ECOS DE LA CAUSA BRUSA: RESUELVEN PROCESAMIENTOS - La siniestra cuarta

Ricardo Ferreyra fue indagado la semana pasada, y se le concedió el arresto domiciliario.

ECOS DE LA CAUSA BRUSA: RESUELVEN PROCESAMIENTOS

La siniestra cuarta

El ex comisario Ricardo Ferreyra dirigió la comisaría de
Santa Fe donde funcionó un emblemático centro clandestino de
detención. Está acusado de secuestros y tormentos agravados.

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Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, deberá resolver en los próximos días la situación procesal de siete imputados por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, entre ellos el último detenido: el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra, a quien la semana pasada le concedió el arresto domiciliario tras indagarlo por "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "asociación ilícita". La investigación es una secuela del juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías condenados a fines de 2009 por el Tribunal Oral a penas que oscilan entre 23 y 19 años de cárcel, por lo que la mayoría de los acusados son los mismos: Brusa, los comisarios Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex agente de inteligencia del D 2, Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aevis, aunque ahora se agregaron dos más: el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto Diab y el comisario Ferreyra. El doctor Vera Barros interviene porque no lo pueden hacer sus dos colegas de Santa Fe: Reinaldo Rodríguez (juez federal Nº1), apartado en su momento del proceso, y Francisco Miño (juez federal Nº 2), por su amistad con Brusa. En la causa se investiga un eslabón clave en el circuito represivo de Santa Fe: la comisaría 4ª, por secuestros y torturas que sufrieron detenidos políticos, pero ya en 1977, cuando Ferreyra había reemplazado en la jefatura del centro clandestino a su colega, el comisario Mario Facino, quien ocupó el cargo hasta fines de 1976. Facino ya fue condenado dos veces por el Tribunal Oral de Santa Fe: en el juicio a Brusa, a 20 años de prisión y el 13 de agosto último, a 23 años de cárcel por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976, en la comisaría 4ª.

Otro de los hechos que están bajo la lupa es un secreto que Perizzotti confesó en el juicio a Brusa, cuando dijo que el teniente coronel Diab le entregó a diez militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) que estaban secuestradas en un centro clandestino conocido como "La casita", y que luego él trasladó hasta la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). "Perizzotti sostuvo que en presencia de Diab escoltó desde la ciudad de Santo Tomé hasta la GIR a un grupo de diez mujeres trasladadas en un camión (del Servicio Penitenciario de la provincia), una noche de marzo de 1977. Ofreció precisiones sobre el recorrido realizado e indicó que todas las víctimas estaban con los ojos vendados y esposadas o con las manos atadas", recuerda el requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal. "La casita" era un chupadero que nunca fue encontrado en 35 años de investigaciones judiciales y de búsqueda de las víctimas.

Las indagatorias se realizaron hace dos semanas. El 14 de febrero, el juez Vera Barros indagó a Diab y a Perizzotti; al día siguiente, a Colombini y a Aebi; el 16 de febrero, a Brusa y Ramos y el 17 de febrero, a Ferreyra. Pero todos se negaron a declarar. Al comisario Ferreyra, además reprocharle cuatro casos de "privación ilegítima de la libertad2 y "tormentos agravados" en perjuicio de otros tantos detenidos políticos (Daniel Gatti, Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Vilma Raquel Juárez), el juez le imputó "asociación ilícita".

*El teniente coronel Diab fue imputado como coautor de la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" sufridos por once víctimas: las diez mujeres que trasladó desde La casita (Hilda Benavides, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif, Patricia Traba, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Stella Vallejos y Vilma Raquel Juárez), más Daniel Gatti, secuestrado el mismo día que sus compañeras, el 23 de marzo de 1977, y que también pasó por el mismo centro clandestino.

*El comisario Perizzotti debió responder sobre los mismos cargos: "privación ilegal de la libertad" y "tormentos", pero en siete casos: seis de las diez militantes de la JUP que trasladó desde Santo Tomé (Benavides, Caminos, Aguirre, Miño, Abdolatif y Juárez), más Gatti.

*Brusa está imputado por "apremios ilegales" en dos casos. Era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe cuando "en tal carácter -dice el dictamen fiscal , interrogó a Vilma Raquel Juárez haciéndose pasar por juez, junto con dos personas vestidas de militares, mostrándole fotos de personas para que reconozca y realizándole falsas imputaciones, bajo amenazas de que estaba en juego su vida. En el caso de Daniel Osvaldo Gatti, Brusa se presentó en la cárcel de Coronda como secretario del Juzgado Federal con una declaración ya escrita para que firme el mencionado, bajo amenazas de volver a la comisaría Cuarta donde había sido torturado y aplicando golpes sobre la mesa".

