8 de enero, este diario dio cuenta del cambio de roles ocurrido. Casi veinte días más tarde, el fiscal que investigaba el asalto dejó en libertad al joven por falta de mérito, lo que es decir ausencia de pruebas. Lejos del sánscrito jurídico, la ausencia de pruebas apunta a que la causa fue armada por la Bonaerense. Habrá que esperar si la Justicia ahora avanza tan rápidamente en las dos causas remanentes: la denuncia por torturas y una que automáticamente debería haber abierto, la del fraguado de causas.

El caso, valga decir, quedó sumergido bajo la polémica cíclica sobre la baja de la edad de punibilidad de los adolescentes marginados, desatada tras el asesinato del vecino Fabián Esquivel. Tan sumergido quedó bajo el clamor de una parte de la sociedad, que no dio para enterarse de que ambos casos tenían dos denominadores en común: adolescentes acusados y detenidos, y una misma comisaría, la 6ª de Tolosa, como brazo ejecutor de la Justicia, esto es, curiosa aportadora de pruebas que, por ahora en un caso, ya quedó demostrado que no existen.

El adolescente denunciante había denunciado a principios de octubre, que el día 5 de ese mes había sido prácticamente secuestrado por uniformados de la comisaría 6ª, que lo arrancaron de la casa de un amigo y lo trasladaron a la misma seccional. En la vereda, esposado, lo molieron a patadas entre los uniformados de cuatro patrulleros, unos ocho policías, que ya se habían amontonado para investigar sobre quién se trataba esta vez. Después, en su denuncia, el joven dijo que lo llevaron hacia el río, donde lo amenazaron de muerte para luego trasladarlo a la comisaría. Allí, según su denuncia, lo patearon entre 15 y 20 uniformados. “Uno me saca el cinturón y me da cintazos con la hebilla en mi espalda. Me salía sangre del oído y la boca, después me sientan en una silla fuera del calabozo, con las manos esposadas atrás, me ponen una bolsa en la cabeza, me quieren asfixiar, me golpean con las culatas, durante más o menos una hora. Me sacaban y me ponían la bolsa. Como no quería firmar el papel de resistencia a la autoridad (porque claro, a esa hora, ya se comprendía que la detención debía tener alguna argumentación oficial) me metieron la cabeza en un tanque de agua podrida. Y así durante media hora hasta que firmé.”

El recorrido no terminó allí. A la noche, después de amenazarlo con la verosimilitud que tiene una amenaza de un representante del Estado, armado, y con el poder de devolverlo al mismo lugar en el que había pasado semejante experiencia, fue liberado, lo que a esa altura hacía rato que era un eufemismo. Con una causa más para informar a la sociedad sobre su peligrosidad, “resistencia a la autoridad”. Aterrado, se ocultó en la casa de un conocido y al día siguiente, acompañado por Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura, y Julián Axat, defensor oficial 16 del fuero juvenil, se presentó ante la Justicia para denunciar a los policías de la comisaría 6ª por torturas, apremios y vejaciones. El fiscal que tomó la denuncia, Fernando Cartasegna, modificó la carátula por “severidades”, quitando un par de décadas a las posibles condenas.

Luego de diferencias con la representación del denunciante, pidió excusarse, lo que le fue impedido por sus superiores. Cinco días después, el 4 de enero, un testigo de identidad reservada aportado por la comisaría 6ª denunciaba al joven torturado como participante en el asalto en el que fue baleado un comerciante. Intervino otro fiscal. El 26 de enero fue liberado por ausencia de pruebas, lo que confirmaba que le habían armado una causa. Libertad que implica un nuevo problema: evitar quedar transformado en una prueba baleada durante un tiroteo con la 6ª. Una semana antes del eufemismo libertario, la misma comisaría 6ª intervenía en la “resolución” de otro caso, el de Fabián Esquivel, y desataba la polémica. Sobre los adolescentes.

http://horaciocecchi.wordpress.com

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161584-2011-02-02.html

ENTREVISTA A VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA - “La causa de Luciano es una lucha simbólica”

Imagen: Daniel Dabove

ENTREVISTA A VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA

“La causa de Luciano es una lucha simbólica”

Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Adriana Meyer

Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”. En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.

–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?

–Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.

–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.

–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.

–¿Qué los une?

–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.

–¿En la causa no hay ningún resultado?

–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.

–¿Así quedó su familia?

–No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.

–¿Hubo testigos amenazados?

–Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.

–¿Y los testigos clave?

–Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.

–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?

–Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.

–¿Cuándo tuvieron la información contraria?

–A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.

–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?

–Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.

–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?

–Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.

–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?

–No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.

–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?

–Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.

Luciano con su mamá, Mónica Alegre.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161521-2011-02-01.html