En los próximos días, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza se declarará incompetente en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura cívico-militar. Miradas al Sur está en condiciones de adelantar que el magistrado dará lugar así a la petición realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, quienes el 28 de abril pasado dictaminaron que “la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad”, y que “la ejecución y consumación de esas acciones tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por esta última razón, los fiscales pidieron al juez que declinara la competencia territorial de su juzgado en favor de la Justicia federal porteña.
Según pudo saber Miradas al Sur –que tuvo acceso al texto completo del dictamen de la Fiscalía–, la causa podría volver a manos del juez federal Daniel Rafecas, quien se había declarado incompetente a mediados del año pasado, o bien quedar radicada en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, que en julio de 2010 también recibió una denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa, en este caso realizada por el abogado Antonio Liurgo.
Hasta el momento, en la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el dictador Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; el ex secretario de Industria, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. El escrito de los fiscales Molina y Schapiro es un duro golpe para los acusados, cuyos abogados podrán todavía apelar la declaración de incompetencia de Corazza ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Por su parte, fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adelantaron a Miradas al Sur que la querella del Estado no apelará.
Revés por partida doble. El dictamen de la Unidad Fiscal –que tomó como propios varios de los planteos de la querella del Estado– derriba dos puntos clave de la estrategia defensiva de los apropiadores de Papel Prensa.
En primer lugar, al calificar la apropiación de la empresa como un presunto “delito de lesa humanidad” la define como un crimen judicialmente imprescriptible. Por lo tanto, la defensa no podrá escudarse en el tiempo transcurrido para pedir que se cierre la causa.
En este sentido, los fiscales concluyen que “el conjunto de maniobras cuya autoría se atribuye a integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y/o representantes de las empresas denunciadas en autos, podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos”. En buen romance, la Fiscalía sospecha que los dueños de Clarín, La Nación y La Razón participaron de una asociación ilícita con los dictadores para despojar al Grupo Graiver de las acciones de Papel Prensa utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.
En segundo lugar, al pedirle al juez Arnaldo Corazza que decline la competencia territorial de su Juzgado en favor de la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fiscalía echa por tierra el argumento más fuerte de la defensa: que los integrantes del Grupo Graiver les vendieron las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón en noviembre de 1976, es decir antes de ser secuestrados y torturados por los grupos de tareas del terrorismo de Estado, entre marzo y abril de 1977. Por lo tanto, sostienen los abogados de los imputados, la compra de Papel Prensa fue legítima y nada tuvo que ver con la detención ilegal de los Graiver y sus colaboradores.
En su dictamen, los fiscales Molina y Schapiro concluyen que “la ejecución y consumación de las referidas acciones presuntamente extorsivas tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Se trata de una cuestión fundamental para definir no sólo dónde sino cuándo se cometió el delito. Luego de ser amenazados y presionados tanto por emisarios del Estado terrorista como por los dueños de los tres diarios, Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover firmaron la transferencia de sus acciones de Papel Prensa en favor de Fapel –un sello de goma creado por los tres diarios para concretar el despojo– la noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas del diario La Nación, en la Capital Federal. Lidia Papaleo terminó de firmar el último documento relativo a la operación a principios de marzo de 1977. Al día siguiente, ella y varios integrantes del Grupo Graiver fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco y luego al Pozo de Banfield, ambos ubicados en el Conurbano Bonaerense, donde permanecieron detenidos ilegalmente y fueron torturados de manera reiterada.
Para los fiscales, Corazza no tiene competencia territorial sobre la apropiación de Papel Prensa porque ese delito no se concretó en los centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires (en cuyo caso, el juzgado federal platense de Corazza sí tendría competencia) sino que todas las acciones que llevaron al despojo, y el despojo mismo, tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, donde los Graiver, sus socios y allegados –antes de ser secuestrados– fueron amenazados, presionados y atemorizados para que vendieran las acciones de Papel Prensa a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón.
En otras palabras, el dictamen de los fiscales –sostenido por las pruebas y declaraciones testimoniales reunidas– pone al descubierto la maniobra con que se intentó disfrazar al despojo de Papel Prensa como una operación legal: los dictadores y los propietarios de los tres diarios utilizaron el terror estatal para obligar a los propietarios de la empresa a ceder sus acciones bajo amenaza de muerte. En apariencia, se trató de una operación legítima concretada mientras estaban en libertad, pero en realidad no les quedaba otra alternativa que firmar o morir. Una vez firmado el último papel, entonces sí, fueron secuestrados. La conclusión de la Unidad Fiscal es que todo formó parte del mismo plan.
El ADN de Marcela y Felipe. En el caso de la viuda de Noble, el revés judicial sufrido por el dictamen de la Unidad Fiscal para delitos de lesa humanidad de La Plata en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa se suma a que a sus abogados se les están agotando las chicanas para frenar la extracción compulsivo de ADN a los dos jóvenes que adoptó irregularmente durante la dictadura. Antes de fin de mes, la Cámara de Casación deberá confirmar o no el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que ordenó –en sintonía con la jueza Sandra Arroyo Salgado– la realización de los exámenes o hacer lugar a la enésima apelación presentada por la defensa de la viuda y los abogados que representan a Felipe y Marcela.
Más allá de la resolución de Casación –que, se espera, confirme la resolución de la Cámara–, la llamada Causa Noble Herrera está entrando en una inevitable recta final hacia el esclarecimiento de la verdadera identidad de los dos jóvenes. En caso de confirmarse que son hijos de desaparecidos, Ernestina quedaría imputada por otro delito de lesa humanidad.
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