*Eduardo Ramos, María Eva Aebi están acusados por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en siete casos y Héctor Romero Colombini por los mismos delitos en ocho casos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-27720-2011-03-07.html

Hacerme feriante - documental sobre la feria de La Salada

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Enlaces

-"Norma Arrostito, Gaby la montonera"

Ben, la rata asesina, la Pelicula de 1972 - En memoria de Michael Jackson

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Fuente: http://www.youtube.com/user/lenapark707#p/search/2/4k-QxWTBMbE


Enlaces

-Willard, La Revolucion de las Ratas. Ben, la rata asesina

URUGUAY - Las FF.AA. donde están

URUGUAY

Las FF.AA. donde están

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El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, rechazó una propuesta de un senador oficialista para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la delincuencia en barrios marginales, aunque no descartó la actuación militar en casos excepcionales. El ministro sostuvo que “si hay una situación puntual de emergencia, se pueden hacer muchas cosas”, pero dijo negarse a aplicar lo que consideró “un sistema” en la lucha contra el delito, propuesto por el senador Jorge Saravia, del Frente Amplio. Saravia anunció que prepara un proyecto de ley para habilitar a las Fuerzas Armadas a participar en la lucha contra el narcotráfico y el abigeato y para controlar algunos asentamientos que a su entender fueron tomados por el crimen organizado. “Cuando aparece un problema, plantear medidas desproporcionadas amplifica el problema”, advirtió Bonomi, y agregó que “tenemos un presupuesto que tiene previsto determinadas cosas, hay que utilizarlo ahora”. Sin embargo, consideró que “se puede hacer algo como excepción, como pasó en Brasil, como puede pasar en una catástrofe o en un problema de seguridad”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-163687-2011-03-08.html

BRASIL - La presión de los militares para ocultar el pasado

12:43 › BRASIL

La presión de los militares para ocultar el pasado

El diario O'Globo difundió una nota elevada por la cúpula militar al ministro de Defensa, Nelson Jobim, con críticas al proyecto de crear una Comisión de la Verdad para investigar crímenes practicados durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985. La iniciativa, resistida desde el mandato del ex presidente Lula Da Silva, tomó mayor impulso con la asunción de la presidenta Dilma Rousseff. Los militares sostienen que la propuesta hará abrirse "una herida en la amalgama nacional" y exigen modificar el proyecto para que también se investiguen "actos de terrorismo".

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El texto, según el diario O'Globo, fue elevado a Jobim en diciembre, semanas antes de la toma de posesión de Dilma Rousseff, sostiene que investigar los crímenes practicados contra opositores de la dictadura "no contribuye a la paz nacional", y "ya no tiene sentido".

"Han pasado casi 30 años del fin del gobierno llamado militar y muchas personas que vivieron aquel período ya fallecieron; testigos, documentos y pruebas prácticamente se perdieron en el tiempo, es improbable que se pueda realmente llegar a la verdad de los hechos", dice la carta.

Según "O Globo", los militares pretenden proponer cambios en el texto del proyecto de creación de la Comisión de la Verdad que se tramita en el Congreso. Entre otras cosas, las Fuerzas Armadas desean que las investigaciones también estén dirigidas a "actos de terrorismo" y a los asesinatos de militantes considerados como "traidores" por las organizaciones de izquierda.

Los militares resaltaron que en Brasil el régimen militar "no fue derribado por las fuerzas políticas", sino que realizó "un proceso gradual de transición y devolución del poder a los civiles, promoviendo una verdadera reconciliación nacional" en el país.

Además, sostienen que, gracias a esta transición, Brasil logró superar los traumas de la dictadura, a diferencia de otros países "que hasta hoy viven consecuencias negativas de períodos históricos similares", una referencia que ha sido interpretada como una alusión a Argentina, Chile y Uruguay, donde se han investigado los crímenes practicados durante el período dictatorial.

La carta reconoce que las familias de los desaparecidos políticos durante los "años de plomo" tienen el derecho "legítimo" e "incuestionable" de conocer su paradero, pero advierte que "no tiene cabida aprovechar una causa noble para promover represalias políticas y mantener viva una cuestión superada".

La creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura está entre los proyectos prioritarios de la ministra jefa de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, María do Rosario Nunes, quien sostuvo que "es más que hora" de que se revele todo sobre las violaciones practicadas en esa época.

En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado brasileño por no informar sobre el paradero de 62 militantes izquierdistas desaparecidos durante la represión del movimiento armado contra la dictadura que estalló en la década del 70 en la región amazónica de Araguaia.

En un reportaje reciente, el diario brasileño "Folha de Sao Paulo" reveló que Dilma Rousseff pretende negociar con los militares un acuerdo para revelar la verdad sobre las muertes de unos 400 opositores políticos y la desaparición de más de un centenar de otros durante la dictadura, como forma de "dar una respuesta oficial del Estado brasileño a los familiares de los muertos y desaparecidos".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-163781-2011-03-09.html

CASO NOBLE HERRERA - Los pasos para llegar a la identidad

12:09 › CASO NOBLE HERRERA

Los pasos para llegar a la identidad

Los abogados de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y los querellantes en la causa que investiga si fueron apropiados en la última dictadura militar expondrán mañana ante la Cámara Federal de San Martín, en la última instancia antes de que el tribunal de apelaciones resuelva si ratifica la orden de someter a Marcela y Felipe a una extracción compulsiva de sangre.

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En la audiencia convocada por la sala II del tribunal de apelaciones expondrán de manera oral los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera en primer término para justificar la negativa de ambos a someterse a la extracción de sangre o saliva ordenada en diciembre pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Esta medida debía cumplirse el 23 de diciembre en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand pero se suspendió a raíz de la apelación de los abogados, que ahora llegó a la Cámara.

Tras escuchar los argumentos, será el turno del abogado Alan Iud, por Abuelas de Plaza de Mayo, y de Pablo Llonto, en representación de dos familias querellantes en la causa, quienes insistirán en la necesidad de instrumentar de inmediato la medida ordenada por Arroyo Salgado.

Tras escuchar los argumentos, la Cámara podrá resolver ese mismo día o fijar fecha para dar a conocer su fallo, que de todas maneras se descuenta será apelado y llegaría a la Cámara Nacional de Casación Penal, como pasó con otras decisiones en la causa.

Los camaristas analizarán la decisión de Arroyo Salgado, quien había ordenado a ambos hermanos presentarse el 23 de diciembre pasado en el en Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand para en caso de negarse a una extracción voluntaria, someterse a una toma compulsiva de sangre.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-163780-2011-03-09.html

DENUNCIAN A UN JUEZ BAHIENSE POR “INTROMISION” EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS - Una ayudita durante la feria judicial

El fiscal Abel Córdoba estimó que el juez se inmiscuyó en la causa y vulneró pautas constitucionales.

DENUNCIAN A UN JUEZ BAHIENSE POR “INTROMISION” EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

Una ayudita durante la feria judicial

El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura.

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Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Informe: Gabriel Morini.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163728-2011-03-09.html

Enlaces

-La sentencia de Miret

Serie: "¿Y vos qué estabas mirando nene?": "El verso" con Beto Brandoni, Virginia Lago y elenco

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El verso parte 2 6-3-2011 from Tabomia on Vimeo.

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El verso parte 3 3-2011 from Tabomia on Vimeo.

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El verso parte 4 3-2011 from Tabomia on Vimeo.

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Morales Solá, obligado, al llano

Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011

Por

Daniel Cecchini

decchini@miradasalsur.com

Morales Solá con Bussi. Dijo que ya no vivía en Tucumán y que no conocía al genocida.

Después de tres meses de sugestivo silencio, y tras declarar ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá utilizó por primera vez las páginas del diario en el que escribe para referirse públicamente a la fotografía publicada por Miradas al Sur el 5 de diciembre del año pasado, donde se lo ve junto con el genocida Adel Vilas, jefe de la Operación Independencia (tal su verdadero nombre), en un lugar que dos fuentes consultadas en su momento por este dominical identificaron como el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita de Famaillá. La declaración de Morales Solá ante la jueza porteña –a quien también entregó un escrito– se debió a una citación del juez federal de Tucumán Daniel Bejas para interrogarlo sobre su presencia en el lugar y sus relaciones con los jefes del operativo represivo en esa provincia durante 1975 y 1976.
En la nota de La Nación –publicada sin su firma para poder referirse a sí mismo en tercera persona–, Morales Solá dice que la citación forma parte de “una campaña de desprestigio profesional y de persecución personal por parte de la ex Side, de funcionarios del gobierno y de medios de comunicación público y privados financiados por el Estado”.

Quemá esas fotos I. Es la primera de una larga serie de mentiras e inexactitudes que contiene el artículo. La foto en cuestión (que se reproduce en esta página) fue obtenida por Miradas al Sur a través de un periodista que, en su momento, integró un grupo de colegas tucumanos que colaboró con el director de este dominical, Eduardo Anguita, y con Alberto Elizalde Leal en la producción del documental El azúcar y la sangre. Algunos de ellos son Marcos Taire, Ramiro Rearte, el corresponsal de Clarín en Tucumán, Rubén Elsinger, y el secretario del Sindicato de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. No hubo nadie de los servicios de informaciones ni del gobierno que colaborara con la investigación ni del documental en su momento ni ahora con lo publicado por este dominical. Ambos trabajos periodísticos son parte de la recuperación de la dignidad y la memoria.
A continuación, la nota publicada en La Nación incurre en una falacia interesada. Dice que se trata de una “fotografía tomada en plena democracia en la que Morales Solá aparece como periodista en una actividad de Vilas”. A fines de 1975 –cuando fue fotografiado junto al jefe de la Operación Independencia–, Tucumán distaba de ser un lugar donde reinaba la “plena democracia”. Territorio de prueba para el plan sistemático de exterminio que la dictadura ensancharía a todo el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la represión ilegal y los campos de concentración eran parte de la realidad cotidiana de la provincia. Con la excusa de “combatir” a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en los montes, el Ejército había desplegado 5.000 efectivos en el territorio provincial. Un número desproporcionado, si se tiene en cuenta que la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP –el enemigo a combatir en los montes tucumanos– nunca contó con más de 90 guerrilleros. El grueso de las tropas comandadas por Vilas no combatió a la guerrilla, sino que sembró el terror generalizado en toda la provincia mediante detenciones ilegales, torturas, ejecuciones fraguadas como enfrentamientos y la persecución constante de cualquiera que fuera sospechoso de disidencia.
Pero Morales Solá se contradice a sí mismo. No se entiende que diga que la fotografía fue tomada en “plena democracia” si en el mismo artículo asegura que la de Vilas en Tucumán fue una “gestión criminal”. No la calificaba así en 1975, cuando en las páginas de La Gaceta de Tucumán –donde por entonces trabajaba– ni en las de Clarín –diario del que era corresponsal– escribía sobre la represión: “Han pasado ya 36 semanas, el tiempo de una gestación. (La Operación Independencia es) el primer síntoma de que las Fuerzas Armadas adoptaban una posición ofensiva frente a la intolerancia ideológica (…). La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios.”
El artículo de La Nación dice también que “Morales Solá le dijo a la jueza que la foto publicada por Miradas al Sur nunca fue publicada por La Gaceta, pero sí estaba en sus archivos”. “Esa foto fue robada de esos archivos”, dice la nota que Morales Solá le aseguró a Servini de Cubría, a quien le entregó también “una copia original de la foto”. No se entiende nada: si la foto fue robada, de dónde sacó Morales Solá una copia original para llevar al juzgado.

Quemá esas fotos II. No es la primera vez que una fotografía le juega una mala pasada a la historia oficial que Morales Solá intenta escribir sobre sí mismo. Hace unos años, otra toma desmintió una versión que el periodista siempre había sostenido: que nunca había conocido personalmente al genocida Domingo Bussi, primer gobernador de la provincia durante la dictadura, porque en 1976 ya no vivía en Tucumán, sino que se había radicado en Buenos Aires. El columnista de La Nación sostuvo esa historia hasta 2003, cuando volvió a salir a la luz una vieja edición de La Gaceta de Tucumán. Allí, en la página 5 del diario del 8 de junio de 1976, la nota titulada “El gobernador Bussi agasajó al periodismo” está engalanada por una clarísima fotografía a cuatro columnas que muestra al genocida acompañado de funcionarios y periodistas, entre los que se destaca la presencia (segundo a la izquierda de la foto, con una mano llevada pensativamente al mentón) de… ¡Vaya! ¡Joaquín Morales Solá!
No se trató de la presencia casual de un periodista enviado desde Buenos Aires. Varios periodistas tucumanos, entre ellos Marcos Taire, confirmaron que en marzo de ese año Morales Solá participó de un monumental asado ofrecido por Bussi, al cabo del cual el genocida le regaló a cada uno de los asistentes un pergamino en el que les agradecía su “colaboración en la lucha contra la subversión”.
Unos días después, más precisamente el 23 de abril de 1976, Morales Solá escribió la nota de tapa de La Gaceta donde saludó la designación de Bussi como gobernador de Tucumán. Del hombre que luego dijo no conocer, por entonces aseguraba: “El general conoce el ámbito local y no ignora las necesidades y las urgencias de la provincia”.
Hasta que la “aparición” de esa foto y esas notas lo desmintieron sin lugar a dudas, Morales Solá había sostenido que en 1976 se había ido de Tucumán, amenazado por la Triple A. Lo de las amenazas lo reflotó esta semana ante la jueza Servini de Cubría y lo reafirmó en la nota de La Nación: “Dijo –escribió Morales Solá sobre su propia declaración– que existía un antecedente en sede judicial sobre esa amenaza porque el periodista Ricardo Kirschbaum (N. de la R.: Clarín editor general de Clarín) recordó el año pasado, como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Antonio Domingo Bussi, que ambos estaban incluidos en la misma lista de amenazados”.
Lo que Morales Solá olvidó decirle a la jueza –y omitió escribir en su artículo de La Nación– es que Marcos Taire, en aquellos tiempos secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Tucumán, ha desmentido pública y reiteradamente esa parte de su historia oficial: “Yo estuve en el Sindicato hasta abril de 1976. Teníamos un registro de todos los periodistas amenazados, y Morales Solá nunca figuró en él. A él nunca lo amenazaron”, dijo a Miradas al Sur.
Un par de fotos, otras tantas publicaciones de época y más de un testimonio obligaron a Joaquín Morales Solá a bajar al llano… aunque todavía pretenda sostener su imagen subido a las marmóreas columnas de La Nación.

http://sur.elargentino.com/notas/morales-sola-obligado-al-llano

"Acceso igualitario a la información": La Presidenta destacó la importancia del nuevo programa “Deportes para Todos”

Cristina Fernández y Guillermo Vilas durante el acto en Casa Rosada

La iniciativa permitirá ver por televisión abierta todas las disciplinas deportivas

Cristina Fernández destacó el lugar de “vanguardia” que ocupa la Argentina en el mundo con sus políticas de acceso igualitario a la información, como la Ley de Medios, y también con la decisión, a través del programa Deportes para Todos, de transmitir por los canales de aire gratuitos los eventos deportivos.

"Esto no es un acuerdo entre el gobierno y las empresas, sino con el pueblo argentino, para que todos los ciudadanos tengan el derecho de acceder a los eventos de cultura popular a través de los canales gratuitos de aire", dijo la Presidenta en un acto que encabezó en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno.

La decisión de televisar en forma gratuita a través de los canales de aire los eventos deportivos de todas las disciplinas, que fue anunciada por la mandataria como "Deportes para Todos", tiene como antecedente "Fútbol para Todos", que se implementó en febrero del 2010, en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

"La ley de Medios fue la que permitió todo esto. Mucho se hablaba en Argentina de libertad de prensa, pero poco del derecho que tiene los ciudadanos de a pie a acceder a la información y de expresarse, y ese es el gran valor a custodiar", advirtió la jefa de Estado.

Recordó que el contrato entre la AFA y los medios privados duró 20 años (desde 1991) y que mientras en ese momento en el país se hablaba de "modernidad", había chicos que no podían ver en la televisión de su casa el partido de su equipo favorito y "tenían que ir a la estación de servicio o a algún bar para hacerlo".

"Me siento feliz, porque se suma Deportes para Todos a Fútbol para Todos, cosas tan simples pero que parece mentira que no podían hacerse en Argentina", reflexionó. Dijo también que "hay que distinguir los negocios de los bienes sociales" y, en este marco, abogó por "una Argentina más abierta, participativa e igualitaria", que debe ser "garantizada" por los "poderes del Estado". La mandataria destacó la presencia en la sala de futbolistas, directores técnicos, tenistas, boxeadores y boxeadoras, rugbiers, patinadoras, entrenadores y recordó al ex presidente Néstor Kirchner que, dijo, "no sólo veía a Racing, veía todo, cualquier cosa que sea 22 corriendo atrás de una pelota él lo veía".

Cristina Fernández habló del "fanatismo" deportivo como un aspecto "sociológico" que siempre le interesó y que "perfora los géneros y los distintos niveles educativos". Mencionó las "cábalas", los "cánticos" en las tribunas, y repasó su infancia haciendo mención al "fanatismo" de su padre con el boxeo, y de su mamá con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Según dijo, "son derechos que la gente tiene que disfrutar, que los hace olvidar del mundo, y eso es maravilloso".

Mariotto. En este marco agradeció a Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por su "compromiso" con la Ley de Medios, que "va más allá de lo institucional", para ser también "personal y político". "El compromiso de Gabriel con la Ley excedía su responsabilidad institucional, para inscribirse en el compromiso personal y político". Dijo también que no es fácil "bancar la presión, la difamación, y seguir adelante porque uno cree en las cosas que está haciendo".

http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=127